IMPUNIDAD/MÉXICO

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Resolución de la 71ª Asamblea General

Charleston, Carolina del Sur

2 al 6 de octubre de 2015


CONSIDERANDO que la desconfianza hacia las autoridades encargadas de investigar los ataques a periodistas ha crecido ante la falta de resultados, por ello los avances para esclarecer los asesinatos de los periodistas no son aceptados por familiares y compañeros, además de que en los expedientes no existen pruebas que confirmen que las autoridades hayan agotado la línea de su trabajo periodístico como móvil y en cambio se enfocan a hipótesis personales o circunstanciales

CONSIDERANDO que el estado de Veracruz vive un estado de emergencia porque continua sin resolver y someter a juicio a todos los responsables de los 18 crímenes y de cuatro informadores desparecidos, aunque no todos esos ataques estarían relacionados con su profesión, el estado de impunidad en que se encuentran impide identificar los móviles y abre la posibilidad a que los embates continúen, por lo que es el estado que mantiene el mayor número de comunicadores desplazados a otras entidades o países, ante la falta de condiciones de seguridad y que incluso ha permitido el ataque a bienes e instalaciones de diarios este año

CONSIDERANDO que organismos internacionales como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expuesto que México vive una situación grave en materia de violación de derechos humanos, y la falta de libertad de expresión es uno de esos derechos vulnerados, porque en una tercera parte del país la autocensura es la única forma de preservar la vida ante la falta de seguridad y la persistente impunidad en los casos de asesinatos y secuestros de informadores

CONSIDERANDO que en los estados de Campeche, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y en el Distrito Federal, existen pruebas de que en casos de amenazas, secuestros, homicidios, presiones y acusaciones penales o civiles, existen funcionarios municipales o estatales involucrados que a través de ataques cibernéticos o físicos a instalaciones; así como amenazas directas o a través de redes sociales, utilizan estos medios para censurar a medios e informadores críticos y, en algunos casos, hasta obligarlos a desplazarse a otras zonas por miedo

CONSIDERANDO que continúan presentándose ataques directos a periodistas durante la cobertura de manifestaciones y protestas, así como en hechos de violencia del día en diferentes estados, en la mayoría de los casos están involucrados, por acción u omisión, policías locales y federales al no existir protocolos de actuación en cuanto al trabajo que desarrollan los medios de comunicación

CONSIDERANDO que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR continúa sin contar con una estructura sólida y eficaz, y la voluntad suficiente para atender los casos de ataques a periodistas, registrando sólo en este año una averiguación previa por homicidio, otra por desaparición, y 86 iniciadas por otros delitos

CONSIDERANDO que por lo menos la tercera parte de los estados del país cuentan con legislaciones locales para la protección de comunicadores, además del mecanismo de protección para defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pero ninguna de esas herramientas ha frenado y revertido la impunidad, ni las amenazas y riesgos para los periodistas en México

CONSIDERANDO que el 10 de agosto entró en vigor en el Distrito Federal la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, que por las definiciones que incluye la coloca como la más moderna en el país, garantizar la integridad física, psicológica, moral y económica de los informadores y familia cuando se encuentran en riesgo por su actividad, y proteger a los comunicadores que lleguen de otros lugares, fuera del Distrito Federal, a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser víctimas; sin embargo no se han asignado los recursos ni se conoce el personal que haya sido asignado, elementos indispensables para garantizar la aplicación del mecanismo funcionará adecuadamente

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Exigir a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que investigue de manera urgente y a fondo los casos de ataques a periodistas bajo su jurisdicción, someta a juicio a todos los responsables y que estos sean sentenciados, y en caso de no ser capaz de hacerlo se declare incompetente y envíe los expedientes a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR

Demandar a las procuradurías de justicia de Veracruz, Guanajuato, Oaxaca y Distrito Federal, que lleven a cabo investigaciones a fondo y eso incluya el no descartar la hipótesis de su profesión como móvil de los asesinatos de periodistas cometidos en sus entidades, y que sus pesquisas se den a conocer públicamente para que no queden dudas sobre ellas.

Exigir de forma urgente a la procuradora General de la República que atraiga bajo su jurisdicción los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, por tratarse de hechos sistemáticos y cometidos posiblemente por autoridades locales o grupos criminales, y en los que la procuraduría de justicia de la entidad, desde 2003 que comenzaron éstos, no ha sido capaz de resolver a fondo y de forma total estos ataques, lo que ha reducido los espacios de libertad de expresión y coloca en riesgo a más informadores

Demandar de forma enérgica a las procuradurías de justicia de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Estado de México, Yucatán, Campeche, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Distrito Federal y autoridades federales a que investiguen de forma real y urgente, y resuelvan los casos de ataques directos y amenazas a periodistas e instalaciones de medios de comunicación, para impedir que continúe la autocensura y desplazamiento de los informadores y sea una puerta abierta a cometer ataques mayores

Exhortar a las fuerzas federales, estatales y municipales vinculadas con la seguridad en México a que elaboren, promulguen y difundan al interior y fuera de sus instituciones los protocolos de actuación en diferentes situaciones, para que tanto sus elementos como los propios periodistas conozcan sus derechos y límites en las coberturas en los que ambas partes se encuentren.

Demandar a la procuradora General de la República, Arely Gómez, que saque de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y reubique en una de las subprocuradurías que por definición están dedicadas a investigar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y la dote de equipo, personal y recursos económicos suficientes para que lleve a cabo su tarea de forma seria, oportuna y profunda

Exigir a los gobiernos federal y estatales, así como del Distrito Federal, que acompañen las legislaciones y mecanismos de protección a periodistas que han promulgado con personal capacitado, recursos económicos suficiente e infraestructura suficiente para que no continúen siendo herramientas ineficientes e ineficaces.

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