Puerto Rico

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Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 al 11 de abril del 2016
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Aunque en este período prevaleció un clima de libertad de prensa, la profundización de la crisis fiscal, económica y social, acentuó los obstáculos gubernamentales al acceso a la información.


El acceso a las fuentes informativas oficiales es un reclamo constante de los medios, en especial sobre información relativa la crisis fiscal histórica, la que se suma a una deuda pública superior a los $70 billones.


La actitud del Gobierno central ha sido la de soltar información fragmentada, mientras en el Congreso de EEUU se discute una propuesta de la Junta de Control Fiscal Federal que, de aprobarse, asumiría el control presupuestario y administrativo sobre Puerto Rico.


Igual denuncia ha hecho, en forma sostenida El Nuevo Día con respecto a las omisiones, lagunas y retrasos en la difusión de los informes financieros que los candidatos políticos deben radicar en la Oficina del Contralor Electoral.


A fines de febrero, el Tribunal Supremo dictó un retroceso en el importante proyecto de dar acceso a las cámaras de los fotoperiodistas a los procesos judiciales, al denegar la petición hecha por el noticiario Televicentro, Canal 4, para transmitir la vista preliminar del caso del niño Lorenzo González Cacho, asesinado hace seis años durante los cuales imperaron el misterio, la alteración de la escena del crimen por orden errónea del mismo Departamento de Justicia y la desinformación. En Puerto Rico se inició un programa piloto del Tribunal Supremo, para permitir las cámaras en las cortes y, hasta esta decisión reciente, todos los juicios grabados o transmitidos en directo transcurrieron en el marco de un ejercicio respetuoso y profesional.


El 16 de marzo, en el proceso de Reforma de la Policía en el Tribunal Superior del municipio de Fajardo, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y otras entidades de prensa denunciaron la falta de información o la "información selectiva" que entregó el Superintendente de la Policía, coronel José Caldero. Se trata de un proceso de reforma policial, emprendido por orden del Tribunal Federal de EEUU, debido a corrupción, violación de derechos humanos, excesivo uso de fuerza y, entre otros, trato discriminatorio contra minorías.


Los periodistas denuncian que la policía niega información alegando que "afecta la investigación" y, a cambio, sus "asesores de comunicaciones" y relacionistas públicos impiden la labor de la prensa.

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