Nicaragua

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Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 a 11 de abril de 2016
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El control de todos los Poderes del Estado y el acaparamiento gubernamental de los medios de comunicación sigue igual, como se ha repetido año tras año desde que Daniel Ortega recuperó la Presidencia en enero del 2007.


Existe una falta total de acceso a la información pública a pesar de que existe una ley de Acceso. Los entes del Estado no permiten que los periodistas independientes asistan a conferencias de prensa y eventos oficiales y los funcionarios públicos son despedidos de sus cargos si brindan declaraciones a medios independientes. Ortega no ha dado una sola conferencia de prensa ni entrevista.


Persiste un duopolio televisivo integrado por la familia del Presidente que controla los canales 4, 8,13,22 y el estatal canal 6, y el empresario mexicano Ángel González que controla los canales 2,7,9,10,11,17,19, 25,32 y 38.


Las radios comunitarias no están fuera de peligro. TELCOR, el ente regulador de las telecomunicaciones, ha cerrado cinco radios comunitarias y dos canales de cable regionales. El 24 de febrero de este año funcionarios de TELCOR, sin dar explicación y sin orden judicial, cerraron y confiscaron los equipos de Radio Emperador de Rivas. El motivo, se supone, es que la radio tenía un noticiero, Al Día, que abría los micrófonos al movimiento campesino contra el canal interoceánico.


El Poder Ejecutivo continúa con su estrategia inicial de no difundir información más que por sus medios de comunicación, en los que la primera dama, Rosario Murillo, lee un informe diario sobre todo el quehacer del gobierno "para no contaminar la información oficial".


TELCOR, impuso a las estaciones de TV enlazarse cada vez que lo requiera el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua, pero esta medida solo se ha usado cuando habla Ortega en celebraciones del partido, ocasiones en que son desactivados todos los canales de cable.


La publicidad estatal es manejada de forma discrecional y solo la reciben los medios afines al gobierno o los que se encuentran neutralizados. Los periodistas que tienen sus propios espacios informativos en radioemisoras del interior son los que más sufren la falta de publicidad estatal.


Otro peligro para los periodistas es el de las agresiones que sufren de parte de turbas afines al gobierno. El 11 de noviembre, durante un "Miércoles de Protesta" que algunos partidos de oposición hacen frente al Consejo Supremo Electoral, exigiendo elecciones libres y observación electoral nacional e internacional, varios manifestantes y periodistas fueron golpeados por grupos violentos que supuestamente también protestaban, pero se cubrían el rostro con pasamontañas.


Los periodistas de La Prensa, Emiliano Chamorro y Xochilt Gutiérrez; el camarógrafo de canal 14, Luis Mora; la periodista de ACAN EFE, René Lucía y la periodista Lenín Franco de Sucesos del canal 8 (canal oficialista), también fueron golpeados y uno de ellos despojado de su cámara. También fueron atacados periodistas de otros medios de comunicación como Canal 23 y Radio Corporación.


El 22 de octubre dos periodistas gráficos de Notimatv, noticiero local de la ciudad de Matagalpa, Francisco Torres y Armando López, fueron agredidos por supuestos empleados del Ministerio de Salud por llegar a buscar la reacción del Ministerio sobre una denuncia de negligencia médica.


El Gobierno continúa con su política de deportar a personalidades que visitan el país con el objeto de dar conferencias sobre derechos humanos, libertad de prensa y otros temas no agradables al régimen. Estos personajes son retenidos en el aeropuerto y enviados de regreso en el primer avión disponible.


El 7 de marzo, los periodistas Diana Calderón del Grupo Megavisión e Isaac Mejía de TVO Canal 23, ambos de El Salvador, fueron retenidos en dos fronteras diferentes cuando se disponían a cubrir un partido amistoso entre las selecciones de los dos países. Fueron inútiles los esfuerzos de la Federación de Futbol, FENIFUT, y de la Cancillería de El Salvador


Ante la censura del Gobierno, las redes sociales están tomando cada vez mayor espacio e incentivando movilizaciones y protestas. Muchos jóvenes respondieron a un mensaje que decía: "Bien cómodo criticar desde tu compu y no hacer nada", apoyando a un reclamo de jubilados ante el Seguro Social, al que el gobierno tuvo que ceder.


Otra intervención importante de las redes sociales ha sido en la movilización campesina contra el proyecto del canal interoceánico. Todos los controles del gobierno fueron inútiles para frenarla.


El gobierno, por otra parte, ha formado brigadas de jóvenes que tratan de monitorear, contrarrestar y replicar las posiciones críticas o aquellas que han obligado a los medios de Ortega a tratar temas que de otra forma se hubieran ignorado.

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