22 septiembre 2015

Ley de Prensa Cuba: Base Legal

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I. Fundamentacióna. Marco Constitucional

Texto de la Constitución de la Republica de Cuba

La Constitución de la República de Cuba (Gaceta Oficial Extraordinaria 3, 31 de enero de 2003) reconoce:

Art. 53: a los ciudadanos las libertades de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista.

Art. 3: Así mismo, establece que el socialismo es irrevocable y que ninguna de las libertades ciudadanas puede ejercerse contra la existencia y fines del Estado socialista.

Art. 62: La infracción de este principio es punible

b .Status de tratados internacionales en la legislación nacional

Texto de la Constitución de la Republica de Cuba

Art. 12.b: Según la propia Constitución, Cuba funda sus relaciones internacionales en la Carta de las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales de los cuales sea parte

Art. 12. La República de Cuba hace suyos los principios antimperialistas e internacionalistas, y ...
b) funda sus relaciones internacionales en los principios de igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, integridad territorial, independencia de los Estados, la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacifico de controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales de los cuales Cuba sea parte

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos y pidió a los países miembros que el texto fuera «distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política». Sin embargo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) -entidad no reconocida legalmente por el gobierno- viene denunciando que la sola distribución del texto concita ya medidas represivas.

Después de una manifiesta renuencia durante décadas, el 28 de febrero del 2008 Cuba decidió firmar los pactos internacionales (Nueva York, 16 de diciembre de 1966) sobre: a) Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y b) Derechos Civiles y Políticos, así como los protocolos facultativos (1966 y 1989) de este último.

El gobierno cubano no ha suscrito aún el tratado internacional sobre transmisiones vía satélite (Bruselas, 21 de mayo de 1974), pero se mantiene ligado a los tratados para suprimir la circulación y el tráfico de publicaciones obscenas (Ginebra, 12 de septiembre de 1923) y sobre el derecho internacional a la corrección o rectificación (Nueva York, 31 de marzo de 1953).

c. Estructura judicial especial de prensa

No hay estructura judicial específica para dirimir asuntos civiles o causas criminales derivados del ejercicio de las libertades de palabra y prensa.

Texto de la Constitución de la Republica de Cuba

La Constitución estructura los tribunales «con independencia funcional» de cualquier otro órgano estatal (Artículo 121) y estipula que los jueces, en su función de impartir justicia, «son independientes y no deben obediencia más que a la ley» (Artículo 122). Así y todo, no hay poder judicial independiente.

La propia Constitución faculta al Consejo de Estado para «impartir instrucciones de carácter general a los tribunales» (Artículo 90.h) por medio del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP). La máxima autoridad judicial toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento para todos los tribunales (Artículo 121).

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral

(Gaceta Oficial Ordinaria 34, 20 de agosto de 1977), http://www.gacetaoficial.cu/html/ipcal.html

Las salas de lo civil y lo administrativo de los tribunales provinciales conocerán los asuntos civiles que no estén atribuidos a otro tribunal (Artículo 6.6).

La Ley de Procedimiento Penal

(Gaceta Oficial Ordinaria 37, 26 de agosto de 1977)

http://www.gacetaoficial.cu/html/ippenal.html

Establece que las causas criminales se juzgan por los tribunales municipales si la sanción prevista no excede de tres años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas; de lo contrario, pasan a ser competencia de los tribunales provinciales.

La Ley de los Tribunales Populares

(Gaceta Oficial Extraordinaria 8, 14 de julio de 1997)

http://www.gacetaoficial.cu/html/itribunales.html

Precisa que el Consejo de Gobierno del TSP transmite a los tribunales las instrucciones del Consejo de Estado e imparte otras instrucciones de carácter obligatorio a los efectos de sentar una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de las leyes. Siempre que sea necesario, el Consejo de Gobierno del TSP solicita al Consejo de Estado la interpretación general y obligatoria de una ley vigente (Artículo 19).

II .Legislacióna .Leyes especificas de prensa

Al elaborar orientaciones sobre la eficiencia informativa de los medios (10 de mayo de 1984), el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) se refirió a «la conveniencia de dictar una ley de prensa que establezca los requisitos para crear publicaciones, norme los deberes y derechos de los periodistas y ampare legalmente la actividad de los órganos de difusión masiva». El anteproyecto se mantuvo engavetado y desde 1994 no constó otra referencia ni siquiera en el parlamento (Asamblea Nacional del Poder Popular) hasta julio del 2008, cuando el VIII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) abordó la propuesta de emitir una ley de prensa, pero sin llegar a conclusiones. Ni en el informe central del Congreso, ni en el llamado "plan de acción" que establece las prioridades de la organización para el período 2008-2013, está mencionado el tema de una legislación de prensa.

La Resolución 182 (28 de octubre de 2006) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)

http://www.sipiapa.org/cuba/espanol/ResolucionPrensaExtranjera.pdf

La ley vigente se torna específica sólo para la prensa extranjera. Faculta al Centro Internacional de Prensa (CPI) para suspender temporalmente o retirar definitivamente la acreditación de prensa «cuando el titular realice acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo, así como cuando se considere que ha faltado a la ética periodística y/o no se ajuste a la objetividad en sus despachos».

Al dictarse la resolución estaban acreditados 160 periodistas de 114 medios de 36 países. La Resolución 44 (1997) del MINREX quedó derogada y se agudizó la tendencia restrictiva. El 22 de febrero de 2007 se esgrimió la nueva resolución para dejar sin efecto la renovación de las acreditaciones de los corresponsales Gary Max (Chicago Tribune), César González (El Universal y Stephen Gibbs (BBC).

La Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT) implementa la visa D-6 para los periodistas extranjeros, ya sea temporal (hasta tres meses) o permanente (por períodos de un año o más). La solicitud de visado se presenta a la embajada o consulado de Cuba más cercano junto con la explicación de la misión en la Isla, el curriculum vitae del periodista y un aval del medio de prensa sobre su condición de profesional bona fide. El CPI dispone de tres semanas para aceptar o rechazar la instancia de visado. Quienes sean profesionales de los medios y viajen a Cuba con otro tipo de visa tienen que abstenerse de ejercer el periodismo allí. De lo contrario corren el peligro de ser expulsados.

b .Acceso a la información

1. Habeas Data / Acceso a la información publica y Leyes de Transparencia

Texto de la Constitución de la Republica de Cuba

http://www.gacetaoficial.cu/html/constitucion_de_la_republica.html

No consta norma legal para que las personas asentadas en registros o bancos de datos puedan conocer la información almacenada sobre ellas y pedir que se rectifique ante la posibilidad de perjuicio.

A tales efectos tendrían que invocar la Constitución, que refrenda el derecho a «dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado» (Artículo 63), así como a reclamar y obtener «reparación o indemnización daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos» (Artículo 26).

Decreto-Ley 199

http://www.aladi.org/NSFALADI/ecomerc.NSF/01acb02873e53a5a03256da30066b9b1/5959a12c46416c4f03256e1a005c7c92?OpenDocument

Tampoco hay reglas claras de acceso a la información pública ni leyes de transparencia. Por el contrario, el Decreto-Ley 199 sobre la seguridad y protección de la información oficial (Gaceta Oficial Ordinaria 78, 2 de diciembre de 1999) reconoce el derecho del periodista a «obtener información de utilidad pública, así como a realizar las acciones necesarias a ese fin» (Artículo 3), pero impone la siguiente obligación: "El periodista se abstendrá de divulgar en todo o en parte cualquier documento o material de trabajo clasificado expresamente con un grado de reserva, según la legislación sobre el Secreto Estatal vigente en Cuba de no divulgar documento o material de trabajo clasificado" (Artículo 17).

Por otro lado, autoriza al Ministerio del Interior (MININT) y a los jefes de cada órgano estatal para determinar qué tipo de información es clasificada, limitada u ordinaria (Artículo 6).

Las severas restricciones de acceso a la información y la falta de transparencia se justifican por la amenaza de «los servicios especiales extranjeros planes subversivos y agresivos contra la República de Cuba».

Código de Etica del Periodista

http://www.cubaperiodistas.cu/upec/etica1.html

El VIII Congreso de la UPEC (julio del 2008) aprobó el Código de Etica del Periodista, que reconoce el derecho del periodista a «obtener información de utilidad pública, así como a realizar las acciones necesarias a ese fin» (Artículo 3), pero impone la siguiente obligación: "El periodista se abstendrá de divulgar en todo o en parte cualquier documento o material de trabajo clasificado expresamente con un grado de reserva, según la legislación sobre el Secreto Estatal vigente en Cuba de no divulgar documento o material de trabajo clasificado" (Artículo 17).

Salvo el MINREX, ningún organismo de la administración central del Estado tiene oficina de prensa ni emite boletines. Las conferencias de prensa con funcionarios del gobierno se convocan por ellos mismos para asuntos específicos.

La fuente primordial de información jurídica es la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que recoge los actos legislativos y administrativos de mayor relevancia. La edición impresa es muy limitada, pero la edición digital puede consultarse en el sitio correspondiente dentro del portal del Ministerio de Justicia (www.minjus.cu).

Las estadísticas oficiales suelen aparecer con demora en anuarios impresos, pero la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), adscrita al Ministerio de Economía y Planificación, mantiene un sitio más actualizado (www.one.cu).

Las demás fuentes oficiales son difíciles de consultar y particularmente sensibles a la difusión de informaciones que, aunque tengan valor noticioso, ofrezcan visiones negativas del organismo estatal específico o del proceso revolucionario cubano en general.

Muchos temas quedan cerrados a la información pública y las tentativas de aclararlos se reprimen severamente. Francisco Chaviano González, por ejemplo, empezó a registrar los balseros desaparecidos en el Estrecho de la Florida y a indagar las motivaciones de quienes eran capturados. Fue detenido (7 de mayo de 1994) y condenado a 15 años de cárcel por revelar «secretos concernientes a la seguridad del Estado».

c. Leyes de radio y televisión y el contenido de la información

Ley 1030del Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR), rebautizado (1975) como Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT),

http://www.cubagob.cu/des_soc/icrt/index.htm

La Ley 1030 (24 de mayo de 1962) del Consejo de Ministros creó el Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR), rebautizado (1975) como Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), para dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el Gobierno. No hay otras leyes de radio y televisión salvo las resoluciones de este «organismo rector» que, como el resto de los medios, está bajo estricta supervisión del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC.

El jefe de ese departamento es el coronel Rolando Alfonso Borges, quien proviene de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Otro coronel, Ernesto López Domínguez, preside el ICRT. Fue jefe de Sección Política en el Ejército Occidental y director de los Estudios Cinematográficos y de Televisión de las FAR.

Una vicepresidencia del ICRT controla la red nacional de radio, que cuenta con la emisora internacional Radio Habana-Cuba, 7 estaciones nacionales, 17 provinciales y 63 municipales, además de 84 corresponsalías. Otra vicepresidencia controla la Televisión Cubana: un canal internacional de satélite (Cuba Visión Internacional), cuatro canales nacionales y 16 telecentros provinciales.

d .Secreto Profesional o protección de fuentesCódigo de Etica de la UPEC

http://www.cubaperiodistas.cu/upec/etica1.html

Según el Código de Etica de la UPEC el periodista tiene la obligación de no revelar la identidad de las fuentes que hayan solicitado permanecer anónimas (Artículo 18). Sin embargo, la Ley de Procedimiento Penal no dispensa a los periodistas de las obligaciones de denunciar (Artículo 117) y declarar como testigos (Artículo 168).

e. Derechos de autorLey del Derecho de Autor

(Gaceta Oficial Ordinaria 49, 30 de diciembre de 1977)

http://www.cnap.cult.cu/instituciones/adaviswebsite/html/ley14_derecho_autor.pdf

La Ley del Derecho de Autor abarca «las obras científicas, artísticas, literarias y educacionales de carácter original» que se hayan hecho o puedan hacerse públicas (Artículo 2). El «interés superior» de más amplia difusión de la ciencia y la técnica, la educación y la cultura, no puede ser afectado por el ejercicio de los derechos de autor (Artículo 3), que comprenden:

· Exigir que se reconozca la paternidad de la obra y se mencione el nombre o seudónimo del autor cada vez que sea utilizada.

· Defender la integridad de la obra contra cualquier deformación, mutilación o modificación sin consentimiento.

· Realizar o autorizar la publicación, reproducción o comunicación de la obra al público, así como la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación.

· Ser remunerado por el trabajo intelectual cuando la obra sea utilizada por otros.

El derecho de autor sobre las emisiones de radio o televisión (o filmes producidos para la televisión) corresponde a las entidades emisoras, pero los derechos sobre las diferentes obras se ejercen por sus respectivos autores en virtud de contratos (Artículo 24). La constancia de éstos por escrito no es obligatoria en los diarios y otras publicaciones periódicas (Artículo 30).

Siempre con obligada referencia al autor y respetando los valores específicos de la obra publicada, es lícito proceder sin consentimiento del autor ni remunerarlo (Artículo 38) a:

· Reproducir citas o fragmentos con fines de enseñanza, información, crítica, ilustración o explicación en la medida justificada por los fines.

· Utilizar íntegramente la obra, si su breve extensión y naturaleza justifican hacerlo en publicaciones, emisiones de radio o televisión, filmes o grabaciones sonoras o visuales.

· Reproducir la obra de arte expuesta permanentemente en sitio público, con excepción de exposiciones y museos, y representar la obra sin fines lucrativos

· Reproducir la obra en biblioteca o centro de documentación, institución científica o establecimiento de enseñanza, siempre que se haga con carácter no lucrativo y la cantidad de ejemplares se limite a las necesidades específicas.

· Transmitir por radio o televisión, o por cualquier otro medio dar a conocer al público, discursos políticos, informes, conferencias, debates judiciales u otras obras de igual corte.

El Decreto Ley 156

http://www.cenda.cu/doc/Dec_%20Ley%20No156.pdf

(Gaceta Oficial Ordinaria 15, 14 de octubre de 1994)

Concedió al derecho de autor vigencia de por vida y procedió a extenderla cincuenta años post mortem, a partir del primero de enero del año siguiente al fallecimiento del autor. El plazo se cuenta desde la primera publicación de la obra anónima, bajo seudónimo o de autor desconocido; y se reduce a la mitad para obras de artes aplicadas o creadas por procedimiento análogo a la fotografía.

La obra puede pasar al Estado tras expirar el plazo de vigencia y desde entonces podrá ser libremente utilizada, siempre que se mencione al autor y se respete la integridad de la obra, pero el usuario deberá abonar una «contribución especial» para el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura.

f. Proyectos de ley que afectarían a la prensa

Código de Etica de la UPEC

El Código de Etica del Periodista (2008) establece el «deber de impulsar, consolidar y defender el contenido de los Estatutos de la Unión de Periodistas de Cuba » (Artículo 1), que se constituyó (15 de julio de 1963) expresamente «para la defensa de la revolución cubana. Los Estatutos de la UPEC hacen suyo «el contenido del artículo 5 , donde se reconoce al PCC como fuerza dirigente superior» (Artículo 4).

La Ley de Prensa -anunciada por el Buró Político (1984) y olvidada por la Asamblea Nacional (parlamento)- es el proyecto legislativo cardinal que afectaría al ejercicio de las libertades de palabra y prensa, tal y como sucedió con la Ley 88 (http://www.cubanet.org/ref/dis/021699.htm) de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Gaceta Oficial Extraordinaria 1, 15 de marzo de 1999).

El gobierno blandió esta ley junto con la figura delictiva del Código Penal (Gaceta Oficial Especial 3, 30 de diciembre de 1987) denominada Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado (Artículo 91), para encarcelar a 25 periodistas independientes en la Primavera Negra (2003).

El 26 de mayo del 2008, al constituirse la Comisión de Relaciones Internacionales del parlamento, el diputado Lázaro Barredo, director del periódico Granma (órgano oficial del PCC), propuso que la Fiscalía General revisara la Ley 88 y el Código Penal para castigar a quienes reciban fondos del exterior en función de ejercer el periodismo. También solicitó la extradición del periodista Carlos Alberto Montaner, junto a otras personas con causas pendientes en Cuba por supuestos actos delictivos que el gobierno cubano califica de terroristas.

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