17 septiembre 2015

¡No es suficiente!

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En nuestra lucha de dos décadas en contra de los asesinatos de periodistas y su impunidad, logramos enormes avances. La UNESCO aprobó en 1997 la Resolución 29 que demanda a los estados prevenir, investigar y sancionar esos crímenes...
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En nuestra lucha de dos décadas en contra de los asesinatos de periodistas y su impunidad, logramos enormes avances.
La UNESCO aprobó en 1997 la Resolución 29 que demanda a los estados prevenir, investigar y sancionar esos crímenes.
Nuestra labor fue fundamental para la federalización de estos crímenes en México y que se discuta una ley similar en Brasil; para la creación de mecanismos de protección y fiscalías especiales en Colombia, Guatemala, México y Perú, y para que en otros países se haya aumentado las penas para los asesinos e incrementado los plazos de prescripción.
En Colombia los homicidios de los periodistas Eustorgio Colmenares y Guillermo Cano fueron declarados de lesa humanidad, creándose jurisprudencia relevante contra este flagelo.
Pese a todos estos logros, no es suficiente. Este año ya han matado a 18 periodistas y muchos otros fueron agredidos, amenazados, debiendo refugiarse en otros países. Muchos gobiernos prometen acciones decididas para hacer justicia ante nuestros reclamos, pero luego son ineficientes para investigar y procesar a los responsables.
Falta decisión política y, en muchos casos, no brindan los recursos humanos y económicos para que los auxiliares de justicia operen con eficiencia. Como la mayoría de los crímenes sigue impune, la SIP ha recurrido a instancias internacionales.
Desde 1987 se han elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 29 casos de periodistas asesinados en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Paraguay. Se lograron avances. Los gobiernos reabrieron investigaciones e indemnizaron a los familiares de las víctimas.
Pero hemos descubierto que el sistema interamericano tiene sus limitaciones, ya que depende de los tiempos, recursos y voluntades que aportan los estados.
Un apoyo decidido de los estados a los sistemas judiciales y fiscalías especiales, así como a la CIDH, ayudaría para combatir este flagelo y contribuiría a crear mejores condiciones para la libertad de prensa como valor indiscutible del sistema democrático.

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