Guatemala

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En este período no se registraron asesinatos contra periodistas, sin embargo, los cuatro ocurridos el año pasado permanecen en la impunidad. La libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, especialmente en el interior del país, se ven afectados por las amenazas de los grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico; las presiones de políticos locales, alcaldes y legisladores destinadas a censurar y hostigar; así como por la negación de acceso a información pública a medios y periodistas considerados críticos. Una misión internacional de la SIP viajó a Guatemala en febrero para consultar a las máximas autoridades del país y de asociaciones civiles, reclamándose como prioridad la puesta en marcha del Programa de Protección al Periodista. La SIP recabó información sobre el conflicto entre el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti con José Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico,  consultando sobre el estado de las querellas penales interpuestas contra el periodista. Se reconoció como hecho positivo que el Presidente y la Vicepresidenta desistieran de esas querellas penales contra Zamora en enero. Desalentó, sin embargo, la decisión de ambos de que recurrirán a la vía que establece la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, al considerar que las autoridades públicas están más expuestas al escrutinio público y a la crítica periodística. En noviembre, el presidente Pérez Molina querelló penalmente a José Rubén Zamora por los delitos de coacción, extorsión, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los organismos del Estado. Mientras tanto, la vicepresidenta Baldetti demandó a Zamora ante el juzgado de Primera Instancia Penal de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violación Sexual, Explotación y Trata de Personas, por violencia psicológica a través de sus artículos en el diario. El juzgado ordenó a Zamora no acercarse al lugar de trabajo, residencia o estudio de la vicepresidenta. La SIP también exhortó al gobierno a profundizar mecanismos de transparencia y de acceso a la información pública, tal como lo establece la ley desde su entrada en vigencia en 2009, así como a crear y garantizar mecanismos transparentes y técnicos para la distribución de publicidad oficial. En esa línea la delegación planteó al gobierno su inquietud por el corte abrupto de publicidad oficial contra elPeriódico. También la SIP criticó al Poder Ejecutivo por adoptar acciones judiciales y administrativas contra elPeriódico con auditorías tributarias, considerándolas una presión adicional para callar una voz crítica. Sorprendió a la SIP las declaraciones del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, que exhortó desde un programa radial a “todos los entes fiscalizadores” a que actúen contra Zamora. Rodríguez dijo: “hay rutas alternas, rutas penales, rutas tributarias, rutas administrativas y la de los juicios civiles por daños. Ahí hay que encaminar todas nuestras denuncias para que no cualquiera venga y pisotee nuestro honor y nuestra honorabilidad”. La delegación criticó el monopolio de televisoras al aire que afecta al país, renovando su reclamo de años sobre el papel más decisivo que debe tener el gobierno para restringir esas prácticas. Previo a la misión de la SIP, el Congreso en una jornada polémica aprobó un régimen de prórroga de licencias por 25 años, favoreciendo especialmente al dueño de los cuatro canales de aire, Ángel González. En marzo, la Procuraduría de Humanos (PDH), denunció que el 55.76 por ciento de las instituciones públicas y privadas (693) no entregaron sus informes anuales, según lo estipula la Ley de Acceso a la Información Pública. La PDH anunció que se querellará ante el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Un informe del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA) sobre el estado de la libertad de expresión en 2013, entregado a la SIP, documentó 57 agresiones contra la prensa, cifra superior a años anteriores. Estos son otros hechos importantes en este período. El 6 de marzo,  el periodista Pavel Vega, de elPeriódico denunció que fue agredido por el reportero Raúl Morales de reportero de Radio Sonora. El ataque ocurrió a la salida de la Casa Presidencial luego de asistir a una conferencia de prensa del presidente Otto Pérez. El 27 de febrero, agentes del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) cerraron la radio comunitaria San José, en San Marcos. Fue decomisado equipo de transmisión y arrestado un operario de la emisora acusado por incitación a delinquir y hurto. El 26 de febrero, el director departamental del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), Luis Hernández de la Rosa, agredió a varios reporteros en Huehuetenango cuando cubrían la entrega de un cadáver a sus familiares. EL 25 de febrero, pobladores de Pequixul, en Cobán, Alta Verapaz, agredieron a tres periodistas que se hallaban en esa comunidad para investigar la retención de cuatro personas. Ángel Martín Tax, corresponsal de Prensa Libre en Cobán; Otoniel Rivera, corresponsal de Al Día, y Erick Maas, de CRN Noticias, fueron obligados a borrar todo el material de sus cámaras fotográficas. El 12 de febrero, el periodista Nery Morales, conductor del programa Noticias y Más, del canal Óptimo 23, sufrió un atentado del que salió ileso. Dos personas que viajaban en una motocicleta en Mazatenango, Suchitepéquez, dispararon dentro de su vehículo sin que lograran herir al periodista. El 9 de enero, el columnista del diario La Hora, Fernando Mollinedo, fue demandado por el supuesto delito de discriminación contra agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala, que se sintieron ofendidos por el lenguaje usado en una columna publicada el 9 de noviembre de 2009. El 21 de diciembre, los reporteros Hugo Barrios, de Nuestro Diario, y Whitmer Barrera, de Guatevisión, resultaron heridos con piedras en el marco de un enfrentamiento entre pobladores de Ixchiguán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos. El 24 de noviembre, el director editorial del diario elQuetzalteco, César Pérez Méndez, fue amenazado telefónicamente de muerte en aparente represalia por la cobertura periodística sobre temas de corrupción en Quetzaltenango. El 21 de noviembre, las autoridades allanaron la sede de la emisora comunitaria Radio Damasco, en San Pablo, San Marcos. Fue decomisado el equipo de transmisión y arrestado el director de la radio, Víctor Ángel. El 14 de noviembre, agentes de la policía agredieron con gas pimienta a unos 28 periodistas que cubrían un caso de notoriedad que involucraba a Roberto Barreda, acusado por los delitos de feminicidio, obstrucción a la justicia y maltrato contra menores de edad. En marzo de 2014 un juzgado acusó a dos policías por el delito de abuso de autoridad contra los periodistas. El 1 de noviembre, el columnista Jorge Guillermo Lemus Alvarado, denunció que agentes de la policía lo golpearon e implantaron pruebas falsas en represalia por su trabajo periodístico. En noviembre, varios periodistas y reporteros que cubrían en la sede del Órgano Judicial, la extradición a Guatemala desde México de Roberto Barreda, fueron rociados con gas pimienta por agentes de la PNC.  

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