Panamá

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Reunión de Medio Año 2017
Antigua Guatemala, Guatemala
31 de marzo - 3 de abril
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En este período no hubo avances en la Corte Suprema de Justicia, respecto de los procesos relacionados con la anulación de resultados electorales (2014) por la utilización ilegal de recursos públicos para favorecer a candidatos afines a los partidos de gobierno. La mayoría de estas denuncias se iniciaron por informaciones divulgadas a través de los medios de comunicación.

En el proceso que por el delito de lesiones personales contra el secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, se le seguía al ex secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz, desde junio de 2013, el Juzgado Décimo Penal aplicó una condena de cinco años de prisión. La misma fue aprobada.

Durante el último semestre, y respecto del libre ejercicio del periodismo y el cumplimiento de las disposiciones legales de acceso a la información pública, se presentaron situaciones que preocupan.

En octubre tanto el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) comoel Sindicato de Periodistas de Panamá expresaron su rechazo a declaraciones del vocero del partido Cambio Democrático (Luis Eduardo Camacho) en las que acusó a medios y periodistas ( a los que llamó oficialistas) de cubrir las protestas de su partido para mandar imágenes al Consejo de Seguridad del Estado.

En noviembre, en un acto en la región de Azuero en el que participaba el presidente Juan Carlos Varela, funcionarios del Ministerio de la Presidencia impidieron que periodistas pudieran realizar sus labores de cubrir a un grupo de jubilados que deseaban entregar un documento al presidente.

El Ministerio de Gobierno presentó una iniciativa de reglamentación de una ley de prevención de violencia contra la mujer, por medio de la cual se le atribuía a la Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión facultades cuyo fin era regular los medios de comunicación, su contenido editorial y, por ende, la libertad de expresión y el derecho de información, incluso asignando facultades a una autoridad administrativa para la imposición de multas a los medios. Luego de varias reuniones entre los medios con el ministro de Gobierno (Milton Henríquez) se comprometió, a presentar la eliminación de las fuentes de afectación y dejar claro que, ante el supuesto que un medio incurra en discriminación o violencia contra la mujer los afectados deben acudir a la justicia civil ordinaria. El proyecto de ley incluye la eliminación de una norma que establecía sanciones del Ministerio de Gobierno contra medios de comunicación.

La Asamblea de Diputados discute reformas al sistema electoral del país. Este paquete incluye normas que van desde modificaciones al sistema mismo de elección, financiación de las campañas electorales y normas que podrían afectar a los medios y la libertad de expresión. Se destacan un beneficio (descuento) porcentual a las tarifas de compras regulares de publicidad, la posibilidad de que el Tribunal Electoral se inmiscuya en las estrategias de campaña o planes de medios de los partidos políticos o candidatos, la regulación del pago de comisiones que los medios otorgan a las agencias de publicidad, cargar a los medios la responsabilidad de no divulgar propaganda que no esté previamente autorizada por el Tribunal Electoral, una amplia definición de propaganda sucia; multas diarias a los medios con porcentajes altos; la ampliación de la veda en la publicación de encuestas durante los procesos electorales de 8 a 20 días y la posibilidad de regulación de campañas sucias en las redes sociales. No existe claridad todavía sobre la votación final de estas modificaciones.

En febrero el diputado del partido Cambio Democrático Noriel Salerno presentó una iniciativa que establece una serie de obligaciones a los medios televisivos, radiales e impresos de pautar campañas promocionales que serían aprobadas por una comisión compuesta por instituciones del Estado. Se trataba de una clara injerencia en los contenidos editoriales de los medios, ya que no era sobre publicidad pagada, sino sobre espacios gratuitos que debían ser cedidos a esta campaña permanente. Medios de comunicación y gremios periodísticos lanzaron una campaña denominada #TuLibertad, que junto a acciones de otros medios y organizaciones resultó en el rechazo del proyecto.

Otra propuesta legislativa del Ministerio de Salud sobre "las infecciones de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)" intenta establecer la responsabilidad de los medios de difundir, de manera permanente, información relacionada con esos temas. Los ministerios de la Presidencia y Comercio e Industrias y la Autoridad para los Servicios Públicos son las encargadas de reglamentar los deberes de los medios.

El Grupo Editorial GESE (que publica los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá, continúa enfrentando una medida impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que incluyó en la denominada Lista Clinton al principal accionista de los periódicos. Luego de una intensa campaña a finales de 2016, en la que los periódicos denunciaron la posibilidad de su cierre por esta acción del Gobierno de los EE.UU. El 5 de enero, a escasas horas de que venciera la anterior "licencia general" el Departamento del Tesoro emitió una nueva extensión con fecha de expiración de 13 de julio de 2017. Los graves efectos sobre los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá reportados en el informe anterior se mantienen y, de no encontrar una salida definitiva, el normal funcionamiento de los periódicos está comprometido. En enero, durante la misión que realizó la SIP a Washington, se planteó el tema a altos funcionarios del Congreso y del Departamento de Estado.

En marzo el periodista Álvaro Alvarado, del canal Telemetro, denunció que ha sido víctima de una campaña sucia por parte del Gobierno, que propaga que es propietario de un gran patrimonio, lo que lo podría hacer "objeto de secuestro".

En febrero, el diputado del partido oficialista Jorge Arrocha solicitó a la Procuraduría General de la Nación que inicie investigaciones sobre cómo se dio la compra de los diarios Panamá-América, Crítica y Día a Día, que publica la Editora Panamá-América (EPASA). Hizo referencia a supuestas sociedades, empresarios y operaciones de préstamos bancarios, mencionando que tenía "pruebas". Estas intervenciones se observan luego de que los diarios de EPASA publicaron denuncias de corrupción contra funcionarios del gobierno actual. Sobre este tema, la SIP se pronunció señalando que "las declaraciones reiteradas, cobijadas en la inmunidad parlamentaria y sin la correspondiente denuncia y presentación de evidencias ante la Justicia, parecieran que solo tratan de levantar sospechas con la intención de generar una forma sutil de intimidación y de censura".

En marzo, el diputado oficialista Adolfo Valderrama, publicó varios tuits contra el Grupo EPASA, uno de éstos se refería a un periodista de su Unidad de Investigación: "Me afirman q R. Berrocal escribe noticias contra mí, pero pide a otros firmarlas y le dicen q NO, al final pone Redacción. Firma la noticia!". El tuit de Valderrama tras la publicación de notas relacionadas con su gestión como presidente de la Asamblea de Diputados.

Sigue sin respuesta la nota que la SIP envió hace más de seis meses al director general del Servicio Nacional de Migración para solicitar explicación sobre la detención de la que fue objeto el periodista Santiago Fascetto del diario Panamá-América, en el aeropuerto.

El Grupo Editorial EPASA ha denunciado una campaña de intimidación de parte del Gobierno, en la que destacan la contratación de campañas de ataque en las redes sociales, la intimidación a sus periodistas por redes sociales y el que continúen sin resolverse cuatro alcances fiscales contra el Grupo EPASA por montos superiores a un millón setecientos mil dólares, que si se suman recargos, intereses y multas puede ascender a 10 veces su valor (lo que podría hacer peligrar la operación de EPASA). También denunció múltiples ataques a sus plataformas digitales, con afectaciones a sus redes sociales; en particular, la cuenta de Twitter del diario Crítica fue cerrada como parte de ataques anónimos.

El presidente de EPASA, Ricardo Chanis, presentó el pasado 1 de febrero una segunda solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fundamentada en lo que considera son ataques del gobierno contra los diarios del grupo editorial. En su oportunidad la SIP pidió al gobierno de Panamá que este caso sea resuelto de la manera más eficiente y ajustado al debido proceso.

Desde su participación en la Asamblea en México, Chanis, quien fue informado que las autoridades acudieron a su residencia a preguntar por él, no ha regresado a Panamá. En el caso del periodista Fernando Correa, de NexTv, luego de ser conducido por el Ministerio Público el 17 de octubre, se encuentra en libertad por un recurso presentado por su abogado. Ambos continúan enfrentando un proceso relacionado con su gestión como miembros de la junta directiva del banco Caja de Ahorros, durante la administración 2009-2014.

La Compañía Digital de Televisión, S.A. (Nextv), denunció públicamente que la detención de su presidente, Ricardo Francolini, quien es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público por razón de su desempeño como presidente de la junta directiva de un banco estatal durante la administración 2009-2014, es una forma de intimidación al trabajo que realizan como medio informativo.

En el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, está todavía pendiente de trámite el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación" y establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear, advertir y promover" sobre los contenidos de los medios de comunicación, con graves afectaciones a la libertad de prensa y expresión en sus propuestas.

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