CHILE

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Informe ante la 71ª Asamblea General

Charleston, Carolina del Sur

2 al 6 de octubre de 2015


Existen hoy algunas modificaciones realizadas a la legislación, propuestas regulatorias y reforma de leyes vigentes, que atentan directa o indirectamente contra la libertad de expresión y de prensa.

La Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Social, entregó a la Presidenta, el 7 de octubre de 2014, las conclusiones de su trabajo. Dentro del capítulo referido a la Participación Ciudadana y Control Democrático se propone un conjunto de medidas bajo el título "Fortalecer a los Medios de Comunicación Locales y Regionales" que de ser recogidas en propuestas legislativas o en medidas administrativas generarían efectos perjudiciales para la libertad de expresión y de prensa.

La primera de las medidas propone que se garantice "constitucionalmente el derecho a la información y comunicación en tres tipos de medios: 1. Privados, 2. Públicos, 3. Comunitario, regional y multicultural". La segunda busca garantizar una cuota del 33% en concesiones de televisión digital y espectro radial para medios de comunicación sin fines de lucro de carácter regional, local, comunitario y multicultural. La tercera se refiere al avisaje estatal. Al respecto, la Comisión plantea una "Ley espejo del avisaje estatal" indicando que "el 50% de lo que el Estado gasta en difusión a través de medios de comunicación masivos, deberá ser asignado al fortalecimiento de los medios de comunicación regionales, locales y comunitarios."

Las propuestas de reforma a la Constitución Política de la República que ha planteado el actual Gobierno, revisaría el capítulo que contiene la definición básica de los derechos de las personas, entre ellos la libertad de expresión.

Se indica, como parte de la propuesta, que "una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución del avisaje público, de manera de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información". Será importante revisar la forma en que quedarán reconocidos y protegidos estos derechos, y con qué amplitud podría aplicarse esta legislación, pudiendo entrometerse en las líneas editoriales de los medios.

Sobre el debate de un nuevo texto constitucional es indispensable que la libertad de expresión sea garantizada de manera amplia y precisa, así como el secreto profesional y la posibilidad de crear y mantener medios de comunicación.

Existen varios proyectos de ley en tramitación.

El Proyecto sobre responsabilidad extendida del productor: consiste en el establecimiento de un nuevo sistema de gestión de residuos mediante un instrumento de gestión ambiental de carácter obligatorio denominado "Responsabilidad Extendida del Productor" para nueve categorías de productos, dentro de las cuales están incluidos los "diarios, periódicos y revistas".

Consiste en que el fabricante o importador de ciertos productos deberá hacerse cargo del producto una vez terminada su vida útil, debiendo cumplir con las metas de reciclaje, establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto contiene varios peligros para la libertad de expresión y de prensa.

Por primera vez en la historia de nuestra legislación – la cual ha asegurado la protección de la libertad de prensa desde 1812 – para vender un diario, periódico o revista se requerirá de una autorización previa por parte del Ministerio del Medio Ambiente, constituyendo una forma de "censura previa" contraria al artículo 19 nº 12 de la Constitución, a la Ley Nº 19.733 sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo" y a tratados internacionales celebrados y ratificados por Chile.

La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá la facultad de decretar la prohibición de venta de un diario, periódico o revista mientras no se haya dado cumplimiento a las metas de recolección o valorización establecidas en los decretos supremos que para estos efectos dicte el Ministerio del Medio Ambiente, ya que, de acuerdo al proyecto, "no cumplir con las metas de recolección y valorización" constituye una "infracción gravísima", que dará lugar a la sanción de "prohibición de vender el producto prioritario mientras se mantenga la infracción".

No existe en la legislación chilena una figura similar a la propuesta. La Ley de la Prensa considera la suspensión del medio solamente en caso que los Tribunales de Justicia así lo determinen y para el caso excepcional de que existiera un incumplimiento reiterado de parte de dicho medio a las obligaciones de informar. La legislación medioambiental considera la "clausura temporal o definitiva" sólo en caso de actos que hayan afectado a la salud de la población.

El proyecto establece que tanto los comercializadores como los distribuidores de diarios, periódicos y revistas tienen la obligación de aceptar, sin costo alguno, la entrega de los residuos de productos prioritarios de parte de los consumidores, siempre que sus instalaciones tengan una superficie suficiente.

De esta forma, cualquier establecimiento comercial donde se vendan diarios, periódicos o revistas tendrá la obligación de recibir estos "residuos" y, adicionalmente, se les obliga a entregárselos en forma gratuita a los gestores contratados por el respectivo sistema de gestión. Lo anterior constituye una restricción al derecho de propiedad y un menoscabo al derecho de libre iniciativa económica.

El principal problema del proyecto en estudio es que desconoce la realidad de diversas industrias. Por un lado, hay una desarrollada industria de reciclaje de papel, con las cuales la prensa trabaja a diario y por otro existen múltiples sociedades periodísticas de pequeño tamaño para quienes una carga como la que establece el proyecto, es desproporcionada.

La ANP ha presentado a algunos parlamentarios una propuesta de modificación al proyecto en tramitación, que tiene como finalidad excluir a los diarios periódicos y revistas de este proyecto. Dicha modificación no ha sido aún sometida a discusión.

El Proyecto de ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (Boletín N° 9790-07):presentado por el gobierno establece medidas para lograr "campañas electorales con equidad y respecto a la ciudadanía". Dentro de éstas, se señala que sólo se podrá efectuar propaganda electoral en los medios de prensa y radioemisoras que hayan informado sus tarifas al SERVEL (Servicio Electoral), a más tardar al momento en que venza el plazo para inscribir candidaturas.

Con a obligación que se establece a los medios de prensa de informar sus tarifas, bajo sanción de impedirles publicar propaganda política, se están estableciendo límites al derecho de propiedad de los medios que limitan sus ingresos y dificultan que puedan desarrollar sus labores.

Lo que se busca con esta obligación es que haya transparencia en las campañas políticas, sin embargo, hoy los medios de prensa tienen sus tarifas a disposición del público en sus páginas web, a las que todos pueden acceder. Además el SERVEL cuenta con las atribuciones para que los candidatos a cargos de elección popular exhiban los montos pagados por publicidad.

El Colegio de Periodistas de Chile A.G., en conjunto con parlamentarios, ha venido insistiendo desde hace algunos meses en exceptuar a los periodistas del inciso cuarto del artículo 22 del Código del Trabajo, el cual establece que la jornada de trabajo de 45 horas semanales no le es aplicable a aquellos que "trabajen sin fiscalización superior inmediata (...) o, presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones".

Los periodistas de los medios han estado de acuerdo en que su trabajo no se someta a una jornada de una cantidad de horas diarias, sino que a una jornada más flexible, con compensaciones de diversa índole, como pago extra en caso de jornadas extensas de trabajo o períodos más prolongados de vacaciones, entre otras.

El proyecto de ley implica un perjuicio no sólo para las empresas periodísticas, que deberán contar con diversos turnos de trabajo, sino que también para los mismos periodistas, quienes se verán perjudicados en sus remuneraciones.

La Dirección del Trabajo, a instancias del Colegio de Periodistas, ha iniciado un proceso sistemático de control a los medios con constante fiscalizaciones que han implicado el pago de multas con altas sumas de dinero.

El proyecto de ley que modifica la Ley de Protección de Datos Personales N°19.628: presentado en enero de 2012, incluye al ejercicio periodístico y la libertad de expresión. El proyecto considera la necesidad del consentimiento previo y expreso para la entrega de los datos personales y establece ciertas circunstancias en las que este consentimiento no sería necesario, tales como urgencias médicas, investigación criminal o estudios estadísticos. Sin embargo, no se incluyen en este listado las investigaciones periodísticas, dejando a la actividad informativa sujeta a la legislación relativa a la protección de los datos personales y limitando de este modo el acceso a la información para los periodistas.

Los medios podrían verse obligados a eliminar cierta información, al tener que acoger las solicitudes de eliminación que autorizaría la ley.

Un proyecto de leybusca modificar la Ley de Prensa en lo relativo al derecho de aclaración o de rectificación que asiste a las personas que hayan sido injustamente aludidas u ofendidas por algún medio entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Corresponde a una medida injustificada, primero, porque supone un amplio período de tiempo durante los cuales los "ofendidos" tienen derecho a rectificar, lo que significa ampliar el plazo de prescripción actual de 20 días a 40 años. En segundo lugar, el ejercicio de este derecho implica la judicialización de las rectificaciones.

Bajo el pretexto de incentivar la música nacional, la Ley de Fomento a la Música Chilena establece la obligación para las radios de destinar al menos el 20% de su programación a la difusión de artistas nacionales. Este porcentaje sólo puede ser cubierto por la transmisión de música – excluyendo por ejemplo entrevistas – y en determinadas franjas horarias, implicando una intervención directa en la línea editorial y de programación de un medio. Además dispuso su implementación inmediata, eliminando la recomendación de establecer un plazo de al menos dos años para que las radioemisoras acomodaran sus programaciones.

También se establece que los espectáculos o conciertos internacionales deberán contratar teloneros chilenos, de lo contrario, tendrán que pagar el IVA sin acogerse a la exención tributaria.

En junio se publicó el reglamento de la Ley sobre Etiquetado de Alimentos que contiene restricciones y límites a la publicidad de dichos alimentos, impactando negativamente la libertad de expresión, ya que la venta de avisaje y publicidad es una de las principales formas de financiamiento de los medios de comunicación y una restricción en este sentido, puede significar una dificultad aún mayor para los medios para seguir informando libremente.

En los casos de radiodifusión televisiva, esta publicidad sólo se podrá realizar entre las 22:00 y las 06:00 horas, con la consiguiente limitación a la venta de publicidad y financiamiento de los medios.

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