Impunidad México

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Reunión de Medio Año
Antigua Guatemala, Guatemala
31 de marzo - 3 de abril de 2017
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CONSIDERANDO que la impunidad es el principal incentivo para continuar atacando a los periodistas y por ello existe el compromiso de la SIP para que los asesinatos impunes no queden en el olvido y que se administre justicia, por lo que es necesario exigir que los gobiernos den una explicación pública de lo que ocurrió en cada caso y porqué permitieron que prescribieran los casos de Ezequiel Huerta Acosta (Coahuila 1989), Felipe González Hernández (estado de México 1987), Alberto Ruvalcaba Torres (Jalisco 1989); Lázaro Cárdenas (Michoacán 1991); Alejandro Campos Moreno (Morelos 1991), y Jesús Michel Jacobo y Manuel Burgueño Orduño (Sinaloa 1987 y 1988, respectivamente) sin que fueran detenidos los responsables

CONSIDERANDO que es necesario emitir una alerta a los gobiernos estatales y federal para impedir que prescriban los casos de Jessica Elizalde de León y Fernando Martínez Ochoa (Chihuahua 1993 y 1998, respectivamente); Cuauhtémoc Ornelas Ocampo (desaparecido en Coahuila 1995); Abel Bueno León (Guerrero 1997); Margarito Morales Ramírez (Jalisco 1997); Enrique Peralta Torres y José Luis Rojas (Morelos 1994); Benjamín Flores (Sonora 1997), y Mario Morales Palacios (Tamaulipas 1999), expedientes que no han sido cerrados, en los que ninguno de los responsables permanece en prisión y en algunos casos ni siquiera fue aclarado el crimen

CONSIDERANDO que los casos de Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco y Benjamín Flores González, presentados por la SIP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco han recibido la atención y respuesta adecuada de los estados o de la federación para resolverlos

CONSIDERANDO que las familias y los ciudadanos tienen derecho a la verdad y que las autoridades deben reconocer públicamente su responsabilidad ante su actuación institucional ineficaz en las investigaciones a su cargo, para que no siga ocurriendo y, en su caso proceder legalmente contra los funcionarios que no han cumplido con su trabajo para resolver los expedientes en los 22 estados en los que han ocurrido ataques, crímenes o desapariciones de periodistas: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz

CONSIDERANDO que el presidente Enrique Peña Nieto aseveró recientemente que es necesario revisar todos los mecanismos de protección, atendiendo este reconocimiento, la SIP exige al gobierno mexicano que esta revisión sea de manera integral y junto con todos los estados del país, para que funcione de manera coordinada y eficaz, porque hasta ahora ha sido de manera limitada y con errores que han colocado en riesgo a los informadores, en especial el sistema de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación

CONSIDERANDO que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, debería estar a la cabeza en la atención y seguimiento a casos sobre ataques a periodistas y sólo se ha convertido en colaboradora de las autoridades estatales, lo que hace aún más ineficaz su trabajo a pesar de sus capacidades legales y operativas

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Pedir al gobierno nacional que atienda con firmeza, prontitud y de manera integral y coordinada los casos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; así como se dé una explicación pública de los casos que ya han prescrito y que no fueron resueltos

Solicitar al gobierno que impida que sigan prescribiendo los delitos cometidos contra periodistas, y que se revise y provea al sistema de protección los recursos profesionales y económicos para prevenir y combatir la violencia y garantizar la seguridad de los periodistas.

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