Uruguay

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La Cámara de Diputados aprobó a fines de 2013 un proyecto de ley de medios que regula el estatuto jurídico, el funcionamiento y los contenidos de los medios audiovisuales, pero hasta la fecha no ha sido considerado por el Senado. El proyecto aprobado en Diputados únicamente con los votos del gobernante Frente Amplio, contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio de la libertad de expresión. Tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, el Frente Amplio goza de mayorías absolutas que le permiten adoptar decisiones por su sola voluntad. Desde el Poder Ejecutivo se ha anunciado que se propondrán cambios al proyecto cuando empiece su consideración en el Senado y se insistirá con la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), como preveía la iniciativa original remitida por el presidente José Mujica. En la nueva versión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los propios gestores del proyecto le introdujeron cambios durante el trámite en Diputados para evitar una posible denuncia de inconstitucionalidad, haciendo desaparecer el CCA, trasladándole a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSEC, un organismo técnico) la competencia de controlar los contenidos de los medios audiovisuales, detectar incumplimientos, aplicar sanciones y recomendar revocaciones de frecuencias o sanciones económicas. Ese organismo ya está creado y funcionando, con lo cual se elude el obstáculo constitucional de la generación de cargos, pero mantiene el inconveniente de ser dirigido por personas designadas de forma directa por el gobierno. El presidente Mujica criticó esa decisión y se anunció el envío de una propuesta que dejaría en manos de la Justicia la aplicación de sanciones graves y muy graves. Desde la oposición se volvió a advertir la “suspicacia” que despierta la decisión política de insistir con una ley de esta naturaleza en pleno año electoral, al tiempo que se lanzaron —de manera unánime— duras críticas sobre su contenido, que fue calificado como “liberticida”. Otros hechos relevantes en este periodo fueron: El 28 de noviembre de 2013, el presidente Mujica manifestó en la ciudad de Fray Bentos (ubicada sobre el río Uruguay a 300 kilómetros de Montevideo) que la ley de medios que promueve su gobierno será "un esperpento" que "quedará de recuerdo" en el corto plazo, ante la masificación de la televisión digital. Mujica reflexionó que será la propia fibra óptica instalada actualmente por el Estado la que dejará obsoleta la mencionada ley. El 17 de diciembre el Parlamento modificó la ley de Acceso a la Información Pública e introdujo nuevas limitaciones que fueron votadas en el Senado, también por el opositor Partido Nacional. La primera senadora del gobierno y esposa del presidente Mujica, Lucía Topolansky, fue la promotora de estos cambios a la ley, aunque aclaró que la intención del gobierno “no es restringir el acceso a la información”. Topolansky señaló: “Nos preguntamos si la sociedad tiene la madurez suficiente y el conocimiento” para manejar esta ley. Con estos cambios los jerarcas podrán “excepcionalmente” clasificar la información como reservada cuando reciban la solicitud de acceso, aunque esos datos antes no estuvieran en esa condición. Además, los organismos públicos podrán denegar información que forme parte de un proceso de toma de decisiones, licitación o control. Topolansky había cuestionado el uso que hace la prensa de la ley de Acceso a la Información Pública cuando se conocieron los elevados datos de repetición de grado en la escuela secundaria. Dijo que el suplemento “Qué Pasa” del diario El País utiliza la “generosa” ley de acceso a la información pública para hacer “politiquería barata”. El diario presentó un recurso ante la Justicia para obtener las estadísticas, tras la negativa de las autoridades de la educación. Finalmente la Justicia le otorgó el acceso a esos datos. El 24 de febrero un Juzgado de la ciudad de Mercedes (280 km al oeste de Montevideo), citó a declarar a cinco periodistas de la agencia de noticias Agesor por una denuncia de abuso sexual en un campamento militar en noviembre de 2013. Los periodistas fueron citados para que identificaran su fuente. Dos días después Agesor expresó que el juez se encargó de puntualizar que la citación a declarar “no se trataba de una medida que pretendía cercenar la libertad de prensa”. Los periodistas se habían amparado en el secreto de su profesión y en los estándares internacionales sobre libertad de prensa. El 17 de marzo, la senadora Constanza Moreira, precandidata presidencial en las elecciones internas previstas para junio por el Frente Amplio, expresó que debe haber una ley que permita intervenir a los medios para que se cuide la veracidad de lo que se informa y para que no se difundan contenidos “sexistas, racistas, homofóbicos”. El 18 de marzo a solicitud de la defensa de militares y policías retirados, un juez penal relevó al periodista Roger Rodríguez del secreto profesional y pidió que identificara la fuente en el marco de una investigación por el asesinato de María Claudia García de  Gelman. El periodista se negó a identificar su informante y el magistrado no insistió en el punto.

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