Canadá

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72ª Asamblea General de la SIP
13 - 17 de octubre de 2016
Ciudad de México, México
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Varios sucesos generaron controversia en los últimos meses. Entre ellos se destaca la confiscación el 21 de septiembre, por parte de la policía Provincial de Quebec, de un computador de propiedad del reportero Michael Nguyen a solicitud del consejo judicial de Quebec.


Nguyen había relatado en un artículo publicado en junio que una jueza había insultado y agredido a varios subalternos después de una fiesta navideña celebrada en las instalaciones de la corte. El consejo judicial de Quebec dice que el reportero infiltró los sistemas digitales del organismo para la obtención de la historia; sin embargo, el Journal de Montreal aseveró que su reportero procedió de acuerdo con los cánones más estrictos del periodismo profesional y en ningún momento ocurrió esa violación. El computador ha sido sellado judicialmente y permanece incautado hasta que un juez se pronuncie sobre la validez de la orden de allanamiento que se empleó para retenerlo. La Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ) expresó su repudio y solidaridad con el periodista y dijo que espera que el computador sea devuelto al periodista.


Entre 2015 y 2016, el país descendió diez puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, como resultado de lo que se ha dado en llamar la "Era del Oscurantismo" para el periodismo durante el mandato del conservador Stephen Harper, según Reporteros Sin Frontera. Como herencia de los casi 10 años de Harper en el poder, fueron desmanteladas muchas protecciones a la libertad de expresión y de prensa.


El acceso a la información del Gobierno Federal aún no está restablecido y el Sistema Canadiense de Acceso a la Información (ATI) está estropeado. Aunque el gobierno Federal de Justin Trudeau llegó al poder prometiendo mayor apertura y transparencia, algunos de sus primeros pasos en esta dirección han resultado fallidos.


Aunque se predican algunas protecciones para los delatores de acciones ilícitas a nivel gubernamental, en la práctica no existen recursos sustanciales capaces de proteger a los periodistas que deseen investigar a fondo las irregularidades.


Es todavía más complicado cuando se trata de denuncias en el sector privado. Esto ha generado un clima de apatía e indiferencia, donde no muchos están dispuestos a salir al frente a denunciar actividades irregulares por miedo a perder sus carreras.


El comisionado federal para la Protección de la Vida Privada en Canadá (Privacy Commissioner of Canada), Daniel Therrien, expresó que el gobierno debería hacer más para defender el derecho de los ciudadanos a proteger su información privada. "Estamos pretendiendo utilizar herramientas del siglo 20 para manejar problemas de privacidad del siglo 21".


Preocupa el acceso, la manipulación y el comercio de millones de datos personales que según varios medios -tanto impresos como cibernéticos- hacen parte de una nueva "industria" dedicada al intercambio de datos médicos yde empresas de seguros, entre otros.


En la provincia de Ontario se aprobó una Ley denominada Anti-SLAPP (Demanda Estratégica contra la Participación Pública, un recurso abusado por varios magnates e industrias para demandar por difamación a quienes pretendieran desenmascarar actividades o abusos de poder y autoridad).


La Anti-SLAPP impide que se usen grandes sumas de dinero para evitar las denuncias. La Asociación Canadiense para las Libertades Civiles venía influyendo a favor de esta ley que también existe en Quebec.


La Ley antiterrorista o C-51, creada por el gobierno de Harper en 2015, no solo está orientada a contratacar el terrorismo. Concede poderes de excepción a las autoridades policiales para que puedan atacar cualquier actividad que consideren busque "socavar la seguridad", así como cualquier acción o movimiento que pueda ir "en detrimento" de los intereses del país. La Ley C-51 introdujo amplios y significativos cambios en la adopción de medidas de seguridad nacional. Se le otorgó el poder de compartir información a más de 17 organismos federales y aumentó las facultades de la policía para permitirle la detención preventiva de sospechosos de terrorismo, eliminar la "promoción del terrorismo", permitirle al ministro de Seguridad Pública agregar nombres al "no-fly list" canadiense y fortalecer los poderes de la agencia secreta, CSIS, la cual pasaría de ser un órgano de mera observación y recolección de inteligencia, a convertirse en una agencia con facultades y poderes para realizar acciones secretas mucho más allá de la mera observación.


La C-51 puede convertirse en una de las más grandes amenazas a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad.


La restructuración de la industria periodística ha sido dominada por los fenómenos de convergencia y un viraje radical en la forma como los medios buscan comunicar y diseminar la información, ante el derrumbe de sus modelos de negocio.


Cuatro grandes grupos financieros con sólidas conexiones con los Estados Unidos son propietarios de más del setenta por ciento de los periódicos, emisoras de radio y estaciones de televisión de Canadá.


Hedy Fry, miembro del Parlamento Federal y presidenta del comité de Heredad del gobierno, dijo que el gobierno tomará acción decidida para examinar el fenómeno de la concentración de los medios.


Según la parlamentaria, el gobierno se embarcará en el análisis detallado de cómo los canadienses, especialmente las comunidades locales, se informan de asuntos y experiencias municipales y regionales a través de los medios de prensa, radio, televisión y medios digitales. El estudio serviría para determinar el impacto que la concentración de medios tiene sobre las coberturas noticiosas locales y cuál es el papel de los medios digitales en el tema de la libertad de expresión. El Mercury de la ciudad de Guelph, un periódico con 149 años de historia cerró sus puertas en enero y desde entonces la cadena Postmedia ha dejado sin trabajo a docenas de reporteros en todo el país. Siguieron el Ottawa Journal y el Winnipeg Tribune.


En London, Ontario, Postmedia cerró las tradicionales oficinas del otrora poderoso London Free Press y clausuró su rotativa, pasando la impresión del periódico a Hamilton, donde un periódico menor de Metroland Media, el Londoner, actualmente se imprime.


La Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC, ente regulador de medios en el país ha advertido que más de la mitad de los estudios de noticieros de televisión están en peligro.

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