BOLIVIA

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Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


Ya está en marcha un modelo político enunciado como socialista y comunitario, expuesto una vez más por el vicepresidente Álvaro García Linera en la inauguración de la tercera gestión consecutiva del gobierno actual. El modelo, según las explicaciones oficiales, busca la toma definitiva del poder con el dominio total de la economía y los medios de producción, que supone el control en la emisión de ideas, opiniones y mensajes a través de los medios masivos.

Entre 2013 y 2014 se registró una metódica persecución fiscal a empresas periodísticas independientes por supuestas deudas tributarias, y por otro lado una política de discriminación de la asignación de publicidad estatal, con la intención de condicionar la independencia de las líneas editoriales. Esto se evidenció en la reciente campaña electoral en la que se benefició a los medios afines al gobierno.

Además se están imponiendo normas que obligan a los medios a publicar, de manera gratuita, grandes avisos de apoyo a campañas estatales de seguridad ciudadana o la obligatoriedad de financiamiento para un seguro de vida para los trabajadores del sector.

Los medios independientes soportan dificultades financieras que hacen insostenibles sus operaciones, el pago de salarios y beneficios sociales. A fines de 2014, varias empresas enfrentaron la dificultad de pagar un salario y dos aguinaldos, uno de los cuales ha sido impuesto por el supuesto crecimiento de la economía.

La presión tributaria, la privación de publicidad estatal y el nuevo tributo para el seguro de vida están llevando a algunos medios a una condición de sobrevivencia.

La nueva modalidad combina las presiones tradicionales contra la libertad de expresión con las presiones a la libertad de empresa.

Varios periódicos sufrieron un permanente acoso de funcionarios encargados de fiscalizar el pago de impuestos. Algunos casos están destinados al anecdotario. Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SIN) visitaron un periódico y solicitaron información de archivo con una fecha anterior a la fundación del medio, en un vano intento por imponerle una multa por incumplimiento de pago.

Este tipo de caso se registra sistemáticamente cada vez que un medio publica alguna noticia desagradable para el gobierno. La respuesta de los funcionarios es inmediata, visitan el medio y solicitan documentación.

Los funcionarios también acuden a los anunciadores advirtiéndoles que la contratación de espacios en el periódico afectado implicará represalias tributarias para la persona o empresa que ignore la advertencia.

El gobierno controla ya, por vía directa o indirecta, varios medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales. Bajo el Ministerio de Comunicación opera una red de más de 130 estaciones comunitarias de radio en municipios rurales.

Según la política del Ministerio de Comunicación, los medios estatales deben estar al servicio de las necesidades y consignas políticas del gobierno. Canal 7, Televisión Boliviana, la red de radio Patria Nueva y el periódico Cambio reflejan esa política.

En paralelo, existe también una fuerte influencia del oficialismo en el movimiento sindical del sector. Los sindicatos de trabajadores de los medios privados en La Paz, han fracasado en sus esfuerzos por renovar la dirección sindical del departamento, controlada por gente políticamente afín al Gobierno.

Los afanes de control estatal afectaron en 2014 a la Fundación para el Periodismo, creada en 2007 de común acuerdo entre la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz como brazo académico de las dos instituciones.

Los actuales directivos de la Fundación para el Periodismo, cuya gestión de cinco años concluyó en 2014, concertaron acuerdos formales de cooperación y trabajo conjunto con el Ministerio de Comunicación, sin consulta con la ANP. Debido a ello, la ANP resolvió desconocer esos convenios y dejar en statu quo su relación institucional con la Fundación.

Otros hechos importantes en este periodo:

El procurador general del Estado, Héctor Arce, acusó en 2014 a dos periodistas del periódico La Razón, de La Paz, de revelar secretos de Estado y de espionaje y emprendió acciones en un tribunal ordinario a pesar de estar vigente la Ley de Imprenta que tiene entre sus competencias el proceso de personas que hubieren cometido un delito al realizar una publicación a través de la prensa.

El parágrafo segundo del artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que la veracidad y responsabilidad se ejercerán mediante normas éticas y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta).

En respuesta, La Razón, otros medios y la ANP se movilizaron para defender los principios sobre el secreto de las fuentes. El procurador general y la justicia ordinaria resolvieron finalmente derivar el caso a un Tribunal de Imprenta.

La Unidad de Vigilancia y Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresión de la ANP reportó el asalto y desmantelamiento de Radio Cruz Andina, en la población de Uyuni, departamento de Potosí, el 12 de agosto, en medio de un conflicto regional en el que estaba cuestionada una autoridad local que pertenece al partido gobernante. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT) justificó la medida bajo el argumento de que el medio de comunicación operaba sin licencia.

La ANP condenó el saqueo y la destrucción de Televisión Amazónica y el incendio de la vivienda de la directora del medio, Marilyn Rivero. Los responsables de estos hechos fueron personas vinculadas a la toma de tierras que acudió a la violencia tras ser denunciados a través del canal de televisión.

Este 2015 se cumplirán siete años sin novedades por la muerte del periodista radial Carlos Quispe. Tampoco hay avances en los casos de los periodistas asesinados Víctor Hugo y Verónica Peñasco en la ciudad de El Alto, ni el de Eugenio Aduviri en la sede de Gobierno.

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