ESTADOS UNIDOS

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Informe ante la Reunión de Medio Año

Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


Las advertencias y citaciones a periodistas han sido una de las principales preocupaciones desde hace varios años. Durante la presidencia de Barack Obama han aumentado considerablemente los procesamientos debido a filtraciones de secretos a la prensa.

En varias ocasiones el Departamento de Justicia ha emitido citaciones para determinar la identidad de fuentes confidenciales. Además, obtuvo en secreto registros telefónicos de periodistas y editores de la agencia de noticias AP y, bajo la Ley de Espionaje, encausó al periodista James Rosen, de Fox News, como "coconspirador" con el fin de obtener sus correos electrónicos, y, más recientemente, se empeñó en buscar el testimonio de James Risen, de The New York Times, en el juicio al presunto informante de la CIA Jeffrey Sterling.

Sin embargo, acontecimientos recientes pudieran ser una señal de cambio en el tratamiento de los medios de comunicación. El Fiscal General Eric Holder y los abogados del gobierno finalmente decidieron no forzar a Risen a testificar. Además, el Departamento de Justicia participó en un extenso diálogo con representantes de los medios de comunicación a fin de revisar sus directrices internas, en torno a citaciones a medios, respetando la libertad de la prensa.

El 26 de febrero, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó reglas estrictas que garantizan que las empresas que prestan servicios de internet no cobrarán a las compañías por una "línea rápida". La propuesta considera internet como servicio público, una decisión que permitirá garantizar el carácter abierto de la red. El presidente de la comisión Tom Wheeler señaló que la política garantizará "que nadie —el gobierno o las empresas— controle el acceso libre y gratuito a Internet".

Anteriormente, el Comité de Reporteros se unió a otros grupos de medios para presentar observaciones sobre la reglamentación de la FCC, insistiendo en la necesidad de mantener una Internet abierta. Dado el gran volumen de consumo de noticias en línea, cualquier política que permita a los proveedores de servicios favorecer determinados contenidos por encima de otros pondría en riesgo los derechos de la Primera Enmienda.

El Departamento de Justicia puso fin a la búsqueda del testimonio del periodista James Risen. Después de más de cuatro años en torno a la citación judicial en el caso de Jeffrey Sterling, la angustia de Risen concluyó cuando el Departamento de Justicia anunció en diciembre del 2014 que no lo obligaría a declarar sobre la identidad de una fuente confidencial que filtró detalles de una operación de la CIA para el libro de Risen, State of War. El Departamento de Justicia comenzó a investigar en el 2008 a Sterling, un exagente de la CIA, por haber filtrado supuestamente la información a Risen.

Sterling fue acusado bajo la Ley de Espionaje en el 2010, y Risen fue citado para testificar si Sterling había sido una de sus fuentes. Risen impugnó la citación, y el juez de distrito Leonie Brinkema, del Distrito Este de Virginia, falló que su privilegio de reportero le eximía de testificar. En junio del 2014, la Corte Suprema se negó a escuchar la apelación del 4to Circuito, y el caso fue devuelto al juez Brinkema.

En una audiencia en diciembre, los abogados del gobierno anunciaron que no obligarían a Risen a revelar la identidad de su fuente. Risen fue citado para una audiencia en enero del 2015 y dio respuestas breves a preguntas muy limitadas, tanto del gobierno como de los abogados de Sterling. Confirmó que tenía acuerdos de confidencialidad con algunas fuentes y que había hablado con Sterling a propósito de un artículo del 2002 que lo citaba por su nombre. No se le preguntó sobre los lugares y fechas en las que se había comunicado con las fuentes. A raíz de dicha audiencia, ambas partes anunciaron que no llamarían a Risen para otros testimonios en el juicio de Sterling. Tres semanas más tarde Sterling fue condenado en virtud de la Ley de Espionaje y se enfrenta a una pena máxima de décadas de prisión

Aunque sin información privilegiada acerca de las deliberaciones internas del Departamento de Justicia, se puede especular que hubo una serie de razones detrás de la decisión de no forzar la declaración de Risen. Hubo un rechazo generalizado de los medios de comunicación y el público contra el gobierno y la perspectiva de que un reportero fuera a la cárcel por honrar su promesa de confidencialidad. Esa presión contribuyó a que el secretario de Justicia Eric Holder hiciera la promesa, en el verano del 2014, de que ningún reportero iría a la cárcel por realizar su trabajo, aunque existía la posibilidad de que Risen fuera multado por desacato.

Otra probable razón de que el gobierno no llamara a declarar a Risen fue lo que el juez Brinkema había predicho anteriormente y que resultó ser cierto: el gobierno podría probar su caso en contra de Sterling aun sin el testimonio del periodista. Mediante el escrutinio de correo electrónico y registros telefónicos de Sterling, combinados con el acceso a información sensible, el Departamento de Justicia fue capaz de armar un caso circunstancial que lo identificaba como el autor de las filtraciones. Las cada vez mayores capacidades tecnológicas del Departamento de Justicia para investigar filtraciones hacen probable que el gobierno continúe empleando dichos recursos para lidiar con ellas y puede que ya no necesite del testimonio de periodistas en el futuro.

A pesar del resultado favorable para James Risen, el exitoso enjuiciamiento de Sterling envía un mensaje atemorizante a potenciales informadores para que eviten hablar con los periodistas debido a las fuertes sanciones bajo la Ley de Espionaje y la facilidad con la que el gobierno puede utilizar vigilancia electrónica para investigar.

Tras las críticas a partes de sus pautas de citación en su versión revisada de febrero del 2014, el Departamento de Justicia anunció nuevas revisiones en enero del 2015 para abordar las preocupaciones. Los cambios eliminan de las directrices el término "recopilación ordinaria de noticias", sustituyéndolo por "actividades de recopilación de noticias" y aclaran otras secciones para asegurar que todos los registros de recopilación de noticias estén cubiertos y que las excepciones se reduzcan al máximo. El Comité de Reporteros ayudó a coordinar un Grupo de Diálogo de Medios de Noticias, integrado por los principales líderes de la industria de noticias, para reunirse con el Departamento de Justicia y discutir las preocupaciones de los medios.

La revisión de las directrices del Departamento de Justicia se efectuó después de las revelaciones, de mayo del 2013, de que el Departamento había obtenido secretamente los registros telefónicos y de correo electrónico de periodistas de la agencia de noticias AP y de Fox News. El Comité de Reporteros y una coalición de más de 50 organizaciones de noticias recomendaron la revisión de las directrices, escritas originalmente en 1970 y revisadas por última vez en 1980 para incluir citaciones a terceros sobre registros telefónicos. Bajo la revisión del año pasado, se hizo más difícil para el Departamento de Justicia retener información sobre citaciones a terceros.

Además, en virtud de las 2.014 revisiones, el Departamento no podrá invocar la "excepción de sospecha" de la Ley de Protección de Privacidad, que le permite obtener una orden de registro de material perteneciente a un periodista sospechoso de un delito, cuando el periodista participa en actividades de recopilación ordinaria de noticias y no es objeto de una investigación criminal. El término "recopilación ordinaria de noticias" se sustituyó por "actividades de recopilación de noticias" en las últimas revisiones, debido a preocupaciones de los medios de que el calificativo "ordinaria" era demasiado vago y podría utilizarse en contra de periodistas cuya labor no contaba con la aprobación gubernamental.

La revisión de las directrices coincidió con la decisión de procesar a Jeffrey Sterling aun sin el testimonio de James Risen. La decisión final de no obligar a Risen a declarar, combinado con la buena disposición del Departamento de Justicia para trabajar con grupos de medios a fin de mejorar las directrices, podría indicar que habrá menos amenazas de citaciones en el futuro. Por otra parte, las directrices son voluntarias, no poseen fuerza de ley, y sólo funcionan para el Departamento de Justicia. Así pues, los periodistas todavía pueden ser objeto de citaciones judiciales por parte de fiscales estatales. Pero estas medidas del gobierno resultan alentadoras y los periodistas confían en que las líneas de comunicación seguirán abiertas para poder discutir preocupaciones futuras.

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