22 septiembre 2015

Ley de Prensa Puerto Rico: Base Legal

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I .Fundamentacióna .Marco ConstitucionalTexto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

http://www.puertoricousa.com/spanish/spanish_menu_ppd.htm

Análogo a lo dispuesto en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952 dispone lo siguiente en torno al campo de la libertad expresión y de prensa en su Sección 4 del Art. II:

"No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios."

Asimismo, la Sección 8 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico decreta lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar."

Lo expresado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en las demás disposiciones referentes a los derechos fundamentales ("Bill of Rights") es aplicable a Puerto Rico vía la Enmienda Catorce de dicha Constitución.

Lo expresado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en las demás disposiciones referentes a los derechos fundamentales ("Bill of Rights") es aplicable a Puerto Rico vía la Enmienda Catorce de dicha Constitución. Desde mucho antes que Puerto Rico tuviese su propia Constitución (1952), el Tribunal Supremo Federal había reconocido estas protecciones. Véase generalmente los "Casos Insulares", Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298, 314 (1922), Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 475 (1979) y las subsiguientes interpretaciones de la Ley Jones de 1917 y su propia Carta de Derechos que protegía las libertades de palabra y prensa.

La legislación e interpretación judicial en Puerto Rico guarda, desde el punto de vista constitucional, el mismo tipo de escrutinio o revisión judicial que el aplicado en los Estados Unidos en materia de restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Cunado una autoridad pública persigue reprimir o regular el contenido de la expresión, se utiliza un examen llamado "escrutinio estricto" que se refiere a que los tribunales deberán encontrar presente un interés apremiante por parte del gobierno para intervenir en estas libertades y deberá ser la opción menos onerosa o gravosa para los particulares. Las leyes que en alguna forma limitan el derecho constitucional de la libertad de expresión, deben ser interpretadas restrictivamente a fin de que esa limitación no traspase de lo absolutamente necesario e imprescindible. Una vez impugnada, corresponde a los tribunales la función de determinar si la reglamentación es neutral o no en cuanto al contenido de la expresión que se pretende prohibir o restringir, y quien la defienda tendría el peso de probar que la misma es estrictamente necesaria para adelantar un interés apremiante del Estado, o que cae bajo una de las clases de expresiones que no tienen protección constitucional.

Entre las clases de expresiones no protegidas se encuentran: (1) la expresión política que crea un peligro claro y presente de subversión (el "mensaje subversivo"); (2) las palabras de riña; (3) la obscenidad, y (4) la difamación; Véase Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968); Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109

Grupo de Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo Federal en el 1901 y luego relativas a los territorios adquiridos por la Nación en 1898.

b .Status de tratados internacionales en la legislación nacionalConstitución de los Estados Unidos de América

http://usinfo.state.gov/espanol/constes.htm

Art. II, sección 2, de la Constitución de los Estados Unidos de América establece que el Presidente "endrá facultad, con el consejo y consentimiento del Senado, para celebrar tratados, siempre que den su anuencia dos terceras partes de los senadores presentes." O sea, la Constitución da al Senado de los Estados Unidos la facultad de aprobar, por mayoría de dos tercios de los votos, los tratados concertados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, una parte privada no puede realizar una acción a tenor con un tratado a menos que éste cree expresamente tal derecho de acción privada.

c .Estructura judicial especial de prensa

No existe una estructura especial para el enjuiciamiento de lo delitos cometidos, o daños ocasionados, a través de los medios.

II .Legislacióna .Leyes especificas de prensa

En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no existe una ley de prensa específica sino varias disposiciones que afectan el contenido de la información y/o exigencias sobre la forma de revistas o periódicos.

La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico ha determinado, en sus Informes de la Comisión de Derechos Civiles, que cualquier ley o reglamentación que en una u otra forma restrinja previamente los derechos de expresión, de conciencia, de palabra, de prensa, de asociación y de reunión, y de petición de gobierno para la reparación de agravios, (1) tiene que ser formulada de forma clara, precisa y de determinación cierta de la conducta relacionada con el ejercicio de esos derechos, para ser válida constitucionalmente; (2) su ejecución tiene que ser uniforme, consistente e indiscriminatoria; (3) tiene que proveer de criterios, normas o guías definidos a los fines de facultar para la discreción gubernativa o administrativa; y, por supuesto, (4) tiene que servir a los propósitos de un interés substancial comunitario. 2 Der. Civ. 390, n. 8 (1971-CDC-019).

b .Acceso a la informaciónHabeas Data / Acceso a la información publica y Leyes de TransparenciaCódigo de Enjuiciamiento Civil de 1933

http://www.lexjuris.com/LEXLEX/Leyes2007/lexl2007129.htm

El Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 establece el derecho a inspeccionar y copiar todos los documentos públicos al disponer que "odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley". Ley 32 L.P.R.A. §1781.

Cuando ha habido disputas en los tribunales con respecto a una medida del gobierno de prohibir el acceso público de información pública, se ha aplicado un escrutinio intermedio. El tribunal ha evaluado los dos intereses opuestos, es decir, el interés del estado en guardar secreto ciertos documentos y el interés del particular de tener acceso a los documentos públicos. El tribunal analiza si la regulación gubernamental cae dentro del poder constitucional del gobierno, si promulga un interés gubernamental importante, si el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión y si la restricción del derecho a la libre expresión no es mayor que el logro de dicha finalidad.

c .Leyes de radio y televisión y el contenido de la información

En las leyes de Puerto Rico no existe una norma que señale restricciones en cuanto al contenido de la información transmitida a través de la radio o televisión.

Sin embargo, la transmisión mediante estos medios queda bajo la supervisión del ente regulador federal de los medios electrónicos la Comisión Federal de Comunicaciones ("Federal Communications Commission", frecuentemente referida por sus siglas como la FCC). Los estatutos que lo regulan se conocen como la Ley Federal de Telecomunicaciones, 47 U.S.C.A. § 151 a § 615b. Este grupo de estatutos, que gobiernan las industrias de teléfono, radio, televisión, Cable TV y otras relacionadas, son administrados por la FCC exclusivamente. Por lo tanto, lo que se regula mediante dichos estatutos es considerado campo ocupado.

La doctrina de ocupación del campo proviene de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. Art. VI, Cl. 2 de la Const. de EE.UU. Dispone que la ley federal tendrá supremacía sobre las leyes estatales cuando la primera no pueda coexistir con un estatuto estatal.

La ocupación del campo puede ocurrir si el Congreso expresamente lo dispone al aprobar una ley, o si al reglamentar un área específica, lo hace de forma tan abarcadora que no cabe duda que la intención federal es reglamentar la totalidad del área y no es posible ninguna otra reglamentación estatal. Este principio constitucional ha sido desarrollado para evitar la reglamentación conflictiva de la conducta de varios organismos oficiales que puedan tener alguna facultad sobre una materia específica.

d .Secreto Profesional o protección de fuentes

No existe la doctrina de la confidencialidad de las fuentes periodísticas dentro del derecho de pruebas o evidencias.

Sin embargo a nivel de las decisiones judiciales se le ha dado algún desarrollo al tema de la confidencialidad de las informaciones entre el periodista y su fuente de información.

Los tribunales se han inclinado a que es deber de toda persona colaborar con el tribunal y ofrecer toda la información de manera espontánea y completa.

Los tribunales federales, por la influencia de la jurisprudencia de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se han pronunciado a favor de reconocerles a los periodistas un privilegio condicional del secreto de sus fuentes en el desempeño de su trabajo investigativo. Ese privilegio se origina de la constitución del concepto de la libertad de prensa y el derecho a estar informado. Si se elimina la fuente de información confidencial, entonces se obstaculiza el derecho a informar de la prensa y al pueblo el derecho a estar informado.

Por regla general, se ha violado dicho privilegio en dos casos: en casos penales donde la libertad de prensa se enfrenta al derecho constitucional del debido proceso y segundo, en los casos en donde se ventilan asuntos de seguridad nacional. El derecho de mantener el secreto de las fuentes no es un derecho absoluto.

El privilegio condicional que protege a los reporteros con respecto a citaciones para compeler su testimonio con respecto a asuntos o eventos que han cubierto, es necesario en una sociedad litigiosa para asegurar el ejercicio sin cortapisas del derecho a la libertad de prensa. Si los reporteros quedan obligados constantemente a aparecer en los tribunales para testificar o a comparecer a deposiciones en casos que no los envuelven directamente, pueden quedar impedidos de investigar, cubrir y reportar las noticias de manera oportuna y efectiva.

Cabe señalar que el Secretario de Justicia de los Estados Unidos ha reconocido el significado de la libertad de expresión para proteger a reporteros de este tipo de citación al emitir la Orden Número 916-80, 28 C.F.R. § 50.10, la cual contiene unas estrictas guías sobre la notificación por el gobierno de citaciones a miembros de la prensa. Específicamente, en cuanto a comparecencias de reporteros en casos civiles, la orden establece lo siguiente:

(b) All reasonable attempts should be made to obtain information from alternative sources before considering issuing a subpoena to a member of the news media, ...

(f)(2) In Civil Cases there should be reasonable grounds, based on nonmedia sources, to believe that the information sought is essential to the successful completion of the litigation in a case of substantial importance. The subpoena should not be used to obtain peripheral, non essential, or speculative information.

Las guías antes mencionadas, entre otros requisitos, imponen la obligación de agotar todas las alternativas menos onerosas a la libertad de prensa antes de citar a un reportero.

Si bien los EE.UU. la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría la ley escudo federal ("federal shield law") el 16 de octubre de 2007, desde esa fecha consta en el calendario para ser considerado por el pleno del Senado. El proyecto de ley, también conocido como la Free Flow of Information Act, H.R.2102, daría protección a nivel federal a los periodistas a quienes abogados y fiscales federales requieren o citan para que identifiquen sus fuentes confidenciales.

e. Derechos de autorLey De Propiedad Intelectual de P.R./ Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, 31 L.P.R.A

http://www.lexjuris.com/lexlex/lexprint.htm

US Copyright Act – http://www.copyright.gov/title17/

La Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, 31 L.P.R.A. sec. 1401 et seq., prevé una protección a los derechos morales de autor sobre las obras producidas. La Federal Copyright Act, 17 U.S.C. §§ 101 et seq., ocupa el campo en esta jurisdicción únicamente cuando se trata de aspectos de los derechos patrimoniales de autor. Por tanto, la protección de la propiedad intelectual en Puerto Rico está garantizada tanto por la legislación federal como por la legislación puertorriqueña.

Cuando son invadidos los derechos de autor de un ciudadano en Puerto Rico, éste tiene la opción de acogerse a los beneficios de la ley federal sobre derechos de autor o ampararse en la legislación local en aquellos casos en que ambas no choquen. En este último caso, el derecho ejercitado es más limitado.

f. Proyectos de ley que afectarían a la prensa

A fines del 2005, se radicó en el Senado de Puerto Rico el Proyecto del Senado Núm. 1019 (P. del S. 1019) con el fin de establecer la "Ley de Protección de Fuentes Periodísticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", con el propósito de garantizar que ningún periodista o reportero podrá ser obligado a revelar la identidad de cualquiera de sus fuentes de información confidenciales ni que será sancionado por negarse a revelarlas. En la exposición de motivos del Proyecto, el legislador argumenta que "es imperativo crear una ley "escudo" "shield law" para que un periodista o reportero pueda evitar que se le obligue o compela legalmente a revelar sus fuentes de información y que impida que esté sujeto a sanciones por no hacerlo, que pudieran incluir la cárcel. Una ley escudo fomentaría el libre ejercicio del periodismo, preservando a su vez el derecho del público de enterase de noticias e informaciones que de otro modo no saldrían a la luz pública."

Sin embargo, luego de ser aprobado por el Senado, por voto cerrado, en junio del 2006, y referido a Comisión de lo Jurídico y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, no se ha tomado acción alguna al respecto para la fecha de este estudio. A fines de junio del 2008 cerró la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa para este cuatrienio, por lo que, a menos que se señale una sesión extraordinaria y se atienda el P. del S. 1019, esta medida queda engavetada y tendría que ser presentada nuevamente ante la nueva Asamblea Legislativa electa para el próximo cuatrienio que se constituirá en enero del 2009.

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