22 septiembre 2015

Ley de Prensa Panamá: Base Legal

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I .Fundamentacióna .Marco Constitucional

Constitución:

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/panama.html

La Constitución Política de la República de Panamá, reformada por los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983, por los Actos Legislativos N ° 1 de 1993 y N ° 2 de 1994 y por el Acto Legislativo N ° 1 de 2004, establece las normas básicas que garantizan la libertad de expresión e información.

El Art. 1. establece que "La Nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo".

El Art. 17 preceptúa que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona".

El Art. 29 establece el principio de la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, los cuales no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de la autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o retención. El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar. Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas sino por mandato de autoridad judicial.

En el Art. 37 se establece el principio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento en los siguientes términos: "Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por algunos de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público".

El Art. 43 consagra el derecho de acceso a la información pública o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargos de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley.

En el Art. 44 se consagra la acción de habeas data para garantizar el derecho de acceso a la información, mediante un proceso sumario y sin necesidad de apoderado judicial.

Constitución Política de la República de Panamá.

Ibidem.

Constitución Política de la República de Panamá.

b .Status de tratados internacionales en la legislación nacionalConstitución:

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/panama.html

El Art. 4 de la Constitución Política preceptúa que: "La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional". Es lo que nuestros doctrinantes han llamado la "Teoría del bloque de la Constitucionalidad", que significa que las normas del derecho internacional, los convenios y tratados internacionales, tienen en Panamá el rango de norma constitucional, es decir, que en teoría priman sobre las Leyes y normas de inferior jerarquía.

Ibidem

c .Estructura judicial especial de prensa

No existe en nuestro país un trato distinto ni especial para la prensa o las comunicaciones ni los medios de comunicación social, distinto en materia judicial que el del resto de las personas.

II .Legislación

a .Leyes especificas de prensa
No existe en nuestro país Ley de Prensa. Las disposiciones que regulaban esa materia fueron derogadas por la Ley 22 del 29 de junio de 2005.

b .Acceso a la información

1. Habeas Data/ Acceso a la información pública y Leyes de Transparencia.

Constitución: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/panama.html

Ley 6:

http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2002/2002_302_3918.PDF
Como vimos con anterioridad los artículos 43 y 44 de la Constitución Política consagran el Derecho de Acceso a la Información Pública, y su garantía, la acción de Habeas Data.

Ese principio fue desarrollado no obstante, mediante la Ley 6 del 22 de enero de 2002, mejor conocida como Ley de Transparencia. En dicho ordenamiento legal, se establece entre otras, la obligación de informar por parte del Estado a quien lo solicite, sobre temas de interés público. Desde muy temprano, en su artículo primero, la Ley de Transparencia consagra el principio de que toda información en manos del Estado es de carácter público, con excepción de aquella confidencial o de acceso restringido. Igualmente, se consagran en la Ley las restricciones, consistentes básicamente en la información de carácter confidencial y de acceso restringido. La de carácter confidencial es aquella información en manos de agentes del Estado, que no puede ser divulgada de ninguna manera, que tenga relevancia con respecto a los datos médicos o psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales u orientación sexual, su historial penal o policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico, así como la información pertinente a los menores de edad. Para efectos de la Ley, también se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales o expedientes de recursos humanos de los funcionarios.

La información de acceso restringido, por su parte, está desarrollada en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, definiendo que se trata de aquella información que no se podrá divulgar por el término de diez años, contados a partir de su clasificación como tal, salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción dejen de existir las razones que justificaban su acceso restringido.

El propio artículo 14 establece que se considerará de acceso restringido, cuando así sea declarado por el funcionario competente:

1. La información relativa a la seguridad nacional manejada por los estamentos de seguridad.

2. Secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial, obtenidos por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas.

3. Los asuntos relacionados con procesos jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, los cuales sólo son accesibles a las partes del proceso, hasta que queden ejecutoriados.

4. La información que versa sobre procesos investigativos realizados por el Ministerio Público, la Fuerza Pública, la Policía Técnica Judicial, la Dirección de Aduanas, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, la Dirección de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

5. La información sobre la existencia de yacimientos minerales y petrolíferos.

6. Las memorias, notas, correspondencia y los documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole.

7. Los documentos, archivos y transcripciones que naciones amigas proporcionen al país en investigaciones penales, policivas o de otra naturaleza.

8. Las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las actividades del Consejo de Gabinete, del Presidente o Vicepresidentes de la República, con excepción de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos.

9. La trascripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la Asamblea Nacional, cuando se reúnan en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los numerales anteriores.

c .Leyes de radio y televisión y el contenido de la información

Ley 24: http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/1990/1999/1999_177_2031.PDF

La Ley 24 del 30 de junio de 1999, establece el marco normativo para la concesión y asignación de las frecuencias para radio y televisión. En la mencionada legislación, se incluyó un artículo que se considera restrictivo a la libertad de empresa. Se trata del Artículo 26, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Articulo 26. Prohibición de control de medios. Queda prohibido a los concesionarios de los servicios públicos de radio o televisión abierta, controlar, en forma directa o indirecta, un periódico de circulación diaria, si el área de cobertura de la estación de radio o televisión abierta cubre, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) del área geográfica en donde el periódico es distribuido o vendido. De la misma manera, los concesionarios de servicios públicos de radio o televisión abierta, no podrán ser controlados, en forma directa o indirecta, por un periódico de circulación diaria, si el periódico es distribuido o vendido en un área geográfica que cubre, por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) del área de cobertura de la estación de radio o televisión. Para los fines del presente articulo, se entiende por periódico, aquel que se publica un mínimo de cuatro veces a la semana, con contenido en idioma español. Se exceptúan de esta disposición, los periódicos publicados por centros educativos o religiosos y clubes cívicos. Se entiende que un concesionario de servicio público de radio o televisión abierta, ejerce control, en forma directa o indirecta, de un periódico, o que un periódico ejerce control, en forma directa o indirecta, de un concesionario de servicio público de radio o televisión abierta, cuando una misma persona natural o jurídica, o un mismo grupo de personas naturales o jurídicas:

Sea propietaria de más del cincuenta por ciento (50 %) del capital social del concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o del periódico, ya sea directamente o a través de una filial, de una subsidiaria o por conducto de una o más personas naturales o jurídicas; Tenga el derecho de elegir la mayoría de las personas que integran la junta directiva del concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o del periódico; Tenga el derecho a vetar o anular las decisiones que adopte la junta directiva o de accionistas del concesionario del servicio público de radio o televisión abierta del periódico; Tenga el derecho de administrar, a través de un contrato de administración, de un poder o instrumentos similares, al concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o al periódico; Tenga el derecho a nombrar, reemplazar o remover, en cualquier momento, al gerente, representante legal, presidente, secretario o tesorero del concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o del periódico, o tenga la capacidad, por sí sola o por interpuesta persona, de comprometer al concesionario del servicio público de radio o televisión abierta o del periódico, mediante acuerdo o contrato, con cualquier persona natural o jurídica, sin que se requiera que dicho acuerdo o contrato sea aprobado por la respectiva junta directiva o junta de accionistas".

Ley 24 del 30 de junio de 1999.d .Secreto Profesional o protección de fuentesLey 22:

http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2005/2005_542_1778.PDF

La Ley 22 del 29 de junio de 2005, estableció el secreto profesional y la protección de fuentes en su artículo 4, que establece que el responsable de la información o noticia difundida por los medios de comunicación social no estará obligado a la revelación de su fuente, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por sus afirmaciones.

e. Derechos de autor

La Ley 15 del 8 de agosto de 1994, establece los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos en la República de Panamá.

http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2000/2000_517_0603.PDF

f. Proyectos de ley que afectarían a la prensa

En estos momentos no se conoce de proyectos de Ley que estén en curso y que puedan afectar el libre ejercicio de la profesión periodística.

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