Bolivia

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Reunión de Medio Año

Punta Cana, República Dominicana

8 al 11 de abril de 2016

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Medio millar de radioemisoras comenzaron una dificultosa travesía en la burocracia estatal para renovar sus licencias, mientras la amenaza de su silenciamiento está dictada por una norma que impone la venta de frecuencias.


En 2011, el gobierno aprobó la Ley General de Telecomunicaciones que dispone una nueva distribución del espectro radial y disminuye la participación de las radiodifusoras comerciales. A estos corresponde un 33 por ciento, y guarda el 67 por ciento restante para el Estado, las comunidades interculturales y los pueblos indígenas que ahora sintonizan con la continuidad de Morales.


La amenaza a las radioemisoras se suma a la permanente asfixia tributaria que enfrentan medios privados independientes y que en muchos casos sufrieron el recorte de la publicidad estatal.


El contexto político en que se presenta el anuncio de cierre de emisoras y venta de frecuencias, describe un ambiente adverso al presidente Evo Morales que el pasado 21 de febrero perdió en las urnas la posibilidad de postularse por cuarta vez a la Presidencia, junto a su vicepresidente Álvaro García.


La radio como medio masivo es fundamental en la comunicación boliviana y su señal logra mayor cobertura en relación a la televisión y los diarios, y por ello el Gobierno, en su estrategia de dominio cultural, ideológico y político, prioriza la ocupación de espacios radiales con mensajes de apoyo del presidente Morales.


Un 51,30 por ciento de 5,1 millones de votantes rechazó una modificación constitucional que habilite su participación en las próximas elecciones, y sólo un 48,70 por ciento respaldó la idea que surgió de organizaciones sociales afines al Presidente.


Morales, que gobierna de manera continua desde el 22 de enero de 2006, se resiste a asimilar el resultado de la consulta y anuncia una "segunda vuelta" con el claro interés de prolongar su mandato al margen de la decisión de un electorado que cuestiona hechos de corrupción protagonizados por su entorno político.


Los resultados del 21 de febrero de 2016 llevaron al gobierno y a sus seguidores asociados en las Federaciones de cultivadores de hojas de coca, a proponer un control y regulación de las redes sociales. El propio presidente Morales atribuyó a los ciudadanos que cuestionaron su gestión en Facebook y otras redes de promover una "guerra sucia" y atribuyó la autoría a operadores "políticos y del exterior".


En materia de agresiones a periodistas y medios, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que durante el año 2015, un total de 29 agresiones físicas y verbales fueron registradas, con un incremento en relación a las 23 agresiones del año 2014, y el Parlamento sigue sin aprobar un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información.


Dos periodistas fueron encarcelados por orden judicial, en un hecho sin precedentes en la democracia boliviana, desde su reinstauración en 1982, y reñido contra los derechos de protección al trabajo de comunicadores y medios. Un tercer periodista fue arrestado por emitir un comentario, en franca vulneración del derecho a la opinión de la Constitución. Se trata de los periodistas Juan Carlos Quisbert de El Diario, de La Paz; Juan Carlos Paco, Radio Líder, de Potosí y del también radialista Esteban Farfán Romero, de Yacuiba, en la frontera con Argentina, quienes fueron arrestados y liberados poco después.


Grupos gremiales, activistas políticos, policías, deportistas y dirigentes deportivos están entre los principales agresores, según los datos de la ANP.


En los primeros meses del año, el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, atribuyeron a los periodistas y medios independientes el papel de portavoces de partidos de derecha y de Estados Unidos.


La reacción gubernamental surgió en respuesta a la difusión de noticias relacionadas al desfalco de 182,7 millones de dólares del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), y a las denuncias sobre tráfico de influencias realizadas por el periodista Carlos Valverde Bravo y que vinculan al propio presidente Morales.


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