Honduras

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Reunión de Medio Año
Antigua Guatemala, Guatemala
31 de marzo - 3 de abril de 2017
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CONSIDERANDO que el Poder Legislativo aprobó una reforma al Art. 335 del Código Penal que tipificó el delito de "apología e incitación de actos de terrorismo", dirigido a castigar a "quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de esté será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión"

CONSIDERANDO que dicha reforma contraviene principios universalmente aceptados en materia de libertad de expresión y representa una restricción ilegítima de la libertad de información que podría aplicarse de forma arbitraria en perjuicio de medios, periodistas, comunicadores y ciudadanos que ejerciten su derecho a la libre expresión

CONSIDERANDO que el artículo podría constituir un mecanismo de censura previa en perjuicio de la libertad de prensa e información a que tiene derecho los ciudadanos en forma individual y colectiva

CONSIDERANDO que tanto la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, han expresado su "preocupación ante la aprobación de las reformas al código penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimos de las garantías y derechos humanos fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país"

CONSIDERANDO que el Principio 5 de la Declaración de Chapultepec establece: "La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa".

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Exhortar al Gobierno para que proceda a la derogación del Art. 335-B del Código Penal publicado en el diario oficial La Gaceta el 27 de febrero del 2017

Denunciar a la comunidad internacional la aprobación de la normativa porque violenta los derechos contemplados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos

Reiterar al Gobierno que cualquier legislación tendiente a la regulación del terrorismo debe ajustarse a los estándares internacionales para que no tengan efectos sobre la libertad de expresión.

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