Panamá

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Durante el último semestre el libre ejercicio del periodismo y el cumplimiento del acceso a la información pública se han mantenido estables.


Aún continúan en el limbo jurídico los procesos relacionados con la anulación de resultados electorales (2014) por la utilización ilegal de recursos públicos para favorecer a candidatos afines a los partidos de gobierno. A pesar de la opinión del Procurador de la Administración, quien señaló que la competencia corresponde a la Corte Suprema, no ha habido avances. La mayoría de estas denuncias iniciaron por informaciones divulgadas a través de los medios de comunicación.


Se sigue dilatando la decisión en el proceso al ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garuz y otros, por agresión e impedir al secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, filmar con su teléfono celular un incidente en que se estaba impidiendo el libre ejercicio del periodismo de dos periodistas del canal de televisión TVN.


En julio fue presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley relacionado con el denominado "derecho al olvido", por el cual usuarios de internet podrían exigir a portales informativos la eliminación de información que consideraran que afecta su imagen. La propuesta generaba una afectación a la libertad de expresión y fijaba limitaciones al ejercicio del periodismo. Luego de un corto debate público, el diputado proponente Meliton Arrocha retiró el proyecto de ley.


También en julio, durante un evento realizado en la Universidad de Panamá en el que se daba una presentación de Amparo Medina, quien se identificaba como ex consultora de las Naciones Unidas en temas de educación sexual, se dio un incidente en el que los periodistas Mauricio Valenzuela (independiente) y Hugo Vera (Telesur), recibieron agresiones en el ejercicio de su profesión. Ambos interpusieron una denuncia ante las autoridades que se encuentra en investigación.


Sin avances significativos, pero sigue pendiente de trámite legislativo en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación" y establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear, advertir y promover" sobre los contenidos de los medios.


Entre agosto y octubre se han dado declaraciones recurrentes del presidente Juan Carlos Varela que hacen señalamientos sobre el desempeño de los medios de comunicación y las redes sociales. En un evento público con empresarios, criticó a los canales de televisión señalando que "pasaron ocho veces en su noticiero de dos horas noticias relacionadas con temas de delincuencia", que anunciaron en 12 titulares distintos. También ha expresado su molestia diciendo que "la inseguridad es parte de la vida del país... pero hay algunos medios de comunicación obsesionados con crear una percepción caótica". En la provincia de Bocas del Toro, el 12 de agosto pasado, realizó fuertes críticas a los que critican su gestión utilizando las redes sociales.


El Grupo Editorial EPASA (que publica los diarios El Panamá-América, Crítica y Día a Día), ha señalado como intimidatorias declaraciones dadas por el presidente de la República y miembros del gobierno. Estas declaraciones motivaron que EPASA presentara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitudes de medidas cautelares para evitar el cierre de sus diarios y garantizar la protección personal de 15 periodistas. Todavía está pendiente de respuesta por parte de las autoridades de Migración contestar las solicitudes de la SIP sobre la retención en mayo pasado del periodista Santiago Fascetto en el aeropuerto internacional por funcionarios del Consejo de Seguridad del Estado. Igualmente, han recibido medidas de amenazas injustificadas de corte del servicio por parte del Instituto que provee agua potable. También hicieron público que se le realizaron cuatro alcances fiscales en dos años, con condenas a pagar sumas que superan los 1,7 millones de dólares por presuntos errores en los informes fiscales presentados por la empresa. Adicionalmente, enfrentaron un proceso administrativo del Tribunal Electoral (TE) que podría terminar en una multa de al menos 50 mil dólares por publicar un extracto de una encuesta de opinión pública.


Consignamos que el 12 de octubre fue conducido, indagado e impuesta detención preventiva por parte del Ministerio Público, al presidente de la Compañía Digital de Televisión, que emite la señal del Canal NexTv, Riccardo Francolini. La información divulgada da cuenta que el objeto de la investigación judicial guarda relación con su desempeño como presidente de la Junta Directiva de un banco el Estado durante la administración gubernamental pasada. No obstante, esperamos que estas medidas no afecten el ejercicio de la libertad de prensa de ese medio.


Por otro lado, el Grupo Editorial GESE (que publica los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá), enfrenta una grave situación que puede implicar el cierre definitivo de los periódicos. En mayo pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó en la denominada Lista Clinton al principal accionista de los periódicos.


Aunque emitieron una "Licencia General" que busca no afectar a los periódicos y el embajador de los Estados Unidos declaró "que los periódicos no están envueltos en lavado de dinero" (John Feeley, CANAL TELEMETRO, 3 de junio de 2016), la realidad ha sido que la situación de estos medios ha quedado gravemente comprometida en su situación operacional, pérdida de clientes y pauta publicitaria, deterioro de la relación con proveedores, asfixia del sistema financiero y bancario y afectaciones en el recurso humano, por lo que debieron reducir su planilla de colaboradores (incluidos periodistas) en un 20%. A esto hay que sumar el estrés laboral que produce la incertidumbre de si los periódicos podrán seguir publicando. La "Licencia General" tiene fecha de expiración el 6 de enero de 2017, pero la realidad es que se convierte en una espala de Damocles que afecta directamente la preventa de publicidad de 2017 (ahogo económico) y el ejercicio libre del periodismo, convirtiéndose en un atentado a la libertad de prensa y de expresión, producto de una medida extraterritorial del gobierno de los Estados Unidos de América. Los más amplios sectores de la vida nacional, asociaciones privadas, académicas, gremiales, periodísticas, internacionales (incluida la SIP), medios de comunicación y de toda índole han manifestado su preocupación ante el posible cierre de los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá.


Sigue pendiente de debate en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Reformas Electorales por parte del Tribunal Electoral que contiene normas que afectarían la libertad de expresión, el libre ejercicio de los medios de comunicación y disposiciones que podrían ser atentatorias a la libertad de empresa.


Las siguientes reformas están en el proceso legislativo y el presidente de la Asamblea Nacional ha manifestado públicamente que continuará en enero de 2017:


Los topes al financiamiento privado a las campañas electorales, el establecimiento por ley de descuentos fijos obligatorios a los medios de comunicación por razón de la pauta publicitaria en campañas electorales y el requisito de obtención, por parte de los medios de comunicación, de autorización del Tribunal Electoral para divulgar propaganda política. Se piensa que esta carga debe ser de las agencias de publicidad y no de los medios.


En la Asamblea Nacional también se discute un proyecto de ley que regula la publicación de clasificados y mensajes cortos en los diarios, que podría afectar la libertad de expresión.


Consignamos el hecho que en la mañana de 17 de octubre, en una situación similar a la descrita con respecto al presidente del Compañía Digital de Televisión, fue conducido por la Dirección de Investigaciones Judiciales (DIJ) el periodista Fernando Correa Joly, mientras se encontraba preparándose para participar en el noticiero de televisión. Correa Joly era miembro también de la Junta Directiva del Banco Estatal Caja de Ahorros durante la administración gubernamental anterior. La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado donde expresa "que adelanta investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, relacionado con un préstamo aprobado por la Caja de Ahorros". Aunque el caso que se investiga no guarda relación con la libertad de expresión, nos preocupan la forma en que se dio la conducción. Esperamos que no se de una afectación a la libertad de expresión y de prensa.


También señalamos que Ricardo Chanis, presidente del Grupo EPASA, fue informado que recibió en su residencia familiar la comparecencia de autoridades, de las que desconoce la institución, una orden de conducción en la mañana del 17 de octubre. Chanis fue miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, en el periodo 2009-2014.


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