NICARAGUA

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Informe ante la 71ª Asamblea General

Charleston, Carolina del Sur

2 al 6 de octubre de 2015


La avidez de poder de Daniel Ortega no tiene límite. Controla todas las instituciones, organismos y dependencias del Estado y del Gobierno, civiles y militares. Tiene bajo su poder, o influencia determinante, a la casi totalidad de organizaciones sociales y gremiales. A los muy pocos medios de comunicación social que permanecen libres e independientes, Ortega les impide acceder a la información pública, manteniendo un estricto embargo informativo.

En mayo Ortega hizo un intento serio de aumentar mucho más su dominio de medios, con una iniciativa de Ley sobre la Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de la Banda Ancha que contenía disposiciones que en la práctica se traducirían en el control absoluto del Estado sobre el flujo de información en internet. Esto se lograría por medio de una empresa estatal que sería el punto de interconexión nacional que canalizaría toda la información, además la información de correos electrónicos, contenidos y nombres de usuarios a quien administra la empresa.

La oposición unánime de los partidos de oposición, sectores políticos democráticos, sociedad civil y principalmente el COSEP, la cúpula de la empresa privada que es la única con la que el gobierno mantiene una especie de consenso, hizo que Ortega retrocediera en su intento, que no es el primero, ya que en 2013 hubo otro mediante las reformas a la Constitución bajo el pretexto de la seguridad nacional, que también fue abandonado por el gobierno.

Es importante mencionar estos intentos fallidos porque demuestran que Ortega y su gobierno no cesarán en su objetivo de controlar la información en el internet.

El Gobierno mantiene una limitación absoluta de toda la información oficial a los medios que no controla. El Gobierno no cumple con la ley 621 (Ley de Acceso a la Información Pública) las páginas web de las instituciones del Estado están desactualizadas, o no disponibles, o llenas de propaganda política.

La publicidad oficial es exclusiva para los medios oficialistas, ni siquiera anuncios para prevenir o instruir a la población sobre epidemias o emergencias similares se publican en medios independientes.

En junio, Edison Lanza, el relator especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó la política de control directo e indirecto, o la neutralización de todos los medios de comunicación por medio de un duopolio en la televisión, quedando solo un canal abierto independiente, solo una emisora independiente importante de radiodifusión y un solo medio importante impreso como resultado de la política gubernamental de controlar toda la información.

Son múltiples las formas de censura indirecta que el régimen practica de manera sistemática, ya sea por medio de juicios a funcionarios que osan dar una opinión o impidiendo que los periodistas tengan acceso a la información, o a los eventos públicos oficiales, o por medio de la expulsión del país de periodistas y defensores de los Derechos Humanos extranjeros.

Estos son los casos más relevantes:

A principios de marzo el médico y teniente primero del Ejército de Nicaragua, Yader Montiel Meza, fue acusado penalmente y condenado por la justicia militar, aunque con la pena mínima, por haber emitido comentarios críticos tras la represión policial contra los protestantes por el Canal en El Tule (poblado en la ruta del canal) el 24 de diciembre del año pasado. Según la denuncia de la fiscal militar, testigos del centro de salud local señalan que Montiel habría señalado que "estábamos como en los años ochenta, en presencia de una "Navidad Roja", ya que se estaba tiñendo de sangre de nuestros hermanos campesinos, que están defendiendo sus derechos". El artículo del Código Militar que establece el delito contra el decoro militar –por el cual se acusó y condenó al teniente Montiel– no fue violado por el teniente Yader Montiel Meza, ya que este artículo no menciona la crítica. Además lo que criticó el acusado no era una operación militar, sino policial, no andaba uniformado y estaba de pase cuando expresó los comentarios, que además no los hizo en ningún medio de comunicación.

El Gobierno prohibió la entrada al país del caricaturista francés Jules Berjeaut ("Jul"), que publica en Charlie Hebdo. Jules era invitado a un foro bajo el lema "Palabras en Libertad" en el encuentro regional de escritores "Centro América cuenta" que desarrolló entre el 18 y 23 de mayo. La negación de la entrada al país de "Jul" se considera un contrasentido ya que el mismo presidente Ortega el 8 de enero le expresó al Presidente de Francia la solidaridad del Estado nicaragüense ante el acto de barbarie cometido contra Charlie Hebdo.

En esa misma fecha el Gobierno expulsó de Nicaragua a los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés) Luis Carlos Buob y Marta González, quienes fueron maltratados, cateados y robados sus teléfonos celulares antes de ser subidos a la fuerza a un avión para expulsarlos de Nicaragua. Los abogados de la CEJIL habían acompañado a organizaciones nicaragüenses a una audiencia ante la CIDH en Washington, DC, en marzo de este año, para plantear las violaciones de sus derechos que pueden implicar el proyecto del canal interoceánico por la empresa concesionaria china HKND.

El Poder Judicial dominado por el Ejecutivo prohíbe la entrada a los periodistas independientes a los juicios que por alguna razón no les conviene que sean publicitados, mientras que los periodistas de medios oficiales siempre pueden estar presentes. En uno de estos juicios, al empresario Milton Arcia, que tuvo una gran repercusión en la opinión pública, el vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, justificó su actuar criticando a la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) como "una tristemente célebre asociación de periodistas de Nicaragua que financia la familia Chamorro y el diario La Prensa". La APN por su parte planteó una querella por injurias y calumnias y pidió a Larios una disculpa, pero este reiteró su posición y dijo que lo que había hecho era más bien una crítica a la Asociación para que abandonara "la política de amancebamiento" con lo que llamó la "derecha mediática oficialista". La querella fue rechazada por el juez quien ordenó archivar definitivamente el caso.

Cada miércoles grupos opositores hacen plantones frente a la sede del Consejo Supremo Electoral exigiendo elecciones libres, observación electoral, cedulación sin discriminación, de acuerdo a la misma Ley Electoral. Ante estos plantones el gobierno ha tomado diferentes actitudes, unas violentas, otras de obstaculizar o enviar contra marchas etc. El miércoles 15 de julio el presidente Ortega envió a sus oficiales de policía a bloquear, intimidar y agredir a las personas que participaban en la protesta, varios diputados fueron fuertemente golpeados y detenidos a pesar de su inmunidad. Los periodistas que cubrían el evento no fueron respetados, Moisés Castillo gravaba un video cuando fue agredido y detenido y a, quien trasmitía en vivo, le arrebataron el teléfono celular y lo detuvieron. Ambos periodistas son de Radio Corporación. A Jorge Torres, fotógrafo de La Prensale dañaron a bastonazos la cámara rompiéndole el lente.

A los periodistas de La Prensa y demás medios independientes no se les permite la entrada a eventos públicos oficiales. Esta política ha llegado a la ridiculez de no permitir la presencia de periodistas independientes en la inauguración de un paso de tránsito a desnivel, a las celebraciones de las fiestas patrias en las plazas públicas, ni al sitio de la batalla de San Jacinto en la celebración del aniversario, la más importante en la guerra contra los Filibusteros.

En Jalapa, Nueva Segovia, la estación de Radio Comunitaria del Movimiento de Mujeres Oyanka fue expropiada, sus equipos fueron tomados por TELCOR sin previo aviso, alegando que estaban operando en otra frecuencia. El presidente de la Cámara de Radiodifusión dijo que no ameritaba un cierre sino una orientación o plazo para resolver ya que estaba autorizada en la frecuencia 90.3 y operaba en la 90.5.

El canal 7 de cable local, transmitido en el pueblo de Matiguás, departamento de Matagalpa, fue cerrado por la empresa de cable. El dueño del canal alega que fue porque criticó al alcalde, pero los dueños del cable local alegan que el canal no pagaba la cuota correspondiente, razón por la cual lo cerraron. No se pudo comprobar una versión independiente.

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