Estados Unidos

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72ª Asamblea General de la SIP
13 - 17 de octubre de 2016
Ciudad de México, México
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Durante el verano del 2016 se sucedieron varios hechos ligados a cuestiones de suma relevancia para los medios de comunicación, entre otras, la protección de fuentes, el valor informativo, vigilancia del gobierno y el asesinato de un periodista en Dallas. Una ley del estado de Nueva York promulgada para proteger la relación reportero-fuente se puso a prueba en dos ocasiones durante entrevistas realizadas en la cárcel y documentos filtrados indicaron que los correos electrónicos y llamadas telefónicas de periodistas habían estado sujetos a vigilancia del FBI con restricciones mínimas.


El litigio Hulk Hogan, ampliamente publicitado y financiado por un multimillonario, cerró efectivamente una popular compañía de medios en línea. Estas controversias generaron preguntas difíciles: preocupaciones sobre privacidad frente a asuntos de interés público; amenaza de la seguridad nacional frente a la amenaza de la vigilancia gubernamental; necesidad de investigar los delitos contra la necesidad de proteger las relaciones reportero-fuente.


Casos recientes arrojan luz sobre los problemas que surgen cuando los fiscales del gobierno fuerzan a periodistas a declarar en casos penales y entregar notas de entrevistas realizadas en la cárcel. En agosto, el Comité de Reporteros, integrado por 57 organizaciones de noticias, entre ellas la SIP, presentó un documento amicus curiae instando a un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York a revertir una orden judicial que forzaba a Frances Robles, reportero del New York Times, a declarar sobre una entrevista hecha en la cárcel y presentar sus notas a los fiscales. En octubre de 2013, Robles había entrevistado a un preso condenado por violar y asesinar a un niño. El reo había confesado a la policía, pero dijo a Robles que había sido bajo coacción, y por ello los fiscales necesitaban tal información para defenderse de una posible demanda.

El documento amicus curiae argumentó que la Ley Escudo de Nueva York sólo permite órdenes de comparecencia de reporteros allí donde la información solicitada sea altamente relevante, es decir, que la evidencia resultante de tal petición determine el resultado del caso. Este requisito es imprescindible, argumentó el documento, para proteger las relaciones entre el reportero y sus fuentes.


Por otra parte, la necesidad de proteger tales relaciones es especialmente importante en el contexto de una entrevista realizada en la cárcel, la cual constituye a menudo la única oportunidad que tiene el público de escuchar directamente a los presuntos delincuentes y evaluar si se está haciendo justicia. Cuando los periodistas entrevistan a presuntos delincuentes que esperan juicio o una disminución de su condena, hay mayor riesgo de que el gobierno cite al periodista como parte de la estrategia de enjuiciamiento. Este caso sigue pendiente ante el tribunal de Nueva York.


Un caso similar, "el Pueblo vs. Bonie", también puso sobre la mesa la Ley Escudo de Nueva York para testimonios y materiales relacionados con entrevistas en la cárcel. El reportero de noticias locales Ray Raimondi realizó y grabó en una prisión una entrevista con un reo que había sido acusado de asesinato sobre la base de pruebas circunstanciales. En una parte de la entrevista, el acusado negó su culpabilidad y afirmó tener una relación positiva con la víctima. Los fiscales argumentaron que las declaraciones del acusado durante la entrevista eran "esenciales o necesarias" como parte de sus esfuerzos por probar el motivo, intención y conciencia de culpa debido a que las declaraciones contradijeron lo que el acusado había declarado anteriormente a la policía.


El tribunal consideró que el argumento era válido, señalando que, en un caso de asesinato circunstancial, pruebas inocuas a primera vista más tarde pueden resultar esenciales cuando se las analiza junto con otras evidencias. La corte determinó que el acceso al video inédito era la única manera de que los fiscales pudieran evaluar las "palabras y el comportamiento" del acusado, a pesar de la presencia de testigos durante la entrevista que presumiblemente podrían declarar en relación con los comentarios del reo. En consecuencia, el tribunal ordenó la divulgación de partes del vídeo inédito relativos a la relación del acusado con la víctima.


Estos casos ilustran los retos a los que se enfrentan los periodistas cuando efectúan entrevistas en la cárcel y mantienen relaciones con fuentes que esperan juicio. El fragmento pertinente de la Ley Escudo de Nueva York, promulgada en 1990, se propone proteger el material no confidencial de un periodista a menos que el litigante presente una "demostración clara y específica" de que la evidencia influirá en el resultado del caso y no es posible obtenerla en otro lugar. La ley, sin embargo, ha sido vaciada de sentido cuando los tribunales permiten que los fiscales busquen agresivamente materiales inocuos no publicados de entrevistas en cárceles.


Por iniciativa de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) en septiembre se envió una carta a Josh Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca, en la que 40 organizaciones, entre ellas la SIP, declararon que el nivel de transparencia del gobierno federal había empeorado. La nota fue en respuesta a un artículo de opinión de Earnest en el que destacaba supuestos avances en materia de transparencia y afirmaba que los medios de comunicación debían reconocer esos esfuerzos. Las organizaciones que firman la nota respondieron que la transparencia se ha deteriorado. En la carta se informa, en otros puntos, de bloqueos a peticiones de periodistas para hablar con personal de la Casa Blanca, retrasos excesivos en respuesta a las solicitudes de entrevistas y exclusión de periodistas críticos por parte de agencias federales.


El cadáver del periodista Jay Torres fue encontrado el 13 de junio en el patio trasero de una casa que pensaba renovar en Garland, Dallas. Jacinto Torres Hernández, conocido como Jay Torres y que trabajaba también como agente de bienes raíces, tenía 57 años. Durante casi dos décadas había estado reportando para La Estrella, la edición en español del diario Star Telegram. Torres era miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Su familia desconocía su paradero desde el 10 de junio y no descarta que el asesinato podría estar relacionado con su trabajo como periodista, ya que investigaba temas relacionados con el tráfico de personas y la inmigración ilegal.


El luchador profesional retirado Terry Bollea, conocido como Hulk Hogan, demandó a la compañía de medios en línea Gawker Media y a varios empleados y entidades afiliadas de Gawker, después de la divulgación en 2012 de un videoclip de 101 segundos de tema sexual tomado de una cinta entregada por una fuente anónima. Bollea reclamó daños por invasión de privacidad, infracción de los derechos de la personalidad y provocación intencionada de angustia emocional. Después de que un tribunal federal rechazó su solicitud de una medida cautelar, Bollea presentó la demanda en los tribunales del estado de Florida.


A pesar de que su petición fue concedida inicialmente, el tribunal de apelaciones del estado la rechazó en 2014, alegando que equivaldría a una restricción de la libertad de expresión en violación de la Primera Enmienda. El caso volvió a juicio en marzo del 2016 y Bollea reiteró la teoría de la publicación de actos privados, insistiendo en que, al divulgar el videoclip sin su consentimiento, Gawker había dado a conocer hechos privados altamente ofensivos. La empresa respondió que el video poseía interés periodístico —lo cual funciona como barrera frente a demandas de hechos privados bajo la Primera Enmienda—, puesto que Bollea ya había sometido su vida privada al escrutinio público cuando discutió el vídeo en entrevistas públicas. Bollea argumentó que él y Hulk Hogan eran personas separadas, y que Hulk Hogan —y no Bollea— era quien existía en la esfera pública; Bollea, sin embargo, había sufrido la invasión de su privacidad.


Aunque esta teoría legal fue objeto de burlas en los medios de comunicación, el jurado emitió un veredicto a favor de Bollea, otorgándole $140 millones: $ 55 por daño económico, $ 60 por angustia emocional y $ 25 en daños y perjuicios. El juez denegó la suspensión del pago de $50 millones que estaba pendiente de apelación, por lo que Gawker se declaró en bancarrota en junio y en agosto fue comprada por Univision Communications Inc. por $ 135 millones.


El caso, aunque aberrante, demuestra los riesgos que afrontan los medios de noticias que informan sobre figuras públicas. A pesar de que el Tribunal Supremo ha animado a los tribunales a aplicar, en general, un enfoque amplio de valor informativo para estimular la libertad de expresión, los estados difieren en sus definiciones acerca del valor informativo.


Lo que hace que este litigio resulte aún más alarmante es que el multimillonario Peter Thiel, de Silicon Valley, reveló al New York Times en mayo del 2016 que había ofrecido en secreto cerca de $ 10 millones para financiar la demanda de Bollea. Thiel dijo al Times que su decisión de financiar el litigio se basó en su deseo de provocar "disuasión específica" en la empresa Gawker, que había publicado artículos sobre su persona en fecha tan lejana como 2007. Thiel, quien ha donado dinero para el Comité de Protección a Periodistas y se considera un defensor de la libertad de expresión, declaró que, aparte de Gawker, no la ha emprendido contra otras empresas de medios de comunicación. Su participación en el litigio Gawker, sin embargo, plantea la preocupación de que la nueva práctica de financiar litigios podría permitir a individuos adinerados presionar e intimidar a los editores.


En junio, una publicación en línea dedicada a la transparencia gubernamental reveló las normas sobre el uso, por parte del FBI, de cartas de seguridad nacional (NSL) que constituyen herramientas legales utilizadas para obtener información de empresas de servicios de comunicaciones como compañías telefónicas y proveedores de Internet. Aunque no era secreto que el FBI usaba esas cartas —por ejemplo, el Comité de Reporteros y la Fundación Electronic Frontier han estado luchando en el Congreso por una reforma legislativa sobre su uso durante más de una década—, las normas recientemente publicadas muestran las limitaciones mínimas que el FBI se impone al utilizarlas cuando quiere acceder a la información de los periodistas.


Las normas provienen de un apéndice clasificado del manual operativo del FBI, llamado Guía de Investigaciones y Operaciones Nacionales (DIOG). El apéndice divulgado, que data de 2013, había sido publicado con anterioridad por el gobierno con partes censuradas. El apéndice recién dado a conocer muestra que muchas de las normas redactadas inicialmente fueron inadecuadas. Y lo que es más importante: permiten que el FBI obtenga información sobre llamadas y correos electrónicos de periodistas sin recabar permiso de un juez o informar a la agencia de noticias.


Las normas sólo requieren el visto bueno del consejero general del FBI y del asistente del director ejecutivo de la División de Seguridad Nacional. Y en el caso de que la carta se dirija a un periodista, el consejero general y el asistente del director ejecutivo deben consultar con el asistente del fiscal general de la División de Seguridad nacional del Departamento de Justicia. Las normas son particularmente preocupantes porque socavan los más recientes pasos que el gobierno de Barack Obama ha emprendido para proteger a los periodistas de la vigilancia gubernamental. El gobierno de Obama estableció un récord en procesos por filtraciones, varios de los cuales se relacionan con periodistas. En mayo de 2013 se supo que el Departamento de Justicia había obtenido en secreto los registros telefónicos y de correo electrónico de periodistas de Associated Press y Fox News.


Como resultado de ello, el entonces fiscal general Eric Holder anunció nuevas políticas para proteger a los periodistas, haciendo hincapié en que el Departamento de Justicia solo puede recabar información de ellos como "último recurso". El Departamento y el Grupo de Diálogo de Medios de Comunicación, coordinado por el Comité de Periodistas, participaron en un intercambio en 2014 que dio lugar a la renovación de las directrices internas a principios de 2015. Esas directrices pusieron mayor énfasis en la protección de los periodistas. Sin embargo, estas no se aplican a las cartas antes mencionadas, que en cambio se rigen por el apéndice DIOG. Ese apéndice confirma que, a pesar de los enormes progresos de los últimos años, todavía hay mucho trabajo por hacer en torno de los registros de las comunicaciones de los periodistas y, en consecuencia, de sus fuentes, a fin de que estén debidamente protegidos de las leyes de vigilancia, en todas sus manifestaciones


Preocupaciones similares fueron expresadas en septiembre, cuando el Inspector General del Departamento de Justicia publicó un informe en relación con un caso de suplantación en el que estaba implicado el FBI (Informe IG). En dicho informe, se evalúa una operación del FBI en 2007, durante la cual varios agentes redactaron y publicaron una historia falsa de noticias, atribuida a la agencia de noticias Associated Press, cuyo fin era engañar a un sospechoso y hacerle llegar software de vigilancia, lo que permitió al FBI rastrear su ubicación.


La suplantación del FBI salió a la luz en octubre del 2014, y el Comité de Reporteros y 25 organizaciones de noticias enviaron inmediatamente una carta al fiscal general y el director del FBI la calificó de inaceptable. Los abogados del Comité reporteros y reporteros de la AP presentaron ante el FBI detalladas solicitudes FOIA en busca de información acerca de este y cualquier otro caso en los que agentes se hubieran hecho pasar por periodistas o donde se hubiesen utilizado noticias falsas para hacer llegar software de vigilancia.


En agosto de 2015, el Comité de Reporteros y la AP presentaron una demanda por estos registros ante un tribunal de distrito en Washington, D.C. El caso aún está pendiente. El reciente informe de IG reveló que el agente del FBI que se hizo pasar como periodista no violó la política de clandestinidad de la agencia, y el presidente del comité directivo del Comité de Periodistas emitió una declaración instando al Departamento de Justicia a tomar en serio la necesidad de la reforma y la importancia de la protección de la integridad del proceso de recopilación de noticias.


De acuerdo con la empresa de seguridad de Internet Verisign, citado por el columnista Michael Hiltzik, el número de ataques contra las organizaciones de noticias se incrementó en un 75 por ciento en la primera mitad de 2016 en comparación con el año anterior, mientras que la dimensión de los ataques aumentó en un 214 por ciento. Uno de esos ataques tuvo que ver con Brian Krebs, periodista y experto en seguridad cibernética que sufrió un ataque que lo dejó fuera de Internet durante varios días.

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