Perú

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Durante este periodo el clima de tensión e intolerancia bajo el que la prensa desarrolló su labor informativa no disminuyó, reiterándose los casos de agresión física, amenazas de muerte y asedio judicial contra periodistas y medios de comunicación, en represalia por denuncias contra funcionarios públicos, autoridades o el crimen organizado presuntamente comprometidos en actos de corrupción y delincuencia en diversas regiones del país. En el contexto de la lucha contra la impunidad en crímenes contra la prensa se espera el desenlace de los procesos judiciales por el asesinato de los periodistas Pedro Flores Silva (2011) y Alberto Rivera Fernández (2004), que durante los últimos nueve años motivaron numerosos pronunciamientos y misiones de la SIP. El crimen del periodista Pedro Flores Silva, de Canal 6 de Televisión de Casma, es el primer caso derivado desde la Fiscalía Supra provincial de Lima a la Sala Penal Nacional cuyas competencias fueron ampliadas en noviembre del 2010, para incluir delitos de homicidio, lesiones graves, secuestro y extorsión contra periodistas en ejercicio, como resultado de una iniciativa de la SIP, del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y del Instituto de Defensa Legal. El 29 de agosto, la jueza del Primer Juzgado Penal Nacional, Janet Mónica Lastra Ramírez, abrió proceso penal contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, Marco Antonio Rivero Huertas, como instigador del asesinato de Flores Silva. En septiembre, la SIP exhortó a la Corte Suprema de Justicia del Perú a no dejar impune el asesinato del periodista Alberto Rivera, ocurrido 2004 en Pucallpa, Ucayali. El 4 de septiembre, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema pidió la nulidad de una sentencia de mayo de 2012 que absolvió al ex alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez Villacorta y Solio Ramírez Garay gerente municipal como instigadores del asesinato. Según el CPP los asesinatos de 57 periodistas entre 1982 y 2011 permanecen impunes. Persisten las denuncias contra periodistas y medios de comunicación y la tendencia a utilizar juicios civiles y penales como herramienta de intimidación y presión contra la prensa. Preocupa la falta de rigor entre magistrados de precedentes jurídicos y estándares internacionales vinculados a las libertades de expresión y prensa o disposiciones propias como el Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 Concordancia Jurisprudencial Art. 116° TUO LOPJ, que establece claramente el ámbito legal frente a conflictos entre "Delitos contra el honor personal y derecho constitucional a la libertad de expresión y de información”. Tales son los casos de los periodistas Marco Zileri Dougall, Américo Zambrano Romero y Eduardo Alson García Peña de la revista Caretas, Aldo Mariátegui Bosse, exdirector del diario Correo; Pablo O’Brien Cuadros, exdirector del diario El Sol de los Andes; Fernando Valencia y Diego Hernández, director y periodista respectivamente de Diario 16; Fritz du Bois y Gessler Ojeda, exdirector y periodista del diario Perú 21 y, finalmente, los periodistas César Aquino Escudero, de la revista El Observador; Santos Paredes, del noticiero “La Verdad No Mancha”, y Noé García Velásquez,  conductor del programa “En Democracia” que transmite Canal 55 de la región Ancash. La Asamblea General de la SIP 2011 en Lima, instó al Presidente de la Corte Suprema para que reitere a los magistrados del Perú su obligación de aplicar Acuerdos Plenarios, solicitó que instruya a la Oficina de Control de la Magistratura que investigue conductas irregulares de magistrados que dictaron sentencias contrárias a la libertad de expresión; e invocó el debido proceso y las garantías que dispone la Constitución. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional de junio establece que la opinión pública no puede acceder a la información en los procesos por corrupción de funcionarios públicos, porque ello afecta el derecho a la intimidad de los procesados, contradiciendo la Constitución (artículo 139º, inciso 4), según la cual “los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos (…) son siempre públicos”. El 12 de septiembre el Congreso aprobó por voto unánime, la autógrafa de la Ley de Delitos Informáticos, actualmente pendiente de la aprobación u observación del presidente Ollanta Humala Tasso, para su promulgación.  Se espera que se establezca un marco jurídico apropiado y actualizado para prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos, ya que su texto adolece de serios vacíos que en la práctica podrían representar un serio riesgo para la libertad de prensa. Puntualmente la norma establece penas privativas de libertad no menores de cinco ni mayores de ocho años y 10 años, cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial y/o comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional. Sin embargo omite incluir  como excepción del delito el  ”interés público”. Tampoco hace referencia explícita a las excepciones por razones de seguridad nacional ampliamente detalladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En abril y septiembre el Congreso agendó el debate del proyecto de ley de Negacionismo, postergado desde diciembre del año 2012 debido a las controversias que suscitó. La  propuesta pretende incorporar el artículo 316-A al Código Penal, que sancionaría con pena de entre seis y doce años, al que “públicamente niegue” cualquiera de los delitos de terrorismo “establecidos en sentencia judicial firme, con la finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas”. Y, además, “Si la negación se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años...”.  Pese a reiteradas gestiones realizadas, continúa vigente  el Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional- SINA y de la Dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI. En diciembre, el CPP advirtió que esta norma constituye un grave retroceso en materia de transparencia, puesto que sanciona y restringe la fiscalización de la ciudadanía y de la prensa en torno a asuntos vinculados con la seguridad  nacional. El 4 de abril, el diario Oficial El Peruano publicó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional aprobado por el Decreto Supremo N° 037-2013-PCM. No obstante, la vinculación directa con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública incluida en el referido Reglamento, ésta precisión resulta insuficiente y en la práctica son contraproducentes a los avances alcanzados en materia de transparencia en el marco de la lucha anticorrupción que impulsa el gobierno del presidente Humala. La norma contraviene la política exterior que promueve el gobierno respecto al desarme y transparencia en la compra de armas. Se ha planteado en el país un hecho que se interpreta como eventual riesgo para el ejercicio de la libertad de prensa, a raíz de la compra en agosto, del paquete mayoritario de EPENSA por parte del Grupo El Comercio.  Grupo El Comercio tomó control del 54% de las acciones de EPENSA S.A. y la familia Agois Banchero retuvo el 46% de la empresa, cuya función será la producción, comercialización y distribución. Mientras tanto, la generación de contenidos periodísticos y el control editorial de los diarios Ojo, Correo, Aja y El Bocón y las diversas plataformas multimedia, estarán a cargo del Grupo Agois Banchero, para lo que se constituyó la empresa Grupo EPENSA SAC, cien por ciento bajo su control. El Grupo El Comercio precisó que esta transacción no ha agredido ninguna ley ni la Constitución.  El Grupo El Comercio añadió que ni la pluralidad ni la diversidad de opiniones ni la libertad de prensa ni la concentración de medios se verán afectadas ya que se mantiene editando los mismos diarios que antes de la adquisición. Tampoco ha incurrido en abuso de posición de dominio y por ende en monopolio.  El Grupo La República afirmó que esta operación “hace materialmente imposible la libre competencia y contraviene el Art. 61 de la Constitución”. Ese artículo señala que “la prensa, la radio y la televisión y los demás medios de comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.  El Grupo La República advirtió sobre las consecuencias de esta alta concentración en el mercado de medios impresos y la posición de dominio que esto genera. Asimismo afirmó que este proceso afecta la diversidad de opiniones, aspecto esencial en una democracia.  Este tema generó un intenso debate en el pleno de esta asamblea, manifestándose la voluntad de hallar vías para tratar esta materia, siempre al margen de la intervención gubernamental. Otros casos importantes registrados durante este período: El 27 de marzo,  Javier Nilo Poma Sotelo, conductor del noticiero Huaraz Informa, que transmite Global TV filial Huaraz, Región Ancash, denunció que recibió llamadas telefónicas  en las que él y su familia eran amenazados de muerte. Atribuye el hecho a haber difundido imágenes violentas de los estudiantes en huelga de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo.  El 1 de abril, Milton Vásquez Cruz, camarógrafo del programa JC Noticias, que transmite Julises TV de Cajabamba, en la Región Cajamarca, denunció que fue agredido, despojado de su cámara filmadora y detenido durante tres horas y media, en circunstancias en las que cubría una asamblea pública de manifestantes anti mineros que programaban marchas contra los proyectos Conga y Sulliden. El 4 de abril, Manuel Rosas Matos, conductor del matutino que transmite  Radio Karibeña filial Iquitos, en la Región Loreto, denunció que fue amenazado por alrededor de 150 seguidores del Presidente Regional de Loreto, Yván Vázquez Valera, cuya gestión critica. El 13 de abril, Pedro Valencia Olivera, conductor del noticiero Línea de Fuego, que transmite radio Nova Star, en la ciudad de Yurimaguas, Región Loreto, denunció haber sido abordado por el alcalde distrital de Jeberos, Wilder Saldaña, acompañado de cuatro desconocidos, quienes lo amenazaron de muerte e intentaron golpearlo. El periodista atribuye el ataque a sus denuncias por corrupción en la gestión municipal. El 21 de abril, el reportero Roberto Ramírez y los camarógrafos, Jorge López y Orlando Cánepa, del programa Punto Final, que transmite Frecuencia Latina, denunciaron ser objeto de amenazas de muerte que atribuyen a la difusión de un reportaje que mostraba los actos de corrupción cometidos por el alcalde provincial de Talara, Rogelio Trelles, quien intentó evitar la transmisión de la segunda parte de la investigación. El 30 de abril, Iván Fustamante Gálvez, conductor del programa Sudamérica Noticias que transmite Radio Sudamérica de Cutervo, en la Región Cajamarca, denunció que mientras transitaba por la vía pública acompañado de su familia fue amenazado de muerte con un arma de fuego por hermanos del alcalde provincial de Cutervo Segundo, Raúl Pinedo Vázquez. El periodista atribuye el hecho a sus denuncias periodísticas  de corrupción en la gestión del alcalde. El 18 de mayo, Mauro Cecilio Ccapa Zapana, corresponsal del diario Los Andes, en la provincia de Lampa, Región Puno, denunció que María Quispe Quisocala, la secretaria del alcalde del municipio provincial, lo amenazó de muerte. El reportero atribuye el hecho a su denuncia periodística sobre la devolución al Tesoro Público del presupuesto municipal de aproximadamente US$ 14 mil dólares. El 24 de mayo, Jorge Moncada Mino, redactor del diario El Ciclón, de la ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque, denunció que fue víctima del brutal ataque de dos desconocidos que lo golpearon con un revólver causándole múltiples lesiones y fracturas en el cuerpo. El periodista atribuye el hecho a sus investigaciones sobre el tráfico de tierras en la zona. El 21 de junio, Andrés Vargas Chávez y Harly Zavaleta Rojas, periodistas del Canal 15 que transmite UCV Satelital, en la Región La Libertad, denunciaron que habían sido fotografiados y filmados por un desconocido. Los periodistas atribuyen el hecho a sus investigaciones, ya sea por presuntos malos manejos en obras públicas de una empresa. El 30 de junio, Gerardo Carrillo Burga, director del blog Lochero.com que discute temas de Política y Cultura, en la Región Lambayeque, denunció que recibió una amenaza a través de un mensaje en su cuenta en la red social Facebook, contra su hija menor de un año de edad. El periodista atribuye el hecho a que promovió una protesta cívica contra la gestión del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles. El 4 de julio, Aleida Vásquez Vásquez, video reportera de Canal 41, que transmite la señal Telenor, Región Lambayeque, denunció que fue agredida por cuatro policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE), en circunstancias en las que registraba la agresión que un grupo de policías cometía contra un  dirigente sindical durante una manifestación popular contra la Ley del Servicio Civil. El 4 de julio, Luis Ángel Ñaupari Alcoser, administrador y periodista de Radio Tropicana, en la provincia de Satipo, Región Junín, denunció la detonación de un explosivo en la puerta del local de la emisora que dejó como saldo daños materiales que ascienden a 8,000 nuevos soles. El 8 de agosto, Aurora Burgos de Flores, propietaria de Radio La Voz, en la ciudad de Bagua, Región Amazonas, denunció que a pesar de que los procesos penales contra su emisora han concluido, sigue siendo objeto de persecución política pues todavía existe un infundado intento de cobranza coactiva por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  (MTC). La propietaria atribuye las represalias contra la Radio, entre ellas el cierre de la Radio por 14 meses,  a que ésta transmitió el fatídico desalojo de nativos por parte de las fuerzas armadas en La Curva del Diablo, referido como “Baguazo”. El 11 de agosto, Wyler Asmat Matta, periodista del programa Impacto Vecinal, en la ciudad de Chimbote, Región Ancash, denunció que fue secuestrado por dos desconocidos al ser identificado erróneamente como Enrique Ponce. El periodista atribuye el hecho a la investigación periodística de su colega Enrique Ponce sobre las irregularidades en el caso de Sheyla Arce, una joven asesinada. El 30 de agosto, Oscar Peralta Rojas, propietario de la radio Onda Popular de Hualgayoc, Región Cajamarca, denunció que  los miembros del Frente de Defensa de los Intereses de Bambamarca, opositores a la actividad minera Región, decidieron tomar las instalaciones de la radio debido a que difunde información a favor de proyectos de minería en la zona. El 2 de septiembre, Tania Elías Lequernaqué, periodista del diario El Tiempo, Región Piura, denunció que el Gobierno Regional ha retirado la publicidad estatal para el medio en el que trabaja debido a las críticas a la entidad hechas en su columna de opinión.  El 24 de septiembre Jhon Llatas Delgado, director de la web informativa cutervo.com.pe, en la provincia de Cutervo, Región Cajamarca, denunció que el Comité Provincial de Rondas Campesinas de la localidad lo ha citado para ser juzgado por haber denunciado en su página web la agresión física a efectivos policiales durante la toma de unas oficinas públicas. De hallarlo culpable, Llatas será sometido a la cadena ronderil, un método de justicia popular en la que se le inflige diversos castigos físicos, entre ellos, latigazos. El comunicador recordó el caso de Wilton Mera Collazos, a quienes los ronderos torturaron causándole la muerte y ha pedido las garantías del caso al Fiscal Provincial de Prevención del Delito. César Álvarez Aguilar, presidente regional de Ancash (al noreste del país), demandó a los periodistas César Quino Escudero, Santos Paredes García y Noé García Velásquez, a quienes acusa de presunta difamación. Ha solicitado un millón de nuevos soles (US$ 360 mil dólares) como pago de reparación civil en cada caso. Las querellas las despacha la jueza Susana Quispe Trujillo, quien tramita otras denuncias de difamación interpuestas por Álvarez contra más periodistas. El 8 de abril, los reporteros Gudelia Gálvez Tafur, de Huaraz Noticias que transmite Radio Alpamayo; Fortunato Guillermo Ibarra Méndez, de Primera Edición que transmite Global TV; y Juan Carlos Loayza Rivera, de Destapa Tus Oídos que transmite Radio Melodía, en la Región Ancash, denunciaron que fueron agredidos física y verbalmente por miembros de la Policía Nacional en circunstancias en las que cubrían una huelga de estudiantes que se desarrollaba en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. El 16 de abril, Gudelia Armida Gálvez Tafur, directora y conductora del informativo de radio Alpamayo y titular de la página web Huaraz Noticias, en la ciudad de Huaraz, en la Región Ancash, denunció ser víctima de agresiones físicas y verbales por un desconocido que la amenazó de muerte. Así mismo, una semana después, fue objeto de pintas ofensivas realizadas en su vivienda y en el centro educativo donde labora. La periodista atribuye los hechos al trabajo de fiscalización que realiza a las gestiones del rector de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, el alcalde provincial de Huaraz. El 13 de mayo, Carlos Sánchez Sánchez, reportero del diario Correo, en la ciudad de Chimbote, denunció ser objeto de acciones legales emprendidas por el Gobierno Regional de Ancash. El delito del que se le acusa, difamación agravante, tuvo su origen en la publicación de la opinión de un detractor de César Álvarez, presidente de la Región. El 15 de mayo, Gudelia Armida Gálvez Tafur y Rosa Roque Díaz, conductoras y directoras del programa Huaraz Noticias que transmite Radio Alpamayo, en la Región Huaraz, denunciaron la cancelación repentina de su espacio informativo. Esta medida, al igual que las pintas ofensivas en diversos puntos de la ciudad contra ambas, constituyen parte de las represalias tomadas por el Gobierno Regional de Ancash. El 21 de mayo, Alcides Peñaranda Oropeza, director del diario y la revista Integración de Huaraz, en la Región Ancash, denunció haber sido injustamente sentenciado por Rosana Luna León, titular del primer juzgado unipersonal del distrito judicial de Ancash, a dos años de prisión suspendida y a una reparación civil de 10,000 soles. El delito del que se lo halló culpable es el de difamación contra Cesar Álvarez, presidente regional de Ancash. La acción legal tuvo origen en la reproducción parcial de otro medio de comunicación, Hildebrandt en sus trece, en el que se declara que Álvarez goza de la protección del ministerio público local. Así mismo, el comunicador social indicó las agresiones verbales y físicas de las que han sido objeto él y su gerente, Yolanda Quito. Esta última, atropellada por el vehículo oficial de la Región conducido por Wilson Vásquez. El 8 de julio, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), denunció que los directores de medios de comunicación han sido el principal blanco de las agresiones contra la libertad de expresión en los últimos  meses. Son los casos de Fernando Valencia, director de Diario16 en Lima; Alcides Peñaranda, director del diario y la revista Integración de Huaraz, en Ancash; Javier Poma de Huaraz Informa, en Ancash; y Gudelia Gálvez y Rosa Roque, directoras del espacio informativo Huaraz Noticias en Radio, en Ancash. Así mismo, el IPYS, subrayó el protagonismo de la Región Ancash como escenario de los atentados a la prensa. El 19 de julio, Fernando Valverde, periodista de distintos medios, en Región Ancash, denunció que fue objeto de amenazas de muerte por parte de partidarios del gobernador de Llumpa, Martín Del Río Jiménez. El origen del acto intimidatorio está en una serie de denuncias por violencia familiar que comprometen a la autoridad mencionada y que Valverde dio a conocer  a la opinión pública. El periodista se encuentra en Lima pues teme retornar a su comunidad por su seguridad. El 20 de agosto, César Quino Escudero, Santos Paredes García  y Noé García Velásquez, director de la revista El Observador; director del espacio televisivo La Verdad no mancha que se transmite en el canal 55; y, conductor de En Democracia que se transmite en el canal 55, respectivamente, en Región Ancash, denunciaron que el presidente regional, César Álvarez, los ha acusado infundadamente del presunto delito de difamación, exigiendo a cada uno una reparación civil de un millón de nuevos soles. El 27 de agosto, los gremios periodísticos de la ciudad de Chimbote, Región Ancash, realizaron una protesta frente a la Corte Superior de Justicia del Santa exigiendo imparcialidad en los procesos de querella que ha interpuesto el presidente regional de Ancash contra periodistas chimbotanos y a los cuales exige una reparación civil de un millón de soles por cada caso. El 20 de setiembre, Humberto Espinoza Maguiña, periodista del diario Prensa Regional, denunció haber recibido una sentencia, después de un proceso irregular, por el presunto delito de difamación contra el presidente regional,  César Álvarez, como parte de una serie de represalias tras sus denuncias periodísticas de los actos de corrupción del Gobierno Regional. El director de la revista Caretas, Marco Zileri Dougall, tenía en agosto 11 querellas por difamación  presentadas  por  el empresario Rodolfo Orellana Rengifo y su  abogado el Coronel (r) PNP Benedicto Jiménez Bacca. En junio, sorprendió la desproporcionada citación “bajo apercibimiento de detención y en caso de concurrencia orden de captura a nivel nacional”, enviada por el Segundo Juzgado Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Lima, de Zileri Dougall y de los periodistas Américo Zambrano Romero y Eduardo Alonso García Peña. Orellana Rengifo es objeto de investigaciones por la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada y el Congreso de la República  por los delitos de lavado de activos, tráfico de tierras, estafa y asociación ilícita para delinquir. El 29 de junio, Américo Zambrano, editor de investigación de la revista Caretas, denunció que fue agredido por cuatro desconocidos cuando se dirigía hacia su vivienda en Lima. El  periodista descartó que se trate de un robo y atribuye el hecho a sus denuncias periodísticas a Orellana y Jiménez.   El 18 de setiembre, el periodista Aldo Mariátegui y su abogado Enrique Ghersi, denunciaron la irregularidad de una sentencia expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema por un presunto delito contra el honor  que ya habría proscrito. Para Mariátegui y su abogado, tal sentencia pudo llevarse a cabo porque las fechas respecto al estado del proceso fueron manipuladas por los jueces. En octubre, el Poder Judicial revivió cinco juicios contra Pablo O’Brien Cuadros, ex director del diario El Sol, en la región central del país, en las ciudades de Huancayo, Huancavelica, Cerro de Pasco. O’Brien Cuadros había sido absuelto en procesos plagados de irregularidades. En junio,  el Décimo Quinto Juzgado de Familia que preside la magistrada Carmen Nelia Torres Valdivia abrió proceso contra nueve medios de comunicación:, la revista Caretas, los diarios, Perú.21, El Comercio, Ojo, El Chino, La Primera, El Popular, Extra,  y al Programa Reporte Semanal de Canal 2 por haber  difundido el 13 de enero un reportaje que proyecta imágenes explicitas  del adolescente Alexander Manuel Pérez Gutiérrez  en un caso de controversias vinculadas a la publicación de fotografías de menores de edad de alta peligrosidad.  El 22 de abril, Pedro Yaranga Quispe, periodista especializado en narcoterrorismo, denunció que el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Cosavalente Chamorro, le abrió un proceso judicial por revelar supuesta información clasificada  en un medio de comunicación. El reportero atribuye el hecho a sus críticas a la política del gobierno en la zona subversiva de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde operan remanentes terroristas.  

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