Argentina

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Reunión de Medio Año
Antigua Guatemala, Guatemala
31 de marzo - 3 de abril de 2017
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Durante 2016 se registraron 65 ataques directos a la libertad de expresión, según el monitoreo anual del Foro de Periodismo Argentino. Los principales agresores a periodistas fueron funcionarios provinciales, fuerzas policiales y militantes políticos durante la cobertura de manifestaciones públicas. Esta cifra es menos de la mitad del promedio anual de ataques durante la gestión de Cristina Kirchner.

Entre los ataques físicos registrados en el período, se destacan los siguientes:

La agresión contra el camarógrafo de Canal 2, de la provincia de Jujuy, a quien el estallido de una bomba de estruendo arrojada por manifestantes mientras cubría una movilización le ocasionó graves cortes y quemaduras. La golpiza sufrida por Martín Grande, director de FM 89.9 de la provincia de Salta, quien tuvo una fractura de su tabique nasal por el golpe infligido por Sebastián Ramos, hijo de un diputado provincial. Golpes de puño de los que fue víctima el periodista de la señal Todo Noticias Nicolás Wiñazki, mientras realizaba una cobertura en el municipio de La Plata. El fotógrafo José Granata, de la Agencia Télam, fue herido con balas de goma disparadas por fuerzas policiales durante la cobertura de disturbios en una marcha en la ciudad de Rosario. Los periodistas Sandra Borghi, Mercedes Ninci y Gonzalo Aziz, de TN, fueron amenazados e insultados mientras cubrían manifestaciones públicas. Los periodistas Mauro Zeta y Ricardo Canaletti, de C5N y TN, fueron amenazados por integrantes de una banda criminal en un video que circuló públicamente. El fotógrafo Rubén Paredes, del diario Crónica, fue herido por una bomba de estruendo en un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Otros fotógrafos y periodistas del mismo grupo sufrieron agresiones en un conflicto entre policías y vecinos y en la cobertura de un accidente automovilístico. El 16 de noviembre, el automóvil de la periodista Gloria de los Ríos, de FM Horizonte, de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, fue quemado a metros de su vivienda, en un claro intento de amedrentamiento.

El 27 de marzo el diario El Litoral de Santa Fe, denunció un ataque informático en su sitio web que consistió en la publicación de un mensaje intimidatorio anónimo en su portada que advertía sobre una presunta intención de "silenciar" al medio informativo por "noticias que molestan bastante". En la nota también se amenaza a la fiscal Lucila Nuzzo, integrante del Ministerio Público de la Acusación, presuntamente por investigaciones ligadas con una banda de estafadores de tarjetas de crédito, consideró El Litoral, cuya página web permaneció fuera de servicio por varias horas.

El gobierno de Formosa arremetió contra periodistas que manifestaron su inquietud en la red social Facebook sobre un corte de suministro eléctrico que impidió la transmisión del programa "Sin censura". Fue detenido por varias horas el fotógrafo Bruno Ciancaglini, en Mar del Plata, después de haber fotografiado a efectivos policiales que participaban de un procedimiento. El protocolo de seguridad implementado el año pasado por el Ministerio de Seguridad, asesorado por asociaciones civiles representativas del sector periodístico, se activó ante la detección de dos casos de periodistas, cuyas identidades se mantienen en reserva, que se encontraban en peligro debido a su trabajo.

Una planta impresora del Grupo Clarín fue bloqueada por parte de ex empleados de la misma. También destruyeron rotativas de la imprenta Kollor Press y generaron otro ataque contra dos talleres gráficos.

La aprobación de la ley de acceso a la información pública en septiembre, constituyó un hito relevante para un país en el que obstruyó sistemáticamente, por más de una década, los avances en esta materia. Este primer paso fue complementado, hace pocos días, por la reglamentación por parte del Ejecutivo.

Si bien sigue pendiente la aprobación de una ley con pautas claras y objetivas que evite el uso discrecional y propagandístico por parte del Estado mediante la discriminación de la publicidad oficial, una resolución del Ejecutivo y la media sanción de una ley para regular la pauta oficial, en línea con los estándares interamericanos, constituyen pasos relevantes para racionalizar el uso de recursos públicos que se emplearon de manera arbitraria durante la anterior gestión. Durante 2016, se distribuyeron 756 millones de pesos, equivalentes a poco más de 50 millones de dólares, la cifra más baja del último lustro. Empresas periodísticas discriminadas durante la etapa kirchnerista volvieron a recibir pauta.

A fines de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda por daños y perjuicios planteada por una modelo publicitaria contra Google y Yahoo, por violación a sus derechos al honor y a la intimidad, a los que consideró afectados por la vinculación de su imagen a sitios pornográficos en internet. La Corte entendió que la actividad de los buscadores de internet está amparada por la tutela constitucional de la libertad de expresión y que resulta improcedente establecer una tutela preventiva que obligue a estas empresas a filtrar o bloquear contenidos. En los meses posteriores, tribunales provinciales fallaron en línea con la doctrina de la Corte en casos ligados a estas empresas. En sentido contrario, el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2 ordenó a Twitter la supresión de determinadas imágenes y comentarios referidos a otra modelo, lo que configuró un caso de censura, según lo denunció la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

Otro pronunciamiento relevante de la Corte Suprema, que hizo público en febrero pasado, fue la desestimación de una presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa "Fontevecchia y otros c/ República Argentina", se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema. La mayoría de la Corte consideró que aceptar la petición implicaría convertir a la Corte Interamericana en una "cuarta instancia" revisora de los fallos de los tribunales argentinos. También señaló que sus sentencias tienen autoridad de cosa juzgada, no susceptible de ser alterada por otras jurisdicciones, y aclaró que las decisiones de la Corte Interamericana deben ser cumplidas por el Estado a través del Congreso y el Ejecutivo, tal como ocurrió en este caso.

A diferencia de otras épocas, los funcionarios, empezando por el presidente de la Nación, tuvieron una actitud de apertura frente a los requerimientos de entrevistas o al suministro de información de interés público.

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