BOLIVIA

Aa
$.-

Informe ante la 71ª Asamblea General

Charleston, Carolina del Sur

2 al 6 de octubre de 2015


En el primer año del tercer mandato consecutivo del presidente Evo Morales y mientras sus bases partidarias estudian una prolongación indefinida de su permanencia en la presidencia, las presiones a los medios de información se hacen más visibles.

La publicidad estatal se transformó en instrumento de censura. El presidente Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera, admitieron la exclusión de los medios que, en su opinión, hacen política y mienten.

El periodismo boliviano observa con preocupación el efecto de esta intervención indirecta que determinó el alejamiento de la periodista Amalia Pando del medio radial con mayor sintonía, Erbol. Posteriormente esto afectó a otros influyentes periodistas como Enrique Salazar, conductor del programa televisivo QNMP tras un encontronazo verbal con la ministra de Comunicación, Marianela Paco en el mes de mayo y del jefe de prensa de Cadena 'A', John Arandia, poco tiempo después.

La renuncia de la periodista Pando a su emisora, el pasado 27 de agosto, quedó como demostración de la efectividad de una política gubernamental de asfixia a los medios críticos con su gestión. Antes de alejarse de los micrófonos de la emisora católica, la comunicadora describió una sistemática acción del gobierno que, además de retirar sus anuncios, presionó a organizaciones no gubernamentales y atemorizó a empresas privadas para evitar la difusión de publicidad en Erbol.

Durante una interpelación en la Asamblea Legislativa, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, informó que en 2014 se emplearon un equivalente a 93,6 millones de dólares en la "difusión de información" de su despacho, y proyectó un gasto de 41 millones de dólares en 2015. Pero eludió proporcionar el dato de distribución de publicidad entre medios estatales, comunitarios y privados, el motivo por el cual fue llamada a informar por diputados de oposición.

El legislador de la opositora Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, reveló que el 55 por ciento de la publicidad estatal es dirigido a las redes de televisión privadas ATB, PAT, y la BTV administrada por el Ministerio de Comunicación. La cifra asignada a estos tres medios es próxima a los 60 millones de dólares, y su cobertura en audiencia alcanza solamente a un 10 por ciento de los públicos, según un estudio difundido por el diputado (Los Tiempos, 29/08/15).

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció en 2014 que una política de cerco tributario y asfixia financiera amenazaba la independencia de los medios bolivianos.

En 2015, un total de cinco medios impresos, radiales y de Tv fueron sancionados con elevadas multas por difundir información relacionada a elecciones locales y regionales, como efecto de una legislación electoral que impide la difusión de encuestas, una norma contraria a las libertades constitucionales.

La Unidad de Monitoreo y vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia duplicó la publicación de alertas. En 2014, los reportes de agresiones físicas y verbales, y otros casos que afectaron al trabajo de los periodistas totalizaron 43, mientras en los primeros ocho meses de 2015 ascendieron a 60 casos.

El año que transcurre queda empañado por el encarcelamiento de dos periodistas mientras cumplían su tarea informativa.

El periodista del periódico El Diario, Carlos Quisbert, fue enviado a prisión el 9 de marzo por orden de una jueza que consideró a su labor de investigación como una interferencia a las indagaciones que intentan esclarecer la muerte de un niño en un hogar estatal de protección a menores.

El 24 de julio, el periodista de Radio Líder de Potosí, Juan Carlos Paco, fue encarcelado por otra jueza que consideró a su labor informativa como una acción violenta contra policías antimotines. Paco cubría el conflicto originado en las demandas de organizaciones sociales del departamento de Potosí que se trasladaron a La Paz para exigir al presidente Morales la construcción de infraestructura que ayude al desarrollo de una de las regiones más empobrecidas de Bolivia.

La ANP y organizaciones sindicales de trabajadores de la prensa se movilizaron y consiguieron la liberación de ambos periodistas, pero la acción de la Fiscalía y la justicia queda como un signo de advertencia a los periodistas que tratan de informar con imparcialidad.

El 4 de septiembre, una fiscal ordenó la detención del periodista Esteban Farfán Romero en la ciudad de Yacuiba, departamento de Tarija, bajo el supuesto cargo de calumnia. Tras 24 horas de privación de libertad un juez dispuso que el comunicador asuma su defensa en libertad. Farfán realiza denuncias sobre hechos de corrupción que son atribuibles a autoridades locales.

Las críticas de organizaciones no gubernamentales (ONG) a la gestión gubernamental llevaron al endurecimiento de las normas que regulan el funcionamiento de entidades civiles sin fines de lucro, fundaciones y centros de investigación social. El vicepresidente Álvaro García Linera amenazó con echar del país a las organizaciones que cuestionan al gobierno porque considera que el trabajo de análisis adquiere carácter político.

Como consecuencia de las advertencias gubernamentales, un total de 38 organizaciones no gubernamentales fueron declaradas "irregulares" y no podrán realizar transacciones financieras. Como consecuencia de las advertencias gubernamentales, un total de 38 organizaciones no gubernamentales fueron declaradas "irregulares" y no podrán realizar transacciones financieras.

Entre las entidades afectadas se encuentran la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Red Nacional de Trabajadores de la Información y Comunicación (Red ADA).

Al menos en dos oportunidades, las páginas web de los medios estatales Cambio, Agencia Boliviana de Informaciones (Abi) y del Ministerio de Comunicación sufrieron ataques cibernéticos desde sitios localizados en Chile.

Los ataques consistieron en reemplazar los mensajes de las páginas por leyendas de rechazo a la demanda boliviana por una salida al mar a través de regiones que le pertenecieron antes de la Guerra del Pacífico, en 1879.

Los delitos informáticos tienen escasa legislación en Bolivia. El artículo 363 bis del Código Penal sobre manipulación informática señala: El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con una multa de sesenta a doscientos días.

El artículo 363 ter sobre Alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, señala: El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa hasta doscientos días.

Otros hechos sobresalientes en este período:

El 24 de agosto: el Ministerio de Trabajo de Bolivia asoció la campaña de solidaridad de oyentes de Radio Erbol con el lavado de dinero y abrió la sospecha de que "Los organismos internacionales del imperialismo, como la –Central de Inteligencia Americana- CIA, y otros, pueden utilizar esos mecanismos para continuar con sus ataques en contra del Gobierno del Proceso de Cambio y continuar con sus procedimientos de Golpes Suaves".

El 10 de agosto: la periodista Amalia Pando denunció el intento gubernamental de clausurar Radio Erbol de La Paz, como una parte de la estrategia orientada al silenciamiento de medios independientes con el objetivo político de la reelección indefinida del presidente Evo Morales, y convocó a la solidaridad ciudadana para financiar el trabajo de la emisora.

El 17 de julio: la periodista y conductora de un programa de televisión independiente que se difunde en la población fronteriza de Yacuiba (Tarija), al sur del país, Nataly Herrera Vedia, recibió amenazas de violación y quema de su casa a través de mensajes de las redes sociales y generadas en teléfonos celulares de seguidores del subgobernador José Quecaña.

El 3 de junio: el periodista independiente de la ciudad de El Alto, Roger Romero Cossío, fue golpeado por un grupo de personas a las cuales atribuye una actitud de venganza por las denuncias de corrupción que realiza en su programa de televisión.

El 15 de abril: el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz multó a Radio Televisión Universal (RTU) del municipio boliviano de Montero por emitir propaganda electoral sin autorización y el director del medio, Ciro García Becerra, impugnó la sanción. El pago en efectivo de la multa de 55.000 dólares podría provocar el cierre del canal, advirtió el comunicador.

El 1 de abril: los periodistas de los canales privados de televisión PAT, Irene Torrez, y Edwin Choque, de la Red Uno, denunciaron a Hugo Morales, hermano del presidente Evo Morales, y su acompañante de apellido Lazo, por agresiones y amenazas mientras el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro exigió disculpas públicas.

El 27 de marzo: la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa del departamento de Cochabamba se declaró en emergencia y vigilia permanente tras las amenazas y presiones políticas sufridas por sus afiliados, durante la cobertura informativa previa a las elecciones subnacionales del 29 de marzo.

El 19 de marzo: los camarógrafos de la Red Uno, Luis Miguel Oporto, y de Canal 34, Erick Mayta, fueron agredidos a palos por militantes del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), mientras intentaban una entrevista con el candidato oficialista a la Alcaldía, Édgar Patana.

El 19 de marzo: la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que el Tribunal Electoral Departamental de Beni impuso una multa de 72.000 bolivianos (unos 10.374 dólares) al periódico La Palabra del Beni por la difusión de una conferencia de prensa convocada por el gobernador de la región, Carmelo Lens, el pasado 2 de marzo

Compartí

0