MÉXICO

Aa
$.-

Informe ante la 71ª Asamblea General

Charleston, Carolina del Sur

2 al 6 de octubre de 2015


Huelga decir que este fue uno de los periodos más violentos para la libertad de prensa en el país. Lo que sí tiene de particular es que hacía décadas que un periodista no era asesinado en la ciudad capital, implicando que ya no hay lugar seguro para ejercer la profesión en el país.

Llamó la atención el crimen del periodista Rubén Espinosa, asesinado junto a cuatro mujeres activistas de los derechos humanos poco tiempo después de que buscara refugio en el Distrito Federal (DF) tras las amenazas recibidas en Veracruz, estado donde trabajaba.

Además de Espinosa, otros dos periodistas fueron asesinados.

El 27 de marzo, Omar Cruz Reyes, alcalde del municipio de Medellín de Bravo en Veracruz, fue desaforado por la legislatura estatal para que enfrente la acusación en su contra por la presunta autoría intelectual del homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo ocurrido en enero.

Las investigaciones arrojaron que el asesinato habría sido ordenado por el alcalde Cruz Reyes, quien está prófugo.

El 4 de mayo, el periodista y locutor Armando Saldaña Morales, de Veracruz, fue asesinado y su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura en una zona limítrofe de esa entidad y Oaxaca. Trabajaba en las emisoras de radio "La Ke Buena" y "Radio Max".

El crimen se cometió con evidente saña. El cuerpo tenía cuatro impactos de bala en la nuca y huellas de tortura. Fue abandonado a metro y medio de su camioneta. El 22 de mayo, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca detuvo a Juan Carlos de la Cruz Vergara, por este homicidio.

El 1 de julio fue asesinado el periodista Filadelfio Sánchez Sarmiento, en Oaxaca. Era locutor de radio de "La Favorita" en el municipio de Miahuatlán. Se desempeñaba como director de radio 103. 3 FM. Le dispararon en más de cinco ocasiones cuando se trasladaba por la calle. El periodista había denunciado amenazas de muerte en su contra.

Entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto, fue asesinado el fotoperiodista de Cuartoscuro, Rubén Espinosa Becerril, de 31 años de edad, junto con cuatro mujeres en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Todas las víctimas presentaban disparos en la cabeza con pistola 9 milímetros.

Espinosa Becerril vivía desde hace poco en el DF, luego de abandonar Jalapa, Veracruz, tras haber sido agredido y amenazado por autoridades de ese Estado durante su trabajo como corresponsal de la agencia.

El 11 de agosto, ante presiones de la opinión pública y organizaciones pro libertad de expresión, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se presentó a declarar en la Fiscalía General de ese Estado.

Una semana después, efectivos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tomaron la declaración de cinco funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Duarte como parte de la investigación del homicidio. Hasta la fecha no ha habido conclusiones.

Otros hechos relevantes

El 15 de mayo, MVS Radio dio por terminada su relación de trabajo con la periodista Carmen Aristegui Flores.

Se desató una controversia sobre el caso que era tema eminentemente laboral, pero la conductora dio a conocer que sucedió después de difundir el reportaje sobre la "Casa Blanca", propiedad de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, había molestado en las altas esferas políticas.

Junto con Aristegui otros 13 colaboradores más fueron despedidos.

El 10 de marzo, el periodista saltillense Milton Andree Martínez Galindo denunció "una persecución en su contra por parte de las autoridades estatales", a través de un video difundido por redes sociales.

El periodista tiene un portal noticioso caracterizado por hacer duras críticas contra las autoridades del Estado. También recibió amenazas a través de "trolls".

En el estado de Quintana Roo, considerado el segundo más peligroso para el ejercicio del periodismo en el país, se encuentra en consulta la Ley de Borge que contempla la creación de una Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero en la que se incluyen propuestas que han despertado el enojo del gremio periodístico de esa entidad.

Esa Comisión podría determinar, decretar, evaluar, suspender, y en su caso modificar, las medidas de prevención y urgentes de protección a periodistas en peligro.

La ley propuesta por el gobernador Roberto Borge pretende regular el "acceso a las fuentes de información", pues el ingreso a actos públicos será solo para "periodistas debidamente acreditados" y "una vez cubiertos los requisitos previamente establecidos para su ingreso".

En agosto, el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció la entrada en vigencia de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, con la que se busca reforzar la protección a los periodistas.

La Ley surge tras varios años de trabajo y de concertación entre miembros de la sociedad civil, organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas y funcionarios.

Prevé, entre otros aspectos, reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público; garantizar la integridad física, psicológica, moral y económica de los periodistas cuando se encuentran en riesgo debido al ejercicio de su actividad; la asignación Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social que podrán estar disponibles en 24 horas, para ofrecer a los periodistas hospedaje y comida.

Artículo 19 publicó su informe en el que registró 227 agresiones contra la prensa en el primer semestre del año.

Una materia pendiente en México sigue siendo la falta de reglas claras para la asignación de la publicidad oficial, ejercicio que aunque en menor medida, sigue siendo un método de censura indirecta.

El presidente Peña Nieto se comprometió a regular la publicidad oficial en 2012 a través del Pacto Por México, pero sus intenciones se mantienen "congeladas".

La propuesta contemplaba la creación de una institución ciudadana y autónoma, encargada de supervisar la contratación de la publicidad en los tres niveles de gobierno.

Compartí

0