Honduras

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El país sigue siendo de alto riesgo para el ejercicio del periodismo. Los casos de agresiones, atentados, y asesinatos de periodistas o personas ligadas a medios de comunicación continúan y la mayoría queda impune ante la ineficiencia de la justicia.

Se aprobó la "Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia"; pero la misma carece de los recursos técnicos, económicos y operativos que le permitan convertirse en una herramienta eficaz para combatir las agresiones a estos grupos vulnerables, de los cuales siguen dándose víctimas mortales, lo cual es más acentuado en los profesionales del derecho.

Siguen vigentes una serie de leyes y disposiciones oficiales que limitan el acceso a la información pública, argumentándose "seguridad nacional". Se han presentado varios casos en que oficinas gubernamentales han negado información a órganos contralores como el Tribunal Superior de Cuentas o el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Se han incrementado de forma sustancial las quejas y denuncias de periodistas y comunicadores de casi todos los medios del país por ataques a través de las redes sociales.

Siguen presentándose casos en que periodistas son procesados por la vía penal por delitos contra el honor (difamación, calumnias e injurias), lo que ha generado la suspensión del ejercicio de su profesión al periodista Julio Ernesto Alvarado (a pesar de gozar de medidas cautelares de parte de la CIDH) y amenaza con encarcelar al Periodista David Romero Ellner.

Se produjeron varios casos de agresiones contra periodistas durante la cobertura de protestas públicas, la más violenta se registró el 1 de septiembre en la ciudad de El Progreso, Yoro, donde los periodistas Eddie Andino, Gerardo Chevez, Román Paz y Dunia Montoya, entre otros, resultaron lesionados durante un desalojo policial de la vía pública (la periodista Montoya fue intervenida quirúrgicamente por fracturas). También se ha denunciado la detención temporal de varios periodistas que cubren esas manifestaciones.

A través de un reportaje de Diario El Heraldo, un informe sugiere que agentes y oficiales del Estado de Honduras podrían haber participado en varios crímenes de alto impacto, incluyendo el asesinato del periodista Alfredo Villatoro. Es el primero en señalar a funcionaros del Estado.

La ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila, esposa de ex presidente Porfirio Lobo, demandó a la Compañía Televisora Hondureña S.A. de C.V. y al periodista Ulises Aguirre. Les exige una indemnización por considerar que fueron violados sus derechos al honor, a la intimidad y su imagen. La demanda se debió a la presentación de una información, del 13 de agosto, en la que se informó sobre una auditoría financiera del Tribunal Superior de Cuentas sobre presuntas irregularidades en el Despacho de la Primera Dama entre 2010 y 2012.

El 4 de julio fue asesinado Joel Aquiles Torres, dueño del canal 77 en la ciudad de Taulabé, Comayagua.

En este último semestre también se registraron otros crí­menes contra periodistas en aparentes móviles no relacionados a la actividad periodística.

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