Paraguay

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Negativas de las máximas autoridades a brindar información pública y demandas legales contra medios de comunicación con propósitos disuasivos o intimidatorios, así como agresiones contra periodistas, en particular en zonas de frontera, siguieron como características sobresalientes en este período. El 8 de octubre, la Cámara de Diputados, en una sesión extraordinaria, aprobó una resolución que la habilita a accionar penalmente contra las personas que brinden informes sobre los funcionarios del Poder Legislativo, en medio de una gran polémica sobre el tema. Sin embargo, el 15 de octubre en un fallo que sienta precedente jurídico sobre la materia de acceso a la información pública, la Corte Suprema de Justicia, dejó sentado que cualquier ciudadano puede tener acceso a la nómina de  funcionarios de una entidad pública, con sus respectivos salarios, ante la negativa de la Cámara de Diputados y de Senadores. La CSJ estableció que los tres poderes del Estado deben garantizar el acceso a la información. Este fallo de la CSJ sienta jurisprudencia en referencia al Art. 28 de la Constitución, incluso antes de que el mismo sea reglamentado tal como dispone la propia norma constitucional. El Parlamento previamente ocultaba a los ciudadanos y a la prensa el acceso a datos sobre la nómina de funcionarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, con sus respectivas remuneraciones, pese a que los empleados del Estado están legalmente obligados a rendir públicamente cuentas de su desempeño. La inquietud ciudadana surgió ante informaciones publicadas en la prensa del clientelismo reinante en el Congreso, debido a que los legisladores (45 senadores y 80 diputados) nombran masivamente como funcionarios a sus parientes, amigos y otros allegados, muchos de los cuales no asisten a sus funciones pero cobran salarios muchos más elevados que los normales. El titular de la Cámara de Senadores, Julio César Velázquez, y el de la Cámara de Diputados, Juan Bartolomé Ramírez, se negaron a brindar a la ciudadanía y a la prensa esta información de interés público. Al hacerlo violaron el Art. 28 de la Constitución, que señala: “Las fuentes públicas de información son libres para todos”. Varios funcionarios de la Cámara Baja, afiliados al Partido Colorado (Alianza Nacional Republicana, ANR), al Partido Liberal (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), a Unace, a Patria Querida, al Frente Guasu y a Avanza País, muchos con dobles, con triples y hasta con cuádruples afiliaciones, firmaron una nota contra la entrega de sus datos a la prensa; alegaron para ello que los ampara el Art. 33 de la Constitución Nacional, que habla del Derecho a la Intimidad. En julio se había presentado a la Cámara Baja el proyecto de reglamentación que pretende crear la figura de “información clasificada”. El proyecto estipula que las instituciones del Estado podrán decidir qué información estaría resguardada y podría, como tal, ser negada a los ciudadanos y a los medios. Este proyecto de ley, que busca regular el acceso a la información, fue presentado por el defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, y respaldado por los diputados del Partido Colorado Andrés Retamozo y Víctor González Segovia. Además, conforme a esta normativa, alegando para ello razones de “seguridad”, los ministros y los funcionarios públicos en general podrán rechazar pedidos de informes sobre viáticos, salarios y nombramientos de personal en entes estatales. Pese a que la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión, el 25 de abril, en un panel en la Universidad Nacional, el comunicador y sindicalista, Jorge Zárate, afirmó que había que regular la información promulgando una ley de medios, propuesta que incluía el programa de gobierno presentado en marzo por el Frente Guasu, agrupación liderada por el expresidente y actual senador Fernando Lugo. En mayo, el senador del Frente Guasu, Sixto Pereira, anunció que en el nuevo periodo legislativo su partido impulsará una ley para regular la información. La diputada de Avanza País Rocío Casco y la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, también declararon que promoverán una ley de medios. Sin embargo, el presidente Horacio Cartes, quien asumió el 15 de agosto, advirtió que su Gobierno no apoyará ningún proyecto en ese sentido. El comunicador y fotógrafo de la secretaría de prensa de la gobernación del Amambay, Carlos Manuel Artaza Mereles, de 46 años de edad, fue ejecutado el 24 de abril por dos sicarios en motocicleta que lo interceptaron al llegar a su casa, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil. Artaza murió durante su traslado al Centro de Emergencias Médicas de Asunción. Las primeras sospechas apuntaron a la mafia del narcotráfico, asentada en la frontera a través de poderosas organizaciones criminales de origen brasileño, pero poco después se sumó a estas la información acerca de que tanto en el programa radial de Artaza como en su programa de televisión en un canal pedrojuanino de cable se debatía sobre la realidad política en el Amambay, cuya situación es inestable y caldeada. Por otra parte, en junio un testigo incriminó en el homicidio al senador Roberto Acevedo, quien negó la acusación. El responsable de la redacción regional del diario ABC Color en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Cándido Figueredo, recibió amenazas de muerte en forma de mensajes de texto a fines de abril, después del asesinato. Denunciaron también haber recibido amenazas los periodistas Aníbal Gómez Caballero, de la FM América Holding; Santiago Benítez, Lourenso Veras, Egidio Pedra y el corresponsal de ABC Color en Curuguaty, Pablo Medina. Las amenazas a Figueredo se repitieron en julio tras la aparición de reportajes sobre los antecedentes del senador del Partido Liberal (PLRA) Roberto Acevedo publicados en ABC Color. Figueredo es considerado uno de los mayores especialistas en el tema del narcotráfico y soporta continuas amenazas de muerte, así como un constante hostigamiento difamatorio a través de Radio Amambay. También por esta radio se desató una fuerte campaña de desprestigio en contra de Aldo Zuccolillo, director de ABC Color. La periodista de la redacción regional de ABC Color en Ciudad del Este, Claudia Coronel, denunció a fines de marzo haber sido objeto de un intento de soborno por parte de un alto funcionario, de la Fundación Tesãi, dependiente de la Entidad Binacional Itaipú. En mayo, Luis Horacio Fernández, locutor de Radio Difusora Mangoré, de San Juan Bautista, Misiones, emisora radial propiedad del gobernador de Misiones, Arturo Martínez Jara (ANR), denunció que su vehículo recibió un disparo y que fueron rotos el parabrisas y el vidrio trasero. Fernández dijo estar acostumbrado a las amenazas y comunicó que ya las había recibido antes en varias ocasiones debido al programa que conduce, Sin límites ni censura, en el cual critica el abigeato en la zona y otros hechos delictivos. En mayo, un grupo de desconocidos irrumpió con armas de fuego en las oficinas de Radio Libertad FM 95.7, de San Estanislao, y amenazó a los locutores Iván Ruiz, propietario de dicha radioemisora y a Antonio Dávalos, que estaban conduciendo un programa informativo. Los periodistas obligaron a los atacantes a abandonar el lugar, pero éstos dispararon contra la casa de Dávalos, quien cree que el atentado se debió a que se da espacio a la ciudadanía para criticar a los políticos en general. En setiembre, la senadora Blanca Fonseca, del Partido Liberal Radical Auténtico, presentó una demanda de indemnización por daños y perjuicios y daño moral contra el diario Crónica, solicitando una indemnización de G. 2.000 millones (alrededor de 450 mil dólares). El diario había reproducido una frase utilizada en febrero por el periodista Enrique Vargas Peña en su programa radial Tierra de Nadie, quien llamó a la senadora Fonseca “chonga de Efraín” (expresión que equivaldría a “amiga muy cercana”), en alusión al entonces candidato a la Presidencia, Efraín Alegre. En abril, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, declaró prescripta la querella por los presuntos delitos de difamación y calumnia presentada en 2005 por los ex auditores de la Contraloría General de la República, Juan Cristaldo y Atilio Perazzo contra el director de ABC Color, Zuccolillo y los periodistas Enrique Dávalos y Carlos Cáceres debido a una investigación sobre ganancias venales con empresas constructoras ligadas a contratos públicos publicada en este diario. El fallo de la juez Alba González del 30 de abril de 2008 absolvió a los querellados, declaró que no hubo comisión de ilícito alguno y sí mala fe de parte de los litigantes y dispuso la remisión de los antecedentes del caso a la Fiscalía General del Estado para su investigación. Este fallo fue apelado por Cristaldo y Perazzo.    

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