Chile

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Reunión de Medio Año

Punta Cana, República Dominicana

8 a 11 de abril de 2016

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Durante este periodo varios proyectos de ley, que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso, la reciente aprobación de leyes y sentencias del Poder Judicial, pudieran afectar la libertad editorial y la libertad de expresión.


Una sentencia de la Corte Suprema contra emol.com, el portal de noticias de El Mercurio, recoge por primera vez en el país la alegación del "derecho al olvido digital" ordenando a un medio de comunicación borrar una noticia de su página web. Sin embargo, el derecho al olvido no está recogido en la legislación, y solo es posible borrar un dato personal, dentro del ámbito del tratamiento de datos personales, dado que surge como una forma de cancelación o eliminación especial de los datos de una persona que figure dentro de una base de datos o fichero que se encuentre disponible en la red, y que no esté prestando una utilidad actualmente. Los medios de comunicación no son bases de datos, tal como se reconoce en la Ley de Protección de Datos Personales, por lo tanto no tienen la obligación de borrar noticias o hechos noticiosos.


En la misma línea que la Corte Suprema, algunos parlamentarios han decido presentar un proyecto que modifica el Art. 13 de Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, para establecer el derecho al olvido, de los datos personales almacenados en motores de búsqueda y sitios web.


Por otra parte, un proyecto modifica las leyes de protección al consumidor y protección de datos personales a fin de que los proveedores solo puedan enviar comunicaciones publicitarias a los consumidores en caso de que exista un consentimiento expreso previo. Este proyecto está dirigido a poner obstáculos a la forma en que los medios, especialmente los de menos tamaño, financian su operación.


Una sentencia del primer juzgado de Familia de Santiago prohibió a la Revista Paula publicar un reportaje sobre el programa "Residencias de Protección para Madres Adolescentes", existente desde el año 2005 y al que son derivadas menores de edad embarazadas que ingresan al estatal Servicio Nacional de Menores, desestimando la cláusula de que no debe existir censura previa. La Revista Paula presentó un recurso ante la Corte de Apelación de Santiago.


Pronto se convertirá en ley, el proyecto para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (Boletín N° 9790-07) que establece medidas para lograr "campañas electorales con equidad y respeto a la ciudadanía". Dentro de éstas, se señala que, los medios no podrán discriminar en el cobro de las tarifas entre las distintas candidaturas o proposiciones, según se trate de elecciones o plebiscitos y que deben informar al Servicio Electoral de las tarifas debiendo publicarlas en la página web del respectivo medio y del Servicio Electoral. Esta obligación establece límites al derecho de propiedad de los medios, limitando sus ingresos y sus labores. El actual Servicio Electoral ya cuenta con las atribuciones necesarias para que los candidatos a cargos de elección popular exhiban los montos pagados por concepto de publicidad, por lo que la herramienta solo distorsiona la actividad de la prensa.


Continúa en trámite un Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para acotar la posibilidad de excluir de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo a quienes se desempeñan en medios de comunicación social. Dado los problemas que suscitó este proyecto, se constituyó una mesa de trabajo por la Subsecretaría del ramo, con participación de la Asociación Nacional de la Prensa, los sindicatos de los medios y el Colegio de Periodistas, con el objetivo de llegar a un acuerdo en esta materia.


La Asociación Nacional de la Prensa alcanzó un acuerdo con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, a fin de ser excluidos del artículo 9° del proyecto de reciclaje que identificaba a los diarios, revistas y periódicos como producto prioritario, con las obligaciones que ello significa.


Continúa la discusión sobre un proyecto que establece la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (Boletín Nº 9094-12). Tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización y reciclaje, a través de la instauración de la "responsabilidad extendida del productor" para nueve categorías de productos, entre ellas los "diarios, periódicos y revistas".


Este instrumento de gestión ambiental consiste en que los productores de ciertos bienes sean responsables de la organización y financiamiento de la gestión de sus respectivos residuos. Esto implica que el fabricante o importador deberá hacerse cargo del producto una vez terminada su vida útil, debiendo cumplir con las metas de reciclaje establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y otros instrumentos de gestión de residuos.


Algunas obligaciones atentarían contra la libertad de prensa, ya que se requiere autorización previa para poder vender diarios, periódicos o revistas que no estén sometidos a un sistema de gestión. Además la Superintendencia del Medio Ambiente tendrá la facultad de decretar la prohibición de venta de un diario, periódico o revista mientras no se haya dado cumplimiento a las metas de recolección o valorización establecidas en los decretos supremos que para estos efectos dicte el Ministerio del Medio Ambiente. También establece que los comercializadores y los distribuidores de diarios, periódicos y revistas tienen la obligación de aceptar, sin costo alguno, la entrega de los residuos de productos prioritarios de parte de los consumidores, siempre que sus instalaciones tengan una superficie suficiente; entre otros.


Un proyecto que modifica la ley N° 19.733 establece prohibir la integración vertical de las empresas editoras con empresas relacionadas en los ámbitos de distribución, comercialización y venta directa al público de impresos. Esto constituye una clara limitación al derecho de propiedad de los medios, imponiendo restricciones al libre desarrollo de la actividad noticiosa.


El Senado aprobó una modificación al Código de Procedimiento Penal, estableciendo la pena de presidio menor en su grado mínimo (hasta 541 días de cárcel) a todo aquel que violare la obligación de secreto de las investigaciones de crímenes.


Dado la amplitud de la norma, ésta podría incluir a la labor periodística, constituyendo una especie de ley mordaza.


La gravedad de este tema provocó la inmediata reacción de la Asociación Nacional de la Prensa, que exigió que se excluyera expresamente la labor de los medios de comunicación. Dado esto, muchos parlamentarios comprometieron dejar fuera a los medios de la aplicación de esta norma. El propio gobierno señaló que no es aceptable afectar la labor investigativa de la prensa.


Ahora la norma debe ser aprobada en la cámara de Diputados, en la que se espera que se excluya expresamente a los medios de comunicación.

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