EL SALVADOR

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Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


El gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén ha tenido que sumarse a fortalecer la democracia, no obstante que muchos de sus dirigentes y algunos iniciativas puestas en marcha pretenden entorpecer este proceso a través de presiones, poner cortapisas a la distribución de la publicidad gubernamental, cerrar fuentes de información pública o crear un sistema de leyes contrarias a la libertad de expresión.

El peligro de imponer cárcel a los periodistas por supuesta difamación ha quedado diluido cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia generó jurisprudencia que garantiza el libre ejercicio de la libertad de expresión. En enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia validó el derecho a la crítica periodística hacia los funcionarios públicos, a raíz de una demanda de un funcionario policial contra La Prensa Gráfica.

Hay indicios preocupantes que pueden convertirse en limitantes a la libertad de expresión:

Existe un sistemático bloqueo para acceder a entrevistas a funcionarios públicos, incluyendo al presidente Sánchez Cerén. Se niegan entrevistas y respuestas, incluso las que son hechas de manera escrita siguiendo los canales oficiales.

Tanto el gobierno de izquierda como el partido oficial, si bien es cierto mantienen un discurso de "equilibrio" con todos los medios de comunicación, favorecen a un grupo de ellos alineados a las políticas gubernamentales. Hay una tendencia, moderada ahora, a fomentar los medios de comunicación públicos y darles prioridad o por lo menos mayor preponderancia en relación con los privados. Se les ofrece publicidad gubernamental y acceso, en menoscabo de la publicidad a privados. En esta red, se incluye al canal nacional, la Radio Nacional y una serie de radioemisoras comunitarias.

Si bien una legislación fomenta la transparencia y el libre acceso a la información, el gobierno pone trabas a trabajos de investigación periodística. Por ejemplo, Casa Presidencial ha declarado "bajo resguardo por motivos de seguridad nacional" detalles como los gastos de viajes al exterior del expresidente Mauricio Funes. Los principales medios de comunicación insistieron en la solicitud, al punto que el caso llegó a "juicio" hasta el Instituto de Acceso de Información. En la audiencia -en la que se quiso negar el acceso a los periodistas- se determinó que esa era información reservada, debido a razones de seguridad nacional.

Existe alguna tendencia en el sector de justicia y de ciertos grupos de políticos que amenazan con aprobar más leyes contra la libertad de expresión, so pretexto de favorecer el interés privado e intimista de los ciudadanos. A esta tendencia, que por momentos tiene cierta relevancia en la sociedad, se suman los sectores más radicales de izquierda, que quisieran más regulaciones para los medios independientes y privados como varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, como los de medios públicos, radios comunitarias y soberanía alimentaria.

La Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (Siget) ha favorecido a algunos medios televisivos vinculados con el gobierno, a los que se dieron posiciones privilegiadas en el espectro radial y televisivo.

El presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes se negó a dar declaraciones sobre su participación en la empresa Terrenos e Inversiones (TERREIN), la cual pagó $440,000 de contado por varios lotes en un terreno propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Decidió iniciar un proceso legal en contra de La Prensa Gráfica, por difamación. Y aunque descartó utilizar la nueva Ley de Rectificación y Derecho de Respuesta, insistió públicamente en que se le dé el derecho de respuesta. Cuando se le ha buscado, en otras ocasiones, ha dicho que no da declaraciones a periodistas de "la prensa difamadora".

Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), máximo organismo electoral en el país, dijo que no contestaba preguntas de La Prensa Gráfica. Durante la campaña electoral, redujo drásticamente la pauta publicitaria en este medio como clara herramienta de castigo. Se molestó por una entrevista fuerte en la que se le preguntaba su parentesco con un dirigente del FMLN y por su participación a favor de la candidatura presidencial de ese partido político en la campaña de 2014.

La directiva de Liga Mayor de Fútbol (LMF) de El Salvador resolvió a finales de enero de 2015 incrementar hasta $75 más el 13 % del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) el costo por credencial para que los periodistas puedan ingresar a cubrir partidos de fútbol. Antes de esa fecha, se pagaban de manera anual $30, más 13 % de IVA, por credencial. Luego rectificó la medida, aunque se sigue cobrando por adquirir una credencial.

En noviembre, un grupo de agentes de la División Antinarcóticos (Dan), de la Policía, retuvo por casi una hora a un periodista de El Diario de Hoy en la zona de San Ignacio, en Chalatenango, fronterizo a Honduras. En lo que se suponía un "chequeo de rutina", los policías revisaron el automóvil en el que se conducía el motorista y el periodista. Meses antes, un equipo del periódico digital El Faro también fue objeto de esta práctica intimidatoria.

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