Chile

Aa
72ª Asamblea General de la SIP
13 - 17 de octubre de 2016
Ciudad de México, México
$.-

En este periodo se han producido graves ataques a las libertades de prensa y de expresión.


En mayo, la presidenta Michelle Bachelet interpuso una querella por los delitos de calumnia e injuria contra cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, perteneciente al Grupo Copesa. La publicación cuestionada reprodujo una escucha telefónica (filtrada a la prensa), de uno de los imputados en la investigación que conduce el Ministerio Público sobre supuestos negocios ilícitos de la empresa de un hijo y la nuera de la presidenta. Esta investigación criminal se inició tras investigaciones de Qué Pasa en febrero de 2015.


Es inédito que un Jefe de Estado presente una querella contra un medio "en su calidad de ciudadana" y con la finalidad de demandar mayor ética y responsabilidad informativa.


La presidenta decidió luego retirar la querella.


Existen en tramitación en el Congreso algunos proyectos de ley que pudieran afectar la libertad editorial. Un proyecto modifica el Código del Trabajo acotando la posibilidad de excluir de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo a quienes se desempeñen en medios de comunicación.


El Colegio de Periodistas de Chile, en conjunto con parlamentarios que patrocinaron esta iniciativa, insisten en exceptuar a los periodistas del inciso cuarto del artículo 22 del Código del Trabajo, que establece que la jornada de trabajo de 45 horas semanales no le es aplicable a aquellos que "trabajen sin fiscalización superior inmediata (...) o presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones".


Dada la naturaleza del trabajo periodístico, los periodistas estuvieron de acuerdo en que su trabajo no se someta a una jornada de una cantidad de horas diarias, sino más flexible, siempre con compensaciones de diversa índole. La prohibición antes mencionada implica un menoscabo para los periodistas, tanto en sus remuneraciones como también en su libertad laboral.


Otro proyecto regula la protección de la vida privada en lo relativo a la publicidad. Tiene por objeto modificar las leyes de protección al consumidor y protección de datos personales a fin de que los proveedores solo puedan enviar comunicaciones publicitarias a los consumidores en caso de que exista un consentimiento expreso previo. Prohíbe la inclusión de dicha autorización mediante contratos de adhesión, lo que implica la imposibilidad de la obtención de dicho consentimiento. Este proyecto impone obstáculos a la forma en que los medios financian su operación amenazando la subsistencia de los de menor tamaño.


El derecho al olvido viene tomando mucha fuerza. Existe un proyecto de ley que busca consagrar el derecho al olvido como facultad irrenunciable de un titular de datos personales para exigir su eliminación de publicaciones. La iniciativa señala que la información publicada en los medios y que cause un perjuicio a una persona por resultar ofendida o injustamente aludida, se regirá por la ley de Protección de Datos personales que regula el tratamiento de las bases de datos.


El derecho al olvido no está recogido en la legislación y solo es posible borrar un dato personal de alguien que figure dentro de una base de datos o fichero que se encuentre disponible en la red.


Los medios al no ser bases de datos, tal como se reconoce en la Ley de Protección de Datos Personales, no tienen la obligación de borrar noticias o hechos noticiosos.

Compartí

0