Conclusiones

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La libertad de prensa en las Américas sigue jaqueada por gobiernos autoritarios e intolerantes que multiplican y reinventan su acoso al periodismo, así como por una violencia que parece no encontrar límites. Un nuevo y formidable ataque agrava aún más la deteriorada situación que se vive en materia de libertad de expresión: las presiones de los gobiernos para que empresas privadas retiren sus avisos en los medios independientes de comunicación. Hoy, en la Argentina, como ocurriera en el Perú de Alberto Fujimori, importantes avisadores retiraron por completo sus anuncios luego de que el gobierno así se los ordenara y ante el temor de sufrir represalias tributarias o de otro orden. El periodismo crítico, discriminado por el gobierno pues no recibe publicidad oficial, se enfrenta a la encrucijada de ya no poder subsistir. La SIP considera imprescindible hacer un llamado a los gobiernos que no solo declaman sino que practican las más elementales normas de una democracia republicana -libertad de expresión, división de poderes, independencia de la justicia, garantías individuales de los ciudadanos y alternancia de los partidos en el poder- sobre los peligros que entraña un mismo modus operandi de prácticas antidemocráticas que no respeta fronteras ideológicas en el hemisferio occidental, pero que se desarrolla especialmente en Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este comprende, fundamentalmente, a inmensos aparatos de propaganda estatales y privados creados con, entre otras cosas, el fin de difamar y atacar a periodistas, responsables de medios de comunicación, empresarios y políticos que no comulgan con el pensamiento oficial. La publicidad oficial, que crece sin disimulo y asciende a sumas millonarias, sigue siendo utilizada como método de discriminación en contra de los medios no adictos en esos países, a los que se suma también Guatemala. Los discursos oficiales se reproducen en forma idéntica: se acusa a los medios de prensa de desestabilizar y hacer oposición por el solo hecho de hacer su trabajo, que consiste en informar y opinar. Se dilatan o no se sancionan leyes que favorezcan el acceso a la información pública. Han sido aprobadas o están en vías de sancionarse leyes de prensa que dificultaran el trabajo de la presa crítica y que se inmiscuirán en los contenidos periodísticos en Ecuador, Chile, Honduras y Costa Rica. Con estas herramientas legales, como ya se probó en Argentina y Venezuela, se busca multiplicar el espacio de los medios dependientes del Estado y reducir el número de voces independientes. Todo esto contradice frontalmente aquello que todos los estados americanos se comprometieron a respetar en la Carta Democrática Interamericana firmada el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, según la cual "son elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la libertad de expresión y de prensa, la sujeción al estado de derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos". A su vez, la SIP hace un llamado a las empresas que ceden ante el chantaje de los gobiernos a que muestren un comportamiento digno y acorde con los valores de la democracia y de la libertad de expresión. La historia ha demostrado en estos casos que toda ganancia es momentánea y de corto plazo. Por otro lado, debe reportarse que en la región la violencia contra el periodismo no cesa. En México, en los últimos seis meses dos periodistas fueron asesinados y una permanece desaparecida. En Cuba, los medios y periodistas no gubernamentales son permanentemente hostigados y perseguidos arbitrariamente, mientras persiste la discriminación para dar permisos de salida del país. Y en Brasil dos hombres de prensa fueron asesinados mientras que en Perú y Colombia, crecen los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Por último, la SIP hace saber su fuerte preocupación y el más enérgico rechazo a cualquier intento de debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA que pueda producirse en la reunión de cancilleres que se realizara el próximo 22 de marzo en Washington DC.

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