Puerto Rico

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Reunión de Medio Año
Antigua Guatemala, Guatemala
31 de marzo - 3 de abril de 2017
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En este período continúa la odisea para lograr una ley de acceso a la información pública que el Congreso sigue votando en su contra. La Cámara de Representantes no aprobó los proyectos de ley que buscaban establecer el derecho de acceso a información pública. Uno de los proyectos que parecía tener el apoyo de ambos partidos principales, fue derrotado por pocos votos.

El gobierno en funciones desde enero de 2017 ha prometido promover una Ley de Transparencia que respete los valores de derecho a información pública, que hasta ahora solo se reconoce mediante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El país carece de un estatuto que atienda la manera y el tiempo de alcanzar el irrestricto acceso a información pública y la producción o inspección de documentos públicos. Sin embargo, el derecho constitucional de acceso a la información pública es avalado por los tribunales, y cualquier iniciativa legislativa se abstiene de trastocar lo que los tribunales determinaron en ese sentido.

Varias organizaciones periodísticas se agruparon informalmente bajo la "Red de Transparencia" con el fin de establecer un diálogo con el gobierno para presentar una Ley de Transparencia que respete los derechos ya reconocidos jurisprudencialmente, facilite a la ciudadanía el acceso a la información pública y fomente la transparencia en la gestión gubernamental.

Por primera vez se sienten los efectos del caso resuelto en 2014 por la Corte de Justicia de la Unión Europea, Google España SL v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, mediante el cual se reconoció un "derecho al olvido digital".

Otros países (Colombia, Chile, Canadá) han seguido lo resuelto por la Corte de Justicia de la Unión Europea. Aunque en el país el esquema de derecho es distinto, terceros comienzan a reclamar una "privacidad digital" y que se eliminen "datos obsoletos", de manera que no los capten (e informen) diferentes archivos que los buscadores tradicionales como Google, Yahoo! y Bing utilizan para reportar resultados de búsquedas. Todavía no hay una determinación oficial en los tribunales en cuanto a este "derecho" al olvido.

El "derecho al olvido", y su reconocimiento por los tribunales, podría significar un grave menoscabo a los derechos de libertad de prensa y expresión, en la medida en que terceros puedan pasar juicio sobre qué está o no vigente históricamente y cuáles contenidos se tienen que modificar o eliminar por el pasar del tiempo.

La Junta de Supervisión Fiscal comenzó a transmitir información sobre su gestión (costos, gastos, honorarios pagados y contratación), en respuesta a pedidos de medios de comunicación y otras organizaciones periodísticas.

Sin embargo, no hay información adecuada respecto de la gestión financiera del gobierno. Si bien los miembros del organismo fiscal (y sus reuniones públicas) han estado accesibles al público y la prensa, la transparencia con este organismo no es idónea y requiere de solicitudes constantes del público y los medios.

El acceso de las cámaras en salas de los tribunales de justicia continúa siendo esporádico, concedido caso a caso, según se solicite. Por eso, la aprobación de las solicitudes de los medios para transmitir procesos judiciales, aun aquellos de mucha relevancia pública, no está garantizada.

El Tribunal Supremo trabaja para mejorar el sistema de acceso digital a las salas de los tribunales con entrevistas a los participantes, en un programa piloto.

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