COSTA RICA

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Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


Se han producido algunos intentos promovidos por sectores políticos con la intención de obstaculizar la libertad de prensa, especialmente en casos de acceso a información pública.

La ministra de Justicia, Cristina Ramírez Chavarría, negó información solicitada por el periodista de La Nación David Delgado sobre el hacinamiento carcelario que existe en el país. La Sala Constitucional acogió un recurso del periodista y obligó a la funcionaria a entregarle la información.

La respuesta inicial de la funcionaria fue garantizar la entrega de la información. Posteriormente, presentó un recurso de adición y aclaración, algo que permite la Ley de Jurisdicción Constitucional, en un intento de obstaculizar el cumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional. El recurso fue rechazado y de forma unánime los jueces reiteraron la obligación de la funcionaria de entregar la información, lo que ésta todavía no cumplió.

Otro caso particular se suscitó cuando el diputado socialdemócrata Rolando González solicitó a Casa Presidencial un listado con el nombre de las personas que visitan esa sede, petición que fue negada por el Poder Ejecutivo alegando que demasiada transparencia ponía en riesgo la seguridad y la soberanía del país.

En diciembre último, el directorio legislativo, cuyo presidente representa al partido oficial, junto a miembros de dos bancadas más acordaron dictar una directriz que impide a los funcionarios del congreso brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Dicha medida generó confrontación con los comunicadores y, pese a los reclamos, los diputados insistieron en centralizar las informaciones nacidas de la Asamblea Legislativa.

El caso causó tal revuelo que un diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) recurrió ante la Sala Constitucional para pedir a los magistrados que declararan inconstitucional dicha directriz, sin que exista resolución al respecto.

Otro de los casos que muestran una clara violación a la libertad de prensa y expresión fue la expulsión de periodistas de la sala del Congreso, promovida por otro legislador del partido de gobierno mientras se discutía el presupuesto nacional. Para su planteo, Ottón Solís adujo motivos de seguridad e infraestructura limitada.

En un acto de rebeldía y desafío a los medios de prensa, el diputado aseguró que no dudaría, pese a la condenatoria, en sacar de salas públicas a cualquier periodista si lo creyere conveniente.

Hace tan solo una semana, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, pautó una cadena nacional de televisión para decirle al pueblo que los medios de comunicación nacional informan de manera parcializada sobre la gestión gubernamental. Increpó así a periodistas y empresarios nacionales y desafió las líneas editoriales. Solís Rivera se muestra molesto y confrontativo con la labor periodística desde que tomó el poder.

En tanto, en el Congreso se debate la Ley de Radio y Televisión, que busca reducir a solo cinco años el plazo de concesión de las frecuencias, lo que plantea una severa restricción para planificar inversiones y condiciona las líneas editoriales, al someter las concesiones a permanentes revisiones por parte de los gobiernos.

También existe en el Congreso un proyecto de ley, promovido por el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para obligar a los medios de comunicación a entregar espacios publicitarios en periodos electorales.

El articulado busca que las empresas dedicadas a la actividad informativa otorguen espacios gratis, obligatorios, a los grupos políticos que mayor porcentaje de votos tengan en las elecciones.

Los medios de comunicación han expresado que la normativa es tendenciosa y representa una imposición a las líneas editoriales, así como un debilitamiento económico, pues la pauta debe ser gratuita en espacios elegidos por el Estado.

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