ARGENTINA

Aa
$.-

Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


En el comienzo de un año de cruciales elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en la Argentina, el escenario es crecientemente complejo para el periodismo. El hallazgo del cuerpo del fiscal Alberto Nisman con una bala en la cabeza, un día antes de presentarse ante el Congreso para ampliar una denuncia contra la presidente de la Nación, conmueve a sus ciudadanos desde hace un mes y medio.

El Gobierno reaccionó acusando a sectores de la Justicia y medios de comunicación de llevar a cabo maniobras de desestabilización política. La presidente Cristina Kirchner embistió contra los medios por la cobertura de la multitudinaria marcha que se realizó al cumplirse un mes de la muerte del fiscal, se refirió una vez más a la "cadena nacional del odio y el desánimo", acusó a Clarín y La Nación de apropiación de la papelera Papel Prensa, y calificó a la libertad de expresión como un privilegio aparentemente exclusivo de esos diarios.

En su primera manifestación pública sobre el hecho, Cristina Kirchner esbozó una hipótesis conspirativa que sugería que las tapas del diario Clarín estaban relacionadas con la denuncia del fiscal muerto. Luego la presidente trazó una hipótesis en la que vinculó sugestivamente al Grupo Clarín con Diego Lagomarsino, único imputado en la causa por haber suministrado a Nisman el arma encontrada junto a su cadáver, señalando equivocadamente que su hermano era gerente de sistemas de la empresa periodística. Por su parte, el consejo nacional del Partido Justicialista acusó a La Nación y Clarín de "pretender enlodar a la presidenta con una finalidad claramente desestabilizadora". Una preocupante escalada contra Clarín se registró cuando el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, siguiendo la costumbre del presidente Rafael Correa, rompió dos páginas de ese diario en medio de una conferencia de prensa.

Damián Patcher, el periodista que dio la primicia de la muerte de Nisman, decidió exiliarse en Israel denunciando que temía por su seguridad. La agencia oficial Télam y la Casa de Gobierno, desde su cuenta de Twitter, difundieron información e imágenes con datos del pasaje aéreo del periodista provistos por la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

La embajada de Bélgica en Buenos Aires transmitió a la cancillería argentina un pedido de protección consular solicitado por la periodista belgo-española Teresita Dussart, quien manifestó su preocupación por el hostigamiento desplegado por medios afines al oficialismo a raíz de su cobertura sobre el caso Nisman.

En los últimos días, se verificaron acciones que vuelven a mostrar indicios de persecución penal contra editores periodísticos críticos aparentemente vinculada con la cobertura del caso Nisman. El gobierno reavivó su vieja acusación contra directivos de esos diarios por delitos de lesa humanidad en la adquisición de la empresa Papel Prensa, cuestión que ya había sido juzgada en democracia sin hallarse delito alguno. En este contexto, en las últimas semanas se verificaron presiones al juez de la causa tanto en discursos presidenciales como cables de la agencia oficial de noticias, sugiriendo directamente la realización de una indagatoria a los editores. En la misma línea, a fin de año, a instancias de la Procuradora General de la Nación (alineada con el Poder Ejecutivo), se apartó sorpresivamente al fiscal que venía entendiendo en la causa y se nombró, en un trámite cuestionado, a un fiscal subrogante de una agrupación cercana al Gobierno.

Antes de que se produjera la muerte del fiscal, la prensa desarrollaba su actividad en medio de un clima nutrido por manifestaciones hostiles y difamatorias por parte de funcionarios, medidas gubernamentales discriminatorias e iniciativas restrictivas para la libertad de expresión.

El 11 de febrero, durante una teleconferencia con la Presidente, el ministro y precandidato presidencial Florencio Randazzo afirmó que los medios "lo que hacen es omitir información, tergiversar, faltar a la verdad, respondiendo a intereses muy alejados de los que dicen defender".El 10 de febrero, un cable de la agencia estatal Télam afirmó que la empresa de cable del Grupo Clarín tenía cuentas bancarias no declaradas en Suiza, a pesar de que el grupo mediático consignó que estaban legalmente registradas ante la autoridad impositiva argentina para el pago de obligaciones en el exterior.

Los montos de la pauta oficial continuaron creciendo en el último semestre. Durante el mes de febrero el Gobierno anunció un aumento por decreto del equivalente a 21 millones de dólares al cambio oficial en la partida destinada a la difusión de actos oficiales de la Nación. Esto dejó el monto de la pauta empleada por el gobierno nacional durante 2014 arriba de los 200 millones dólares, que es prácticamente el doble de lo aprobado oportunamente por el Congreso nacional. Si se suman los avisos de los organismos descentralizados y las empresas estatales, las partidas del programa Fútbol para Todos y el mantenimiento de los medios públicos, la cifra total se triplica.

Más allá del crecimiento exponencial que la publicidad oficial ha tenido en los últimos años, no es menos preocupante la discrecionalidad con que se distribuye. Sigue empleándose como herramienta de condicionamiento editorial, en abierta contradicción a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en sus fallos y por las recomendaciones realizadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, entre otros organismos internacionales.

Esta práctica no es exclusiva del gobierno nacional. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha aumentado el rubro de publicidad oficial de manera exponencial desde que accedió al poder. Y el de la provincia de Buenos Aires, por mencionar otro de los dos grandes distritos argentinos, ha inundado las calles con avisos que llevan el color que distingue al gobernador, lanzado de lleno, y antes de los tiempos legales, a su campaña a presidente.

En el terreno judicial, durante el mes de noviembre el juez federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, procesó por encubrimiento a Germán Sasso, director de la radio y sitio periodístico La Brújula 24, medida que se sumó al allanamiento del medio y al secuestro de material periodístico y que implican una clara presión que afecta la protección constitucional del derecho a preservar las fuentes periodísticas.

El 12 de diciembre, el juez Horacio Alfonso dictó una medida cautelar que suspendió el desmembramiento forzoso de los medios del Grupo Clarín, previamente determinado por el AFSCA, a través de una medida que marca un uso discriminatorio e instrumental de la ley, contrariando el fallo de la Corte Suprema que exige un trato igualitario en la aplicación de la ley de medios. Hace dos semanas, un fallo de segunda instancia ratificó la decisión del juez Alfonso. Paralelamente, diez destacados periodistas del Grupo obtuvieron un amparo judicial, dictado por el juez Pablo Cayssials, que suspendió el remate de oficio de esos medios por el riesgo cierto a sus fuentes de trabajo y su libertad de expresión.

También en diciembre, el día 16, la mayoría oficialista aprobó en la Cámara de Diputados una ley que regula el mercado de telecomunicaciones favoreciendo a las empresas telefónicas y eliminando las restricciones impuestas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que estas últimas ofrezcan servicios audiovisuales. Previamente y pese a las restricciones el AFSCA, la autoridad de aplicación de la ley de medios, aprobó el plan de adecuación presentado por uno de los canales televisión propiedad de la empresa Telefónica.

En tanto, el flagelo del narcotráfico se sigue extendiendo en la Argentina y comienza a afectar seriamente el libre ejercicio de la actividad periodística.

El 13 de noviembre Germán de los Santos, corresponsal de La Nación en la ciudad de Rosario, recibió amenazas de muerte a través de llamados telefónicos a raíz de sus notas sobre el accionar de bandas narco en esa ciudad. El periodista y su familia debieron abandonar Rosario y someterse a un programa de protección policial para garantizar su seguridad. Este caso se suma a otros anteriores y similares que muestran el crecimiento de una grave amenaza para la prensa, hasta hace poco infrecuente en la Argentina.

Compartí

0