22 septiembre 2015

Ley de Prensa Puerto Rico: Excep. a la libertad de expresión

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I .Difamación, Injuria y Calumnia

La difamación se define como el desacreditar a una persona, publicando información falsa contra su prestigio, fama y reputación. La misma comprende los conceptos de libelo y calumnia, términos que son definidos estatutariamente por la Ley de Libelo y Calumnia de Puerto Rico, Ley de 19 de febrero de 1902. 32 L.P.R.A. 3141-3149, la cual crea una causa de acción torticera.

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que son la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y no la Ley de Libelo y Calumnia las fuentes principales de la protección contra injurias. Dicho estatuto sobrevive tan solo en cuanto sea compatible con las mismas.

En Puerto Rico, como cualquier Estado de la Unión Americana, el estado tiene facultad para establecer sus propias normas de responsabilidad por difamación, siempre y cuando no se imponga responsabilidad absoluta o que las reglas que se adopten no reduzcan el contenido mínimo de la Primera Enmienda de la Constitución Federal. Por tanto, las normas constitucionales federales y su interpretación jurisprudencial imponen las pautas y requisitos de protección mínimos a seguir.

La publicación de información y la diseminación de ideas, en ocasiones plantea un conflicto entre dos valores de alta jerarquía Constitucional. Por un lado, la libertad de expresión que protege la diseminación de ideas e información, especialmente si se trata de personas que ocupan una posición pública. Por el otro, está el derecho que tiene toda persona, como parte de su intimidad, a la protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación, vida privada y familiar y a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano.

Texto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

http://www.puertoricousa.com/spanish/spanish_menu_ppd.htm

El Artículo II, Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico dispone lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, reputación y a su vida privada o familiar.

El ordenamiento jurídico constitucional vigente protege ambos intereses, razón por la cual los casos de difamación requieren del juzgador un balance de intereses. El derecho a la libre expresión no es irrestricto sino que puede condicionarse cuando intereses públicos apremiantes lo requieran. Para que prospere una acción civil por libelo o difamación en Puerto Rico, el promovente debe probar lo siguiente: (1) la falsedad de la información publicada; (2) los daños reales sufridos a causa de dicha publicación; (3) la relación causal entre el acto negligente y los daños; (4) si el demandante es figura privada, hay que demostrar que las expresiones fueron hechas en forma negligente; y(5) si el demandante es figura pública, tiene que probar que la información fue publicada con malicia real, es decir a sabiendas de su falsedad o con grave menosprecio de si era falso o no.

En Puerto Rico rige la doctrina sentada por el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), a los efectos de que no es difamatoria la publicación de un informe falso o de comentarios injustificados concernientes a la conducta de una figura pública, a menos que la información fuera publicada maliciosamente, esto es, a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio a la verdad.

Esta doctrina, así como el concepto de libertad de prensa garantizado por la Sección 4 de la Carta de Derechos y por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, impusieron requisitos más rigurosos, que los establecidos en las disposiciones de la Ley de Libelo y Calumnia, en cuanto a la evidencia necesaria para probar la existencia de malicia real en la publicación. Cuando el promovente de una acción civil por difamación, ya sea por libelo (diseminación de información falsa por escrito) o calumnia (diseminación de información falsa oralmente) es una figura pública, éste tendrá que probar específicamente que quien publicó la información falsa actúo maliciosa e intencionalmente. Tienen que alegarse y probarse hechos específicos. No es suficiente afirmar meramente que la publicación fue maliciosa.

En Mangual v. Rotger-Sabat, 317 F.3d 45 (1er Cir.2003), el tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito, declaró inconstitucional el delito de difamación establecido bajo el anterior Código Penal, ahora derogado. Dicho delito imponía una multa y pena de prisión a todo aquel que "maliciosamente... públicamente deshonrare, o desacreditare, o imputare la comisión de hecho constitutivo de delito o impugnare la honradez, integridad, virtud o buena fama de cualquier persona... ". El tribunal Federal declaró dicho estatuto inconstitucional bajo la Primera Enmienda y las normas establecidas por el Tribunal Supremo Federal.

Pérez v. El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427, 441 (1999); Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867, 876, (1992); Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 690 (1984); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174, 180 (1978); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 738 (1975).

Art. II, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed.1999, pág. 301.

Clavell v. El Vocero de P.R., supra, pág. 696.

II. DesacatoNuevo Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4912

http://www.tribunalpr.org/leyes/codigopenal.htm

El Artículo 284 del Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4912, http://www.tribunalpr.org/leyes/codigopenal.htm tipifica el delito de desacato en Puerto Rico. Sin embargo, nótese que la Ley Núm. 149 del 18 de junio de 2004 no derogó expresamente la Ley de Marzo 12, 1902, p. 87, secs. 517 a 519 del Título 33, que también rigen la figura del desacato.

El mismo dispone que:

Incurrirá en delito menos grave toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Perturbe el orden, cause ruido o disturbio o se conduzca en forma desdeñosa o insolente hacia un tribunal de justicia o un juez durante el desarrollo de una investigación judicial o una sesión, tendiendo con ello directamente a interrumpir los procedimientos o menoscabar el respeto debido a su autoridad, o en presencia del jurado mientras esté en estrado o deliberando en alguna causa.

(b) Desobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra orden legal expedida o dictada por algún tribunal.

(c) Demuestre resistencia ilegal y contumaz a prestar juramento o llenar los requisitos como testigo en una causa pendiente ante cualquier tribunal, o se niegue sin excusa legítima a contestar cualquier interrogatorio legal después de haber jurado o llenado dichos requisitos.

(d) Exprese crítica injuriosa o infamatoria de los decretos, órdenes, sentencias o procedimientos de cualquier tribunal que tienda a desacreditar al tribunal o a un juez.

(e) Publique cualquier informe falso o manifiestamente inexacto sobre procedimientos judiciales, a sabiendas de su falsedad.

La Regla 242 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 242, establece el procedimiento necesario a seguir en casos donde ha habido una conducta que pudiese dar lugar a la imposición de un desacato. Dicha Regla dispone para un procedimiento sumario del desacato criminal cuando la conducta constitutiva de desacato se cometió en presencia del tribunal y así lo certifique un juez, y un procedimiento ordinario el cual requiere que al acusado se le dé una oportunidad para ser oído.

Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529, 535 (1988).

Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4912

http://www.tribunalpr.org/leyes/codigopenal.htm

El Artículo 284 del Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4912, http://www.tribunalpr.org/leyes/codigopenal.htm tipifica el delito de desacato en Puerto Rico. Sin embargo, nótese que la Ley Núm. 149 del 18 de junio de 2004 no derogó expresamente la Ley de Marzo 12, 1902, p. 87, secs. 517 a 519 del Título 33, que también rigen la figura del desacato.

El mismo dispone que:

Incurrirá en delito menos grave toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Perturbe el orden, cause ruido o disturbio o se conduzca en forma desdeñosa o insolente hacia un tribunal de justicia o un juez durante el desarrollo de una investigación judicial o una sesión, tendiendo con ello directamente a interrumpir los procedimientos o menoscabar el respeto debido a su autoridad, o en presencia del jurado mientras esté en estrado o deliberando en alguna causa.

(b) Desobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra orden legal expedida o dictada por algún tribunal.

(c) Demuestre resistencia ilegal y contumaz a prestar juramento o llenar los requisitos como testigo en una causa pendiente ante cualquier tribunal, o se niegue sin excusa legítima a contestar cualquier interrogatorio legal después de haber jurado o llenado dichos requisitos.

(d) Exprese crítica injuriosa o infamatoria de los decretos, órdenes, sentencias o procedimientos de cualquier tribunal que tienda a desacreditar al tribunal o a un juez.

(e) Publique cualquier informe falso o manifiestamente inexacto sobre procedimientos judiciales, a sabiendas de su falsedad.

La Regla 242 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 242, establece el procedimiento necesario a seguir en casos donde ha habido una conducta que pudiese dar lugar a la imposición de un desacato. Dicha Regla dispone para un procedimiento sumario del desacato criminal cuando la conducta constitutiva de desacato se cometió en presencia del tribunal y así lo certifique un juez, y un procedimiento ordinario el cual requiere que al
acusado se le dé una oportunidad para ser oído.

Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529, 535 (1988).

III. Privacidad – Derecho a la honra, a la intimidad, a la propia imagenTexto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

http://www.puertoricousa.com/spanish/spanish_menu_ppd.htm

La Constitución del Estado Libre Asociado expone que "a dignidad del ser humano es inviolable....". El derecho a la intimidad cobija a las personas contra ataques abusivos a la honra y la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Este derecho "puede hacerse valer entre personas privadas ... s por ello que la protección opera tanto frente al Estado como ante personas particulares."

Por su parte, en el ámbito Federal el Tribunal Supremo ha dictaminado, que la Enmienda XIV cobija el derecho a la intimidad, a base del concepto de libertad personal allí levantado.

Se ha establecido, que el criterio rector para extender la protección de la intimidad gravita en si la persona que lo reclama tiene una expectativa legítima a la intimidad en consideración a los hechos del caso. El Tribunal Supremo ha dispuesto que para que esa expectativa de intimidad sea razonable, deben concurrir dos elementos:

(a) que el reclamante, dentro de las circunstancias de su caso, tenga una expectativa real de que su intimidad se respete (criterio subjetivo); y

(b) que la sociedad esté dispuesta a reconocer esa expectativa como legítimo o razonable (criterio objetivo).

El Tribunal Supremo Federal consistentemente ha sostenido la validez constitucional de la publicación de información obtenida legalmente de records públicos.

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977); Borucki v. Ryan, 827 F.2d 836 (1987).

Vega Rodríguez v. Telefónica, supra, a la pág. 602.

Texto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

http://www.puertoricousa.com/spanish/spanish_menu_ppd.htm

La Constitución del Estado Libre Asociado expone que "a dignidad del ser humano es inviolable....". El derecho a la intimidad cobija a las personas contra ataques abusivos a la honra y la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Este derecho "puede hacerse valer entre personas privadas ... s por ello que la protección opera tanto frente al Estado como ante personas particulares."

Por su parte, en el ámbito Federal el Tribunal Supremo ha dictaminado, que la Enmienda XIV cobija el derecho a la intimidad, a base del concepto de libertad personal allí levantado.

Se ha establecido, que el criterio rector para extender la protección de la intimidad gravita en si la persona que lo reclama tiene una expectativa legítima a la intimidad en consideración a los hechos del caso. El Tribunal Supremo ha dispuesto que para que esa expectativa de intimidad sea razonable, deben concurrir dos elementos:

(a) que el reclamante, dentro de las circunstancias de su caso, tenga una expectativa real de que su intimidad se respete (criterio subjetivo); y

(b) que la sociedad esté dispuesta a reconocer esa expectativa como legítimo o razonable (criterio objetivo).

El Tribunal Supremo Federal consistentemente ha sostenido la validez constitucional de la publicación de información obtenida legalmente de records públicos.

Personas públicas vs. Personas privadas

En el ámbito del derecho a la intimidad, la condición de figura pública no priva por completo al individuo de su expectativa a la intimidad. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que catalogar a un demandante como "figura pública" significa "que para prevalecer en un pleito de difamación se le someterá a un criterio más riguroso de prueba, que su derecho a la intimidad pesa menos que el derecho de otros a la libre expresión, a menos que demuestre la existencia en éstos de malicia real". Sin embargo, la figura pública no pierde su intimidad por completo, y su personalidad no es de dominio público para propósitos comerciales.

Ante un reclamo de violación a este derecho constitucional, "a cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete". Es decir, lo que constituye un ataque abusivo o una intromisión a la intimidad dependerá de las circunstancias particulares en que se manifiesta la acción estatal o personal, y la naturaleza del interés privado que se quiere proteger. El criterio rector para determinar si existe o no la protección es si quien la reclama tiene una expectativa legítima a la intimidad bajo las circunstancias particulares del caso

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977); Borucki v. Ryan, 827 F.2d 836 (1987).

Vega Rodríguez v. Telefónica, supra, a la pág. 602.

Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 483; Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 692-693 (1984).

IV .Buenas costumbres: Menores, obscenidad

A través del Código de Enjuiciamiento Criminal en su sección 2.208, Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2208, se establece que los juicios en contra de menores de edad, el público no tendrá acceso. Específicamente dispone que "l público no tendrá acceso a las salas en que se ventilen los casos de menores a menos que los padres, encargados o el representante legal del menor demanden que el asunto se ventile públicamente y en todo caso bajo las reglas que provea el Juez."

Asimismo, según la sección 2.237 inciso (d), 34 LPRA sec. 2237(d), se dispone que los expedientes en los casos de menores se mantendrán en archivos separados de los adultos y no estarán sujetos a inspección por el público. La jurisprudencia ha establecido que la Ley de Menores busca principalmente balancear la responsabilidad del Estado de proveer rehabilitación a los menores incursos en faltas y el que los menores deben responder por sus actos. "Es en busca de este balance, y con el fin de promover la rehabilitación y habilitación de los menores, que tanto la Ley de Menores, como las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores, consagran como principio cardinal la confidencialidad de los procedimientos y limitan particularmente el acceso del público a los expedientes y a los procesos judiciales en que los menores son objeto". Pueblo en el interés del menor P.R.B., 163 DPR ___, 2004 TSPR 170, 2004 JTS 176.

Por los mismos fundamentos, en el inciso (e) de la sección 2.237, 34 LPRA sec. 2237(e), se prohíbe la publicación del nombre o imagen del menor y se establece como desacato al tribunal la violación de esta norma.

La ley Núm. 149 de Junio 18, 2004, ef. Mayo 1, 2005, enmendó en términos generales el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En lo que aquí nos concierne, el delito de obscenidad fue revisado de conformidad con las pautas jurisprudenciales sentadas en el caso de Miller v. California, 13 Cr. L. 3161.

Se ha añadido un artículo estableciendo penalidades más fuertes cuando la conducta o el material obsceno sea dirigido a menores de 16 años. Además, se han establecido normas más estrictas en la definición de obscenidad, en protección de los menores. El Artículo 155 del Código Penal, 33 L.P.R.A. § 4783 dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Toda persona que ... posea, prepare, publique, o imprima cualquier material obsceno en Puerto Rico, con la intención de distribuirlo, venderlo, exhibirlo a otros, o de ofrecerlo para la distribución o la venta, incurrirá en delito menos grave.

Si el delito descrito en el párrafo anterior se lleva a cabo para o en presencia de un menor, o se emplea o usa a un menor para hacer o ayudar en la conducta prohibida, incurrirá en delito grave de cuarto grado.

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