Conclusiones

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Asamblea General
Antigua, Guatemala
2004

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Durante los últimos seis meses, la lucha por la libertad de prensa sufrió serios reveses en muchos países del hemisferio, mayormente en manos de criminales que vienen operando con impunidad, regímenes represivos en Cuba y Venezuela y funcionarios de gobierno procurando legislaciones restrictivas. Al igual que en años anteriores, muchos periodistas fueron asesinados, heridos o empujados al exilio por simplemente ejercer su profesión.

Sin embargo, se han logrado avances positivos. Varios países revocaron leyes que amenazaban a los periodistas con penas de cárcel o multas hasta por imprimir la verdad acerca de funcionarios públicos. El hecho más sobresaliente ha sido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinó que los periodistas podrían exigir a los funcionarios públicos que mantengan un mejor nivel de rendimiento y que las leyes arcaicas que prohibían a los medios repetir imputaciones hechas por "terceros" contra dichos funcionarios se contraponen a la Convención Americana de Derechos Humanos.


Nueve periodistas de Brasil, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, así como un voceador de prensa de Colombia fueron asesinados desde la reunión de medio año celebrada en marzo pasado. El caso de México fue particularmente fatal. El asesinato de Francisco Ortiz Franco fue execrable. Director del semanario Zeta en Tijuana, Ortiz Franco estaba apoyando al grupo de trabajo de la SIP revisando el expediente judicial de los casos de asesinato de otros dos periodistas mexicanos, Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza. El 22 de junio, poco después de que el grupo de trabajo presentara su informe, Francisco Ortiz Franco fue abatido a tiros en su automóvil. Hasta la fecha, cinco miembros de un cartel de narcotraficantes han sido arrestados. Las atrocidades perpetradas por estos asesinos obligaron al presidente Vicente Fox a presentar un proyecto de legislación al Congreso mexicano proponiendo que los crímenes contra periodistas por cumplir con su labor sean investigados y encausados por el gobierno federal. Dicho proyecto de ley es resultado directo del trabajo realizado por la SIP para combatir la impunidad.

En las cárceles de Cuba, 32 periodistas siguen cumpliendo condenas que van desde los tres hasta los 27 años. Entre ellos se encuentra el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Raúl Rivero. Las esposas, madres y familiares de muchos de estos prisioneros de conciencia, conocidas como "las Damas de Blanco", han tenido la valentía de hacer públicas sus propias protestas.


La situación en Venezuela está dando un giro alarmante hacia la restricción e intimidación de la prensa. Se está proponiendo una llamada Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión que amordazaría a los medios y le daría al gobierno control fundamental sobre la programación y, en efecto, permitiría la censura previa. Además, la intimidación física contra periodistas va en aumento.

En Argentina y Brasil, los líderes políticos no han mostrado interés en alentar mayores libertades. La política hacia los medios promovida por el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, ha sido descrita como una "total sordera oficial". El acceso a la información pública se debate en una comisión del Senado. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha respaldado dos medidas que también podrían restringir la libertad de prensa. Una de ellas establecería un Consejo Federal de Periodismo, con potestad para castigar a periodistas que violen sus principios y le daría al gobierno mayor autoridad sobre los medios de comunicación. Una segunda medida, la llamada Ley de la Mordaza, consideraría delito que un empleado del gobierno proporcione información a los medios sobre una investigación en curso si no lo hace a través de los canales oficiales.


En Ecuador, resulta promisoria la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, si bien todavía no ha salido el reglamento que la haga efectiva. En Guatemala y en Honduras, se han propuesto o aprobado leyes que restringen severamente la capacidad de los medios de informar sobre campañas políticas. En Honduras, una ley aprobada en marzo prohíbe a los medios publicar "propaganda" dentro de un período de 50 días previos a elecciones primarias y 90 días antes de elecciones generales.


Todas esas leyes configuran censura previa para la prensa, lo cual va en directa contraposición a las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Ley de Expresión del Pensamiento. Varios periodistas y medios han recibido ataques desde un nuevo frente –demandas por injuria o difamación interpuestas en virtud de las llamadas leyes de "honor".


En el Perú, tales demandas exigen reparaciones muy onerosas que, si se conceden, llevarían a la quiebra a las empresas periodísticas. Los medios de Estados Unidos han expresado su consternación por el intento del gobierno federal de tratar de sonsacar la identidad de la fuente que proporcionó datos a varios periodistas que llevaron a la identificación de una agente de la CIA, hecho que está tipificado como delito federal. Un juez federal ha sentenciado a dos destacados periodistas a cumplir pena de cárcel y ha multado a sus organizaciones por rehusarse a revelar el nombre de la fuente. Las sentencias han quedado en suspenso mientras se espera el resultado de la apelación, pero éstas podrían enfriar la comunicación entre funcionarios del gobierno y los reporteros.

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