PARAGUAY

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Informe ante la 71ª Asamblea General

Charleston, Carolina del Sur

2 al 6 de octubre de 2015


En este semestre han tenido lugar acontecimientos de suma relevancia para la libertad de prensa.

En agosto, el Tribunal Supremo Federal brasileño falló por la extradición a Paraguay de Vilmar Acosta Marques, «Neneco», sindicado como autor moral del asesinato del periodista del diario ABC Color Pablo Medina (53) y su asistente Antonia Almada (19) el 16 de octubre de 2014. Acosta Marques fue capturado en marzo en Naviraí, estado de Mato Grosso del Sur, Brasil. El trámite para la extradición al país se estima en unos tres o cuatro meses.

Por este crimen que conmocionó al país y visibilizó el influjo del narcotráfico en la política nacional, fueron imputados el entonces intendente de la ciudad de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques (39), de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado); su sobrino Flavio Acosta Riveros (30) y su chofer, Arnaldo Javier Cabrera López (37).

Políticos y comunicadores debaten sobre los riesgos que la concentración de medios de comunicación en manos del jefe de Estado pueda representar para la democracia y la libertad de prensa. En este último semestre ha tenido lugar una controvertida adquisición de medios de prensa por el grupo empresarial ligado al presidente Horacio Cartes e iniciada por su hermana, Sarah Cartes, dueña, desde abril del conglomerado de radioemisoras y diarios del Grupo La Nación (conformado por los diarios La Nación y Crónica, y las radioemisoras FM Montecarlo 100.9 y AM 970), y proseguida con la compra en agosto, por el Grupo Nación de Comunicaciones, del diario Popular, el diario digital Hoy y la radio online Laser Stream, tres de los seis medios del Grupo Multimedia, del expresidente Juan Carlos Wasmosy (no fueron adquiridas las radioemisoras Uno 650 AM, Popular FM y Corazón FM) y la mayoría de las acciones del Holding Hei Network, que, además de contar con canales de televisión musicales para públicos específicos (Hei Música, Vint y Tropicalia, los dos últimos próximos a lanzarse), se dedica a la generación de contenidos en radio y televisión y proyectos digitales.

Tras el asesinato del cronista radial Gerardo Severino Servián Coronel el 5 de marzo, su hermano, Francisco Servián, denunció que el periodista solía criticar a la intendencia del distrito de Zanja Pytã, del partido gobernante Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado). Servián Coronel trabajaba en la radioemisora Ciudad Nueva, de la localidad de Zanja Pytã, a 10 kilómetros de Pedro Juan Caballero, fue interceptado en el barrio Da Granja, de la ciudad de Ponta Porã, Brasil, por otra motocicleta tripulada por dos sicarios que abrieron fuego contra él.

En abril, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica, inició una querella criminal por presunta difamación contra el periodista Roberto Pérez de Radio Uno, solicitando la máxima pena pecuniaria y penitenciaria por unos comentarios que le molestaron a la magistrada. El periodista presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte alegando que la querella de la ministra viola varias disposiciones constitucionales.

En julio, Ruth Almada, testigo presencial del doble asesinato del periodista Medina y su asistente, declaró ante el juez Carlos Martínez y la fiscal Sandra Quiñónez. Almada, hermana de la asistente y única sobreviviente del atentado en Villa Ygatimí, reveló que Medina contó que Vilmar Acosta lo había amenazado de muerte. También reconoció como autor material del homicidio a Wilson Acosta Marques.

En julio, la periodista de radio Blanca Natalia Rojas denunció que recibió amenazas del intendente de Villa Florida, Michel Flores, de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), por denunciar y criticar su gestión administrativa.

En setiembre, en un comunicado conjunto, el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Coordinadora de Periodistas en Alerta (CPA), manifestaron su preocupación por la compra de medios por parte del Grupo Cartes, y sostuvieron que el Gobierno no ha sabido proteger ni defender la libertad de prensa y expresión en el país, que han sido asesinados cinco periodistas y que los ataques se han incrementado en el interior del país durante la presidencia de Horacio Cartes.

En setiembre, la Corte Suprema de Justicia creó en sesión plenaria la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública encargada de aplicar la Ley Nº 5282/14, "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental".

Apenas en vigencia la Ley 5282/14, el canciller Eladio Loizaga dispuso que para poder conceder entrevistas, dar conferencias de prensa o entablar contacto con los medios de comunicación, los viceministros, asesores, secretarios y directores generales del Ministerio de Relaciones Exteriores deberán contar con la autorización del Servicio de Información y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En setiembre, el ministro de la Presidencia Juan Carlos López Moreira, notificó la obligatoriedad de sintonizar en todas las instituciones públicas que tengan salas de espera, los medios de comunicación estatales y, en concreto, la señal Paraguay HD TV Digital, ex TV Pública.

Ante los cuestionamientos que generó la resolución, López Moreira recibió a los periodistas y sostuvo que no era una imposición sino una recomendación. Aseguró que no se sancionará a los funcionarios que no la sigan.


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