Colombia

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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Uno de los hechos más graves ocurridos en este período fue el secuestro de los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender el lunes 19 de junio en la región del Catatumbo, nororiente del país. El responsable del hecho fue el Ejército de Liberación Nacional, que tras afirmar que se había tratado de un error, los liberó días después.

Preocupa el aumento en los ataques contra la prensa en comparación con las cifras de 2016. A esta fecha se registraron 237 casos, 21 más que en el período anterior. De acuerdo con el registro de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la amenaza es la agresión más frecuente en Colombia, con 102 casos, cifra que duplica la de 2010.

Se documentaron 151 casos de agresiones a la prensa, en especial en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, según la FLIP. Muchas de estas agresiones son cometidas por funcionarios públicos, mediante amenazas y acoso judicial.

Se registraron algunas detenciones ilegales de periodistas por parte de la fuerza pública. Una de ellas ocurrió el 1 de julio: la periodista María Montiel, corresponsal de la agencia Colombia Informa en el departamento de Santander, fue detenida ilegalmente en el sur del departamento del César por espacio de 31 horas cuando cubría una protesta pública.

El exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de prisión por la Corte Suprema de Justicia por interceptaciones ilegales a opositores del gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Entre los opositores se encontraban varios periodistas.

El expresidente Uribe, el 14 de julio, acusó al columnista Daniel Samper Ospina desde Twitter de "ser un violador de niños", en respuesta a un comentario humorístico que este había hecho sobre el nombre de la hija de una congresista del partido del expresidente. Samper acudió a la justicia mediante una acción de tutela resuelta a su favor, que obligó al ex mandatario a retractarse públicamente. No obstante, Uribe apeló la decisión judicial. Uribe, también por Twitter, calificó al periodista Julián Martínez, del noticiero Noticias Uno, de "Pro Farc".

El 26 de mayo, el general del Ejército Javier Flórez le reclamó a la periodista del canal RCN Martiza Aristizábal por haber tenido acceso a una comunicación confidencial en la que el oficial le expresaba al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, una preocupación por el carácter político que tendría un evento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, en el marco del proceso de entrega de armas de la organización.

En un hecho de gran repercusión, el subsecretario del Senado nacional, Saúl Cruz, fingió una agresión por parte de un camarógrafo del noticiero Noticias Uno, lo que generó una ola de repudio entre los senadores. Los parlamentarios luego se retractaron cuando supieron que el hecho fue ficticio.

Un hecho positivo fue la condena del 11 de agosto del autor material del asesinato de la periodista Flor Alba Núñez, en Pitalito, departamento del Huila. El juzgado tercero penal de Neiva, condenó a ocho años de prisión a Juan Camilo Ortiz alias "el Loco" por su participación en este crimen. No existen avances sobre la identificación de los autores intelectuales del homicidio.

Entre el 22 y el 23 de agosto se desarrolló en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Carvajal Carvajal y otros vs. Colombia. Carvajal fue asesinado en Pitalito, Huila, el 16 de abril de 1998 luego de denunciar actos de corrupción que involucraban a políticos y empresarios de este municipio. La defensa del gobierno colombiano esgrimió argumentos protestados por parte de la FLIP.

El caso lo investigó la SIP en 2002 y después de presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta en 2015 lo remitió a la Corte Interamericana. Recomendó al Estado reabrir los procesos y realizar una investigación efectiva dentro de un plazo razonable. Once familiares del periodista abandonaron el país debido a amenazas por sus denuncias.

El 13 de junio, el juez tercero penal de Buga, Valle del Cauca, autorizó una búsqueda en el perfil de Facebook del periodista William Solan, tras la petición de un fiscal que investiga a Solano por el presunto delito de injuria. Al acceder a su perfil, se pretendía tener acceso a las fuentes del comunicador violentando el secreto profesional.

El 25 de agosto, el periodista Mauricio Cardoso, del diario Extra de Caquetá, fue víctima de golpes y heridas de cuchillo por hombres que lo conminaron a guardar silencio.

Un fallo de la Corte Constitucional ordenó a Google remover contenidos alojados en la plataforma Blogger ante el reclamo presentado por una persona a quien desde un blog anónimo lo tildaron de estafador y ladrón. El individuo inició una acción de tutela en contra de Google para obtener la eliminación del contenido que en su concepto era difamatorio.

La Corte Constitucional también ordenó al Ministerio de Telecomunicaciones (MINTIC) establecer una regulación nacional "con miras a lograr la protección de los derechos de los usuarios de Internet, especialmente en lo que tiene que ver con publicaciones abusivas, difamatorias, deshonrosas, calumniosas e injuriantes, que atenten contra el honor de las personas en Internet, para evitar la repetición de hechos como los tratados en la presente acción. Asimismo, dicha regulación deberá ofrecer asesoría y acompañamiento a las víctimas de esta clase de publicaciones abusivas ante las plataformas digitales en las que estas hayan sido publicadas".

En su fallo, catalogó a Blogger como un servicio de telecomunicaciones y ordenó a Google y Google Inc. registrarse ante el MINTIC como proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones. Según el tribunal "sus actividades y objeto corresponden al sector TIC".

Preocupa que se haya ordenado al MINTIC establecer la regulación nacional cuando esta dependencia no debería tener interferencia por tratarse de derechos de tipo constitucional que no pueden ser regulados por una entidad administrativa. Dicha interpretación sin fundamento dentro del texto del fallo, tendrá, a juicio de expertos, graves consecuencias.

En marzo de 2017, las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, ante unos hallazgos de la Unidad Investigativa relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht en América Latina, optaron por acusar a Noticias RCN de producir noticias falsas y engañosas y emprendieron una seguidilla de señalamientos infundados en comunicados públicos y a través de sus cuentas de Twitter. Hoy, las exministras enfrentan investigaciones ante la Fiscalía y Procuraduría Colombianas por una polémica adición a una de las rutas adjudicadas al consorcio en el que participa Odebrecht.

En abril de 2017, el presidente Juan Manuel Santos realizó en Casa de Nariño un encuentro con los principales empresarios del país en el cual estos expresaron su preocupación por la situación económica del país. El Presidente respondió acusando a la prensa del ambiente de pesimismo que se respira en el Colombia y afirmando que los medios de comunicación "están perdiendo el norte". Por ello, exhortó a los empresarios a que llamaran a los directores de medios para influir en la producción de contenidos que, según el mandatario, fueran "positivos".

En el último año, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia poco garantista de la libertad de expresión en internet. La Corte dictó un nuevo pronunciamiento regresivo en cuanto a libertad de expresión, continuando con la línea que empezó con la sentencia T-277 de 2015, en la cual sostuvo que los medios de comunicación tienen el deber de actualizar de oficio la información que publiquen en internet sobre procesos penales cuando el trámite se resuelva a favor del inculpado. En la sentencia T-725 de 2016, hecha pública en junio de 2017, la Corte sostuvo que los medios de comunicación deben actualizar todas las noticias que publiquen en línea cuando surja nueva información relevante.

Si bien la Corte no dice que la obligación sea de oficio, sino que se refiere a la facultad de la persona interesada de solicitar tal actualización, plantea que tal posibilidad se mantiene mientras la información esté disponible en Internet. Esta decisión genera preocupaciones. En primer lugar, la regla de la Corte no aplica únicamente a procesos penales sino a todo tipo de noticias publicadas en internet. Además, extiende la regla a cualquier tipo de nueva información relevante, sin aclarar qué puede considerarse como tal.

La denuncia de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez dirigida a directores de medios sobre un texto que sería de un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana (resultado del acuerdo entre el Gobierno y las Farc) podría incluir herramientas de censura.

Tras la denuncia, el gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que no ha radicado proyecto alguno, con lo cual desvirtuó el documento en el que Ramírez basó sus denuncias.

El ministro negó que alguno de los proyectos discutidos por el Ejecutivo incluyera disposiciones que buscaran prohibirle a servidores públicos "realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de los grupos sociales y las Farc así como la prohibición para los medios de comunicación de reproducir esa información".

Este año prescribieron dos casos de periodistas, los de Santigo Rodríguez Villalba, el 2 de febrero, y el de Freddy Elles Ahumada, el 18 de marzo, y se teme por otros casos que prescribirán en estos meses: los de Alejandro Jaramillo Barbosa, el 24 de octubre; Francisco Castro Menco, el 8 de noviembre, y Jairo Elías Márquez Gallego, el 20 de noviembre.

El homicidio del periodista Gerardo Bedoya fue declarado el 2 de marzo de 2017 como delito de lesa humanidad, lo cual evitó su prescripción.

Representantes de medios que actúan en provincia pidieron llamar la atención del Gobierno para que se abstenga de continuar retirando los esquemas de seguridad y protección de los periodistas que ejercen en esos territorios, en especial de aquellos que fueron objeto de atentados y amenazas. Solicitaron también a la Unidad Nacional de Protección cesar el desmonte de estas medidas, por ser un mensaje claro y directo para que los criminales atenten contra los periodistas.

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