Costa Rica

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Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 a 11 de abril de 2016
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Últimamente se experimentó una serie de afrentas al ejercicio del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados, por parte de las autoridades de Estado y en cierta dosis del crimen organizado.


El gobierno, varias veces criticado por retener información y obligado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a entregarla, está preocupado por garantizar el derecho de acceso, cuando le bastaría pedir a sus funcionarios cumplir con la ley vigente.


A esa súbita "preocupación" obedece el borrador de un proyecto de ley que la administración piensa presentar a la Asamblea Legislativa. El proyecto es un caballo de Troya, ataviado con el supuesto ánimo de adoptar parámetros internacionales.


El proyecto de ley crea procedimientos, regulaciones y excepciones inexistentes a la fecha, como las "políticas económicas del Estado antes de su emisión" y la "prevención, investigación y persecución de delitos". También carece de sanciones significativas para el caso de incumplimiento y abre puertas a interpretaciones antojadizas sobre la publicidad de determinadas informaciones.


Sin embargo, el peligro más grave es el riesgo de rechazo de los recursos de amparo en la Sala Constitucional porque, aprobada una ley específica, los reclamos de acceso a la información podrían ser considerados asuntos de legalidad, no de constitucionalidad, y pasarían a la jurisdicción contencioso administrativa, imposible de navegar sin asesoría de un abogado, repleta de formalidades y acostumbrada a resolver los casos en años.


En la actualidad, cuando un funcionario se niega a entregar información, se acude a la Sala Constitucional y se gana. Si el funcionario no cumple la orden de entregar los datos, puede enfrentar un proceso penal por desobediencia, castigada hasta con tres años de cárcel. Por eso entregan la información sin falta.


La Nación acaba de tener esa experiencia. Fallos anteriores de la Sala declararon de interés público los salarios de todos los funcionarios del Estado. El periódico solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social su planilla. La institución se negó a entregarla y luego pretendió cobrar por ella. La Nación denunció el caso y la Fiscalía anunció el inicio de una investigación por desobediencia. La información fue suministrada, gratuitamente, de inmediato.


Se une a este proyecto, el uso de la pauta publicitario estatal, la cual es otorgada en ocasiones a frecuencias, cerca de 100, que operan en la ilegalidad y favorecen el discurso de gobierno, discriminando a medios críticos.


Un proyecto de ley General de Cultura, en comisión legislativa, sugiere la intervención del Estado en los contenidos de los medios electrónicos, principalmente televisivos, obligándolos a colocar en las parillas por tiempos definidos temas culturales y folklóricos.


Altos funcionarios del Poder Legislativo y Ejecutivo advirtieron a dos empresas periodísticas para que mesuraran las publicaciones sobre crimen organizado, capos del narcotráfico que operan en el país, aduciendo que la integridad física de los periodistas corría peligro. Pese a ello no se ofrecieron medidas de protección a comunicadores y medios.


Se registraron amenazas contra varios periodistas por algunos grupos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.


No puede ignorarse que la Presidencia y otros ministerios impiden a varios medios, como El Mundo cr., Crhoy, Diario Extra y La Nación, hacer preguntas durante las conferencias de prensa.


Por el contrario, los periodistas se ven expuestos a llamadas de atención públicas del mismo presidente Luis Guillermo Solís y miembros del gabinete, así como a ser sacados de las listas de correos electrónicos y giras oficiales.


Algunos medios reciben sugerencias de funcionarios de gobierno para el cambio de periodistas pues difieren de la cobertura que realizan.


En los Tribunales de Justicia ya consta jurisprudencia contra un par de medios para eliminar publicaciones web sobre hechos particulares, considerando así el derecho al olvido.


Un grupo de diputados nacionales envió una carta a la Presidencia exigiendo que retirara frecuencias del espectro radioeléctrico a algunas empresas que a su criterio las concentran, pese a estar a derecho según la ley nacional, tal acción en medio de un debate por reformar la ley de radio y tv nacional.

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