Argentina

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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En el país se registra un alto nivel de libertad de prensa. La industria de los medios atraviesa, como en buena parte del mundo, las vicisitudes de un cambio de paradigma tecnológico y económico que demanda nuevas respuestas para sostener el rol institucional de la prensa en el debate de la cosa pública y el escrutinio de los actos de gobierno.

Los medios enfrentan estos desafíos dentro de un clima de respeto por la diversidad de opiniones y el ejercicio de la crítica. Existen, no obstante, muestras de intolerancia, asignaturas pendientes y fenómenos nuevos para estar alertas.

El monitoreo del Foro de Periodismo Argentino y los informes de libertad de prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas registraron más de 60 agresiones, amenazas o condicionamientos a periodistas o medios en lo que va del año. Los más preocupantes son los siguientes:

En abril, el Secretario de Comunicación de la provincia de Jujuy amenazó a una productora de Radio Universidad con la suspensión de pauta oficial a raíz de su enfoque periodístico.

A fines de ese mes, el fotógrafo de la Asociación de Trabajadores del Estado Jorge Riquelme sufrió una herida en su cabeza generada por parte de efectivos de la policía provincial durante la cobertura de una manifestación frente a la residencia de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz.

En mayo, José Allende, dirigente gremial y diputado provincial por Entre Ríos, amenazó de muerte al periodista Martín Carbone, a raíz de sus denuncias al ministro de Salud de su provincia.

En junio, periodistas de Canal 12, Radio Mitre y Radio Continental fueron agredidos y amenazados por afiliados de la Unión Tranviarios del Automotor, durante la cobertura de un paro de actividades en la ciudad de Córdoba.

Dentro del mismo mes, el periodista radial Alejandro García denunció actos de intimidación pública con armas de fuego por parte de un policía del Comando de Patrullas de la localidad bonaerense de Gonnet, a raíz de sus denuncias sobre el accionar policial.

En julio, periodistas de Crónica TV y La Nación sufrieron golpes por parte de fuerzas policiales durante la cobertura del desalojo de una planta de la empresa Pepsico, en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires.

En agosto, una bomba molotov fue arrojada contra un móvil del diario Jornada, de la provincia de Chubut. El episodio aparentemente está conectado con protestas del grupo mapuche RAM, que protagonizó distintos hechos de violencia en el Sur y en la capital argentina. El Grupo Jornada sufrió distintos ataques por parte de este grupo en los últimos meses, como el corte de los tensores de la antena de su radio y pintadas intimidatorias en la fachada de su sede.

El 3 de octubre, el diputado nacional Axel Kicillof, del opositor Frente para la Victoria, sostuvo que los medios privados viven de la extorsión a los políticos. "La información es un bien público y por ello la debería brindar sólo el Estado, porque es el único que puede publicar información objetiva", dijo.

El 30 de septiembre, en marchas realizadas en distintos puntos del país por la desaparición del joven Santiago Maldonado, fueron agredidos periodistas de América, Crónica TV, C5N, TN, Clarín y medios locales de la provincia de Río Negro.

A raíz de la repetición de hechos de violencia contra periodistas, Adepa impulsó la inclusión de los trabajadores de prensa en un proyecto de ley que establece el agravamiento de penas a quienes atenten contra sus vidas. Aunque ciertos sectores exhiben preocupantes dosis de intolerancia, la sociedad celebró hace una semana elecciones legislativas precedidas por campañas políticas que se desarrollaron, en términos generales, dentro de un marco de convivencia cívica y altos niveles de libertad de expresión.

Las intimidaciones y ataques del narcotráfico constituyen un fenómeno en ascenso en el país. El 12 de octubre familiares de integrantes de la banda narcocriminal rosarina denominada Los Monos interrumpieron la presentación de un libro de investigación periodística referido al accionar de esa organización.

Pero fue a fines de julio cuando se llevó a cabo uno de los mayores atentados contra periodistas de todos los registrados en las últimas dos décadas, posteriores al asesinato de José Luis Cabezas. El periodista Jesús Báez do Nacimento, propietario de la radio FM Carretera 101, ubicada en San Antonio, provincia de Misiones, en la frontera con Brasil, recibió cuatro balazos en el abdomen y en uno de sus brazos, con el claro propósito de matarlo. Múltiples indicios sugieren que el ataque está relacionado a sectores del narcotráfico local y a las denuncias realizadas por Báez en su radio. Báez logró recuperarse y entró al protocolo de protección de periodistas implementado desde hace un año por el Ministerio de Seguridad de la Nación con el asesoramiento de organizaciones que nuclean a periodistas y a empresas de medios. Este protocolo fue activado para proteger a distintos periodistas en diversas oportunidades durante 2017.

Dos diarios porteños publicaron una solicitada firmada por un grupo de periodistas en solidaridad con su colega Horacio Verbitsky ante eventuales represalias gubernamentales por notas de este publicadas en el matutino Página/12. Otros colegas expresaron su desacuerdo con estas manifestaciones, señalando que la denuncia se apoya en versiones que no se tradujeron en acciones constatables que hayan afectado la libertad de expresión.

En materia de publicidad oficial, la autorregulación del Poder Ejecutivo en la asignación de esos recursos, con base en pautas objetivas, fue un paso relevante para evitar su uso discriminatorio y propagandístico, como también para transparentarlo. Pero todavía está pendiente la sanción de una ley que regule adecuadamente su distribución.

La Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada el año pasado, fue uno de los hitos institucionales de la nueva gestión gubernamental y un gran paso en la agenda de libertad de expresión. Hubo, no obstante, modificaciones recientes y sustanciales a la norma, a través del decreto reglamentario correspondiente. El organismo de aplicación pierde, como estaba previsto en la normativa, la facultad de diseñar su estructura orgánicamente, quedando esta atribución bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Por otra parte, la puesta en marcha del organismo está supeditada a las atribuciones presupuestarias de la Jefatura de Gabinete. Se trata de reformas a una ley estratégica para la transparencia y la dinámica institucional que deberían debatirse en el ámbito legislativo con la amplitud y profundidad que demanda una norma de esa trascendencia.

La sanción de normas similares, siguen siendo asignaturas pendientes en la mayoría de las provincias argentinas.




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