Caribe

Aa
Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 al 11 de abril del 2016
$.-

Trinidad y Tobago


La libertad de prensa ha enfrentado amenazas por violaciones, reales o potenciales.


Se mantienen las preocupaciones sobre la promulgación de leyes por delitos en el ciberespacio y la protección de datos. Aún más amenazante es la adopción de un Código de difusión por el regulador de la Autoridad de Telecomunicaciones.



La Asociación de Editores y Medios de Trinidad y Tobago sigue cumpliendo su tarea de vigilancia sobre los peligros de la legislación pendiente. Respecto del funcionamiento de un Código de Difusión, la Asociación aboga por una "regulación conjunta" compartida con la Autoridad de Telecomunicaciones del país.


Durante las elecciones generales de septiembre, en medio de una campaña marcada por acusaciones políticas y amplia utilización de los medios de comunicación y otro tipo de publicidad, se puso en evidencia que los medios de difusión estatales fueron puestos al servicio de los intereses de campaña del entonces partido gobernante. En consecuencia, al producirse el cambio de gobierno, los ejecutivos principales, entre ellos veteranos profesionales, tuvieron que retirarse.



El Ministro Comunicaciones llegó a su posición luego de trabajar como editor de medios impresos, jefe de noticias en la televisión y editor de un periódico semanal. Hasta ahora, sin embargo, no se ha identificado con las iniciativas de política o práctica diseñadas para ampliar el acceso a la información gubernamental.



El gobierno aún no ha indicado sus preferencias para la dirección y gestión de las entidades estatales de radio y televisión, al igual que para sus servicios de información.


El colapso de los precios del petróleo amenaza la estabilidad y viabilidad de la economía de Trinidad y Tobago. Se hace sentir ahora un severo impacto en los ingresos del gobierno, el mayor empleador, principal generador de divisas y también el principal anunciante. Esto pone en peligro los ingresos de los medios de comunicación y, por ende, su supervivencia


La escasez de divisas parece afectar a los medios impresos, algunos de los cuales son favorecidos por la publicidad gubernamental. Anteriormente, el proceso de selección de los medios que debían recibir divisas para importar papel dio lugar a un litigio costoso que terminó a favor de los derechos de los medios de comunicación.


Ese precedente legal puede servir para evitar que progrese otra medida que restrinja la concesión de papel. Pero la incertidumbre acerca del flujo de efectivo del estado, cuando las facturas de publicidad gubernamental no se pagan, puede ser manipulada en perjuicio de los medios menos favorecidos. Esto se presenta como fuente de preocupación y posible peligro para el desempeño de medios libres e independientes.


La reducción general de ingresos y gastos ejerce un impacto en los medios de comunicación, que tendrán que conformarse con menos recursos. Como resultado, la capacidad de invertir en trabajos de periodismo de investigación, y en la actividad general, se afecta negativamente.


Una vez más, las condiciones fiscales restrictivas pueden llevar al gobierno a inducir a las entidades de medios, bajo la amenaza de restricción de fondos, a que acompañen su agenda a través de la banalización de la información, o del distanciamiento de cuestiones sensitivas y la reportería proactiva.


Permanece pendiente un compromiso del nuevo gobierno para aprobar la legislación sobre informantes. Esto fue dramatizado cuando un ministro clave del gabinete hizo un depósito de gran cantidad de efectivo en una cuenta bancaria. El banco indagó sobre el origen del dinero y apareció un informe de la transacción. Tanto el premier como el ministro implicado fustigaron al banco por violar el secreto.


Este episodio plantea preguntas sobre la verdadera disposición y voluntad del gobierno para promulgar leyes que protejan a los informantes que suministran pistas a los medios de comunicación sobre irregularidades reales o supuestas.


También resulta motivo de preocupación la práctica de reguladores locales de la Autoridad de Telecomunicaciones de imponer cambios en el espectro radial. Esto tiene el objetivo de hacer espacio para más estaciones.


Esta lamentable práctica se aplica con motivo de la renovación de licencias de radiodifusión. También se impartieron instrucciones de que no habría renovaciones por lo que era necesario hacer de nuevo la solicitud.


Algunas emisoras privadas no están en condiciones de sufragar la transición del modo analógico al digital y, sobre esta base, impulsar un "modelo de negocio". La reducción de las cadenas privadas podría brindar una oportunidad para que aumenten las operaciones de estaciones manejadas por el estado.



El renovado control estatal en la difusión puede traer consecuencias nefastas para impedir ciertos sesgos y lograr equilibrio en la cobertura de noticias,


La práctica de algunos de aceptar sobornos e incentivos para elaborar contenido favorable a una u otra parte socava la integridad de todos los medios de comunicación. Allí donde el cumplimiento de normas éticas no ha surtido el efecto deseado, los abusos podrían servir de base para la intervención de reguladores


Barbados


En general, las limitaciones a la libertad de prensa no son resultado de políticas oficiales sino de actuaciones individuales. De este modo, el primer ministro y varios miembros del gabinete apenas han efectuado conferencias de prensa según programación oficial durante ocho años.



El gobernador del Banco Central suspendió las conferencias de prensa trimestrales, y optó por escoger a ciertos periodistas para grabar debates sobre temas de su interés.



El cuestionamiento de los funcionarios del Gobierno por parte de los reporteros ha elevado las tensiones y provocado acusaciones de que los segundos están contra el Gobierno.


La renuencia del gobierno a facilitar el intercambio de información con los medios se evidencia más por su fracaso para redactar y promulgar la tan prometida Ley de libertad de información. Otra promesa incumplida ha sido la modernización de la Ley de difamación.



Además, el fracaso del Gobierno para emitir una licencia gratuita adicional a cualquier solicitante sigue planteando preguntas acerca de la sinceridad de su compromiso con la libertad de prensa.



En el sector privado, el aumento de la frecuencia con la que se han emprendido acciones legales para detener la publicación de cierta información ha tenido un efecto moderador en el desempeño de algunos profesionales de los medios.


En al menos dos ocasiones el año pasado, individuos o empresas han sufrido el recurso a la "censura previa". Cartas de abogados han amenazado con litigios de difamación, si cierta información salía a la luz.



Los medios de comunicación también han tenido que lidiar con las limitaciones impuestas por la "política de medios" de la policía. Desconociendo las objeciones de los medios, la policía ha prohibido la mera presencia de reporteros y fotógrafos en la escena de un crimen o tragedia.



Las autoridades policiales han afirmado, sin embargo, que redactan un nuevo texto sobre dicha política y han prometido consultas con los medios de comunicación antes de su ejecución.


Compartí

0