Perú

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72ª Asamblea General de la SIP
13 - 17 de octubre de 2016
Ciudad de México, México
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En este período el país atravesó por una prolongada y virulenta campaña electoral general que justificó la presencia de misiones internacionales de observación electoral. La cobertura desplegada por los medios estuvo bajo un intenso escrutinio público. Entre abril y junio, fecha del balotaje, la polarización se agudizó por la difusión de denuncias periodísticas que implicaron a los partidos políticos en contienda y a sus candidatos a la Presidencia.

En ese ambiente, la prensa resaltó temas y pronunciamientos sobre libertad de prensa.

En lo positivo, los partidos políticos incluyeron referencias a la transparencia, al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de expresión y opinión. Convocados por el Consejo de la Prensa Peruana, los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Veronika Mendoza, del Frente Amplio, y Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio, suscribieron el documento "Los Principios de Lima. Acceso a la Información en Poder del Estado".

La exacerbación disminuyó a partir de 28 de julio, cuando asumió el presidente Kuczynski, luego de una ajustada victoria electoral en segunda vuelta.

En este nuevo escenario, la congresista y vicepresidenta de la Repúbica Mercedes Aráoz criticó la calidad y contenidos de los medios audiovisuales lo que reaviva el debate sobre la vigencia de la autorregulación de la prensa y la pertinencia de promover leyes sobre el horario familiar y Códigos de Ética sobre contenidos en la Ley de Radio y Televisión vigente.

El presidente Kuczynski declaró: "Yo me opongo a cualquier bozal a la prensa, a la televisión y a la radio. Creo en la libertad de medios. [...] El Perú tiene libertad de prensa y la tenemos que mantener".

La preocupación sobre una eventual regulación de contenidos se acentuó cuando ocho congresistas fujimoristas presentaron un proyecto de ley que declara de Interés Nacional el Fomento de la Cultura a través de los Medios de Comunicación Públicos y Privados. De ser aprobado, el proyecto, actualmente en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, encargaría al Ministerio de Cultura realizar acciones administrativas y técnicas para incidir a favor de la cultura, promover el fortalecimiento de la familia y la promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud en todo el territorio peruano.

Añade el proyecto que "contribuirá con el desarrollo y difusión de la cultura y permitirá que los medios de comunicación social emitan programas de calidad, en donde la cultura y el conocimiento combatan el atraso y la marginación, a través de ofertas de entretenimiento sin recurrir a espectáculos indignos"

También en septiembre, una segunda propuesta legislativa para modificar el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión propuso ampliar las facultades de la Dirección General de Control y Supervisión (DGCS) sobre quejas y sanciones presentadas contra los titulares de medios respecto de sus propios códigos de ética y el horario de protección al menor.

En la práctica, existe un ánimo de convertir el derecho de opinión en delito y en algunos casos, el uso de las cortes como mecanismo de acoso judicial contra periodistas.

Entre abril y septiembre se registraron alrededor de 10 casos de denuncias contra periodistas en diversos fueros judiciales y administrativos que comparten una tendencia a la censura. Contemplan millonarias sanciones pecuniarias y condenas de prisión contra periodistas en juicios penales, lo que reanimó el debate en torno de la despenalización a los llamados "delitos de prensa".

Existió una denuncia penal por delito contra el "Estado y la Defensa Nacional, atentados contra la seguridad nacional, traición a la patria y revelación de secretos nacionales", presentada por el ex Ministro de Defensa Jakke Valakivi contra Rosana Cueva y Karina Novoa, directora y reportera del programa Panorama, de Panamericana Televisión, por haber revelado irregularidades en el uso de fondos públicos destinados al sector inteligencia militar para la lucha contrasubversiva.

Pese que el Ministerio de Defensa del gobierno actual retiró la denuncia, que supone una pena de 15 años de prisión, la Fiscalía aún no se pronunció, lo que prolonga innecesariamente una peligrosa situación de incertidumbre jurídica que la SIP ha calificado como "un acto de fuerza e intimidación contra quienes ejercen el periodismo investigativo, un exceso y una restricción a la libertad de prensa que restringe el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados".

En agosto de este año, luego de 13 años de un irregular proceso judicial el Ministerio Público decidió dilatar el juicio oral contra el periodista Mauricio Aguirre Corvalán por delito contra el Estado y la Defensa Nacional – revelación de secretos de interés Nacional, con una sanción de ocho años de cárcel y una indemnización de US$200 mil, hasta que sobre el tema se exprese la justicia de Chile.

Sobre la controversia respecto de la adquisición del Grupo Epensa por el Grupo El Comercio, estas son las posiciones:

El Grupo La República considera que el Poder Judicial aún no resuelve en primera instancia la demanda de amparo planteada por ocho periodistas en noviembre de 2013 contra Empresa Editora El Comercio; sobre violación a los derechos a la libertad de expresión y libertad de acceso a información plural; por la adquisición que hiciera de las acciones de Empresa Periodística Nacional (hoy Prensmart), sumando el control sobre el 80% de los medios impresos en el Perú.

De acuerdo a las leyes peruanas, este proceso debió ser resuelto en un plazo muy perentorio que no debería superar los treinta días; sin embargo lleva casi tres años y en el transcurso ha fallecido uno de los demandantes, Enrique Zileri Gibson.

Asímismo, se ha cambiado varias veces de juez; es así que la demanda se inició ante el 4to Juzgado Constitucional que despacha el juez titular Juan Macedo Cuenca, luego en enero de 2014 asumió el despacho la jueza Magnolia Béjar Monge, posteriormente reasumió el cargo el juez Macedo, en diciembre de 2015 se designó al juez Máximo Falla Atoche, en marzo del presente año se designó al juez César de la Cruz Tipian y en agosto último nuevamente al juez Macedo.

En este mes se está notificando con la demanda a las otras empresas involucradas como son Prensmart y Alfa Beta Sistemas; lo que implicará la vuelta a foja cero.

Los periodistas demandantes acudieron en setiembre de 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para reclamar que se pronuncie sobre el retraso en la administración de justicia; sin embargo, ha pasado un año y aún no hay pronunciamiento.

En tal sentido, el Grupo La República solicita que la SIP haga un llamado público a las autoridades judiciales a fin de que no admitan más dilaciones en el proceso y resuelvan el pedido de los periodistas; caso contrario quedaría avalada una situación de hechos consumados.

Por su parte, la posición de GEC y EPENSA considera que la adquisición del 54% de las acciones de Empresa Periodística Nacional Epensa (hoy Prensmart) no dio a Empresa Editora El Comercio (GEC) el ¨80% de los medios impresos del país ¨, sino el 80% de los lectores de estos medios. La diferencia es importante: los lectores son libres y tienen otras opciones puesto que, luego de la adquisición, el GEC posee solo 9 de los 60 diarios impresos que existen en el Perú.

Estima, además, que el mercado de los medios escritos es un mercado abierto permanentemente a la llegada de nuevos competidores (de hecho, desde la adquisición han ingresado al mercado otros dos diarios de alcance nacional.

Por otra parte, aun cuando la situación en el mercado de medios impresos peruanos no fuese la descrita, resultaría anacrónico luego de la aparición de las alternativas digitales a la prensa impresa en el país, considerar al mercado de los medios impresos como el "mercado relevante" para determinar una situación de riesgo a la pluralidad informativa y la libertad de expresión.

Finalmente, hay que precisar que el "control" del GEC respecto de los tres medios del GLR está referido exclusivamente a la comercialización e impresión: en la antes mencionada adquisición se determinó que el contenido editorial de los tres diarios de Prensmart quedase en manos de una empresa 100% propiedad de la familia Agois.

En vista de lo anterior, los grupos Prensmart y GEC sostienen que no hay asidero para la demanda presentada pues no hay riesgo alguno para las libertades de información y expresión en el Perú con la asociación de ambos grupos. Por lo mismo, a Prensmart y al GEC también les preocupa la demoras habidas en el Poder Judicial, considerando que la demanda de amparo debería haber sido declarada improcedente o, en su defecto, infundada a estas alturas. Al mismo tiempo, sostienen que no corresponde un pronunciamiento de la SIP sobre lo que en realidad es un conflicto comercial entre competidores que en nada afecta a la libertad de expresión y en el que, por lo demás, como lo comprobó la misión enviada en 2014, no ha habido interferencias políticas.

En otro orden de temas, se registra un retroceso contra la lucha contra la impunidad. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) en la etapa final del juicio por el asesinato de Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, aceptó reemplazar al experimentado presidente de la Sala, encargado de redactar la sentencia, arriesgando así un quiebre en este caso. A fines de septiembre, pese a que el proceso está por finalizar, el CEPJ atendió la solicitud de sustraerse del juicio por razones de salud del magistrado Marco Cerna Bazán, hasta hace unas semanas presidente de la Sala, director de debates y encargado de elaborar la sentencia en el caso Bustíos. El magistrado Cerna, sin embargo, continúa llevando otros cinco procesos por graves violaciones a los derechos humanos. Según denunció la Comisión de Derechos Humanos, a cargo de la defensa legal de los familiares del periodista, existe una fuerte preocupación de que el cambio de magistrados resulte en el quiebre del juicio.

Preocupan las desproporcionadas sanciones pecuniarias y condenas de prisión contra periodistas y medios de comunicación en diversas instancias del fuero penal, que evidencian una peligrosa tendencia a criminalizar el derecho de la prensa a opinar sobre asuntos de interés público.

Por ejemplo, la sentencia a 1 año y 8 meses de prisión suspendida y el pago de alrededor de US$ 35 mil dólares, a favor del ex presidente Alan García Pérez contra el ex director de Diario 16, Fernando Valencia; la sentencia reservándose el fallo condenatorio en el juicio por difamación agravada contra el columnista de la revista Caretas Rafael León entablado por la periodista Martha Meier Miró Quesada; la condena de un año de pena privativa de la libertad suspendida y el pago de alrededor de US$15 mil en la demanda contra Carol Villavicencio Lizárraga, editora del semanario "El Huacón" de Huancayo presentada por el entonces congresista Casio Huaire Chuquichaico; la revocatoria de la pena de prisión suspendida por incumplimiento del pago de alrededor de US$ 3 mil de reparación civil, en el proceso por difamación contra el director del semanario Prensa al Día de Huaura, Ronald Daniel Ormeño Gonzales, que originó su detención.

Asimismo, preocupan las querellas por difamación agravada admitidas por juzgados en demandas cuestionables que contemplan reparaciones civiles desmedidas, como por ejemplo, el proceso penal por difamación con reparación civil de cerca de US$30 mil presentada por el gerente general del Gobierno Regional de Tumbes Pedro Octavio Mejía Reyes contra la conductora del programa En Contacto TV y periodista del diario Tumbes 21 Milagros Rodríguez Pereyra; la demanda penal por difamación agravada más una reparación civil de alrededor de US$200 mil presentada por el gobernador regional del Callao Félix Moreno contra el periodista Juan José Garrido Koechlin, director del diario Perú21, que fue incluido como tercero civilmente responsable; la denuncia penal de difamación agravada por delito contra el honor y una reparación solidaria de alrededor de US$100 mil presentada por el ex ministro Rafael Rey Rey contra el periodista Raúl Tola Pedraglio y el diario La República, como tercero civilmente responsable.

En julio, Oscar Castilla, director ejecutivo de la Asociación de Periodismo de Investigación Ojo Público fue denunciado por el juez supremo Javier Villa Stein ante la Dirección General de Protección de Datos Personales (DGPDP), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), por los reportajes "El patrimonio supremo del juez Javier Villa Stein" y "Los supremos jueces del millón", difundidos en su Portal. Dichos reportajes tratan sobre un tema de interés público como es el patrimonio de un juez supremo e incluyen una entrevista previamente coordinada y concedida al medio por el ex presidente del Poder Judicial.

En septiembre, la Dirección General de Protección de Datos Personales (DGPDP) del Perú rechazó la denuncia planteada por el ex presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein. Coincidió con la instalación del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el informe técnico normativo para la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que, de proceder, representaría un significativo avance en materia de transparencia en el país.

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