PARAGUAY

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La libertad de prensa sufrió profundos altibajos en este período. La positiva noticia de la promulgación de una ley de acceso a la información pública, contrastó con el asesinato de tres periodistas, Pablo Medina, Fausto Alcaraz y Elías Fernández Fleitas, en el interior del país, en aparente represalia por sus denuncias sobre la connivencia entre el narcotráfico y funcionarios públicos. En setiembre, el presidente Horacio Cartes promulgó la Ley No. 5.282 «De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental», que obliga a las instituciones estatales y a los funcionarios a divulgar la información solicitada por cualquier ciudadano sobre salarios, viajes oficiales, contratos y otros datos que no estén definidos como secretos. La ley entrará en vigencia en el 2015. De esta forma, se reglamentó el artículo 28 de la Constitución Nacional, “Del derecho a informarse”. En el artículo primero de la ley se contempla que “ninguna disposición de la ley sancionada podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo”. Anteriormente, en mayo, se anunció que el Poder Ejecutivo creará a fin de año un portal en internet con toda la información relativa a las entidades públicas (gastos, cantidad de personal, sueldos, etcétera). La medida es parte del programa Gobierno Abierto, una iniciativa internacional con el apoyo de la Agencia de Cooperación de los EE.UU. (USAID, por sus siglas en inglés). Se conoció a través de investigaciones y denuncias de la prensa, los cuantiosos e indebidos beneficios salariales de un selecto grupo de funcionarios públicos repartidos en varios poderes del Estado. Las redes sociales canalizaron el repudio ciudadano ante las revelaciones de corrupción, nepotismo, sobresueldos e inequidad salarial. La reacción de la sociedad civil se exacerbó con la difusión en redes sociales, de un video con filmaciones de relaciones íntimas del senador y vicepresidente del partido de gobierno, Asociación Nacional Republicaba (ANR), Juan Carlos Galaverna y tres mujeres, dos de ellas funcionarias del Congreso. A esto se sumó la prohibición a informar sobre el asunto tras una petición judicial de los abogados del senador. En julio, la jueza penal de garantías Patricia González, a través de la Sentencia Definitiva Nº 47 del 6 de agosto, hizo lugar al amparo promovido por el senador Galaverna, quien impulsó la medida para no divulgar, propagar o publicar el video e imágenes de contenido sexual. La magistrada extendió la prohibición a los canales de televisión Teledifusora Paraguaya (Canal 13), LaTele (Canal 11) y Telefuturo (Canal 4), y a los diarios Popular y Crónica. Luego, la segunda sala de la Cámara de Apelaciones ratificó la sentencia de primera instancia prohibiendo la difusión del video. Cronología de los hechos más destacados del período: En abril, el titular del Congreso, Julio C. Velázquez, de ANR, Partido Colorado,  molesto por las publicaciones sobre irregularidades presupuestarias, afirmó que el fondo para alimentos en la Cámara de Senadores no solo está dirigido a los 45 senadores, sino también a funcionarios, policías “y periodistas”, pues se destina a estos últimos un menú económico, tipo vianda, que se reparte los jueves (días de sesión) en la Dirección de Comunicación. En mayo, el entonces titular de Petropar, Fleming Raúl Duarte Ramos, como parte del festejo por el Día del Trabajador, manifestó a los empleados que la empresa “tomará todas las medidas correspondientes” contra los funcionarios que brinden informaciones a la prensa. Durante la administración anterior, a cargo del liberal Sergio Escobar Amarilla, se desató una “caza de brujas” contra todo funcionario sospechoso de dar información a la prensa. El 16 de mayo, el periodista radial Fausto Gabriel Alcaraz, de 28 años de edad, conductor del programa matutino “De frente a la mañana”, que era emitido de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 horas por 570 AM Radio Amambay, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, propiedad del senador liberal Robert Acevedo, fue asesinado a balazos por dos individuos que lo siguieron en motocicleta. Lo interceptaron y le dispararon antes de que pudiera entrar a su vivienda. Alcaraz había denunciado con nombres y apellidos a algunos narcotraficantes de la zona. Acevedo acusó a la mafia del narcotráfico por este crimen. El periodista era conocido por sus polémicas acusaciones contra policías, fiscales, jueces y comerciantes de actuar en connivencia con la mafia del negocio de las drogas en la frontera con Brasil. También era conocido por sus controvertidos cuestionamientos al actual gobernador del Amambay, Pedro González, también del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y enemigo político de Acevedo. El 19 de junio, Elías Édgar Pantaleón Fernández Fleitas (43) fue muerto de seis tiros por dos sicarios. El crimen se perpetró poco después que terminó su programa “Ciudad de la furia”, emitido por 89.3 FM Belén Comunicaciones, de Concepción. El abogado y conductor radial llegó a su domicilio, cuando, uno de dos hombres en una motocicleta ingresó a la oficina de la casa, descerrajándole varios disparos. Fernández Fleitas había recibido amenazas de muerte con anterioridad. Se presume que pudo haber sido un homicidio por encargo, debido a que en su programa denunciaba irregularidades, sobre todo en temas relacionados con el Poder Judicial y el Ministerio Público. En junio, la jueza Lourdes Sanabria, en un informe a ministros de la Corte, acusó al diario ABC Color de hacer publicaciones tendenciosas y malintencionadas, ante críticas sobre ella y una colega. Luego una auditoría sobre su actuación en un juicio oral por tráfico de droga, confirmó la actuación irregular de ambas y que las publicaciones de ABC Color no fueron tendenciosas y malintencionadas. En julio, el diputado del Encuentro Nacional, Hugo Rubin, instó a los medios de comunicación a retirar a los periodistas de Paso Tuyá, departamento de Concepción, zona donde fue secuestrado el adolescente Arlan Fick. El parlamentario explicó que es necesario dejar liberada la zona por parte de los periodistas para obtener un mejor acercamiento entre los secuestradores y la familia del joven. En julio, la diócesis de Ciudad del Este anunció en un comunicado que las partes afectadas por la publicación sobre un supuesto hijo del vicario pastoral Daniel Silvera consideran recurrir a acciones legales contra los diarios ABC Color y Vanguardia. En julio, los funcionarios del Senado y del Congreso, con excepción de los miembros de la Cámara de Diputados, se alzaron “en pie de guerra” contra los periodistas de los diferentes medios de comunicación por considerarlos “causantes de la reducción de sus beneficios”, tras la decisión del titular del Senado, Blas Llano (Partido Liberal Radical Auténtico) de recortar cuatro de los cinco aguinaldos que perciben al año. En septiembre, después de que el corresponsal de ABC Color, Miguel Ángel Rodríguez, denunciara la presencia de vehículos con logotipo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en un acto político realizado en Ayolas, un funcionario de la hidroeléctrica binacional, Alen Saúl Espínola, brazo derecho del asesor de la binacional Carlos Arrechea (ANR), lo amenazó con perjudicarlo y “hacerle echar del diario”. El 26 de setiembre, el Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Caazapá, confirmó el sobreseimiento definitivo, sin culpas ni penas, del corresponsal de ABC Color del departamento de Caazapá, Antonio Caballero, quien en junio de 2008 había sido denunciado por un supuesto caso de extorsión por la comerciante Beatriz Gamarra. El 16 de octubre, Pablo Medina, corresponsal de ABC Color en Curuguaty, departamento de Canindeyú, fue asesinado cuando investigaba temas relacionados al narcotráfico. El vehículo en que viajaba el periodista de 53 años fue interceptado por dos hombres con vestimenta de camuflaje que dispararon desde corta distancia. Lo acompañaba su asistente, Antonio Almada, de 19 años, quien falleció a causa de las heridas. Otra mujer, identificada como dirigente campesina de la zona, salió ilesa. Medina había recibido amenaza por sus denuncias sobre narcotráfico, corrupción, tráfico de madera y deforestación en la zona. A menudo contaba con protección policial y usaba chaleco antibalas. Su hermano, Salvador Medina, periodista radial que también denunció el contrabando fue asesinado en 2001.

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