El Salvador

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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Hay un creciente deterioro de la libertad de expresión de los últimos años como lo reflejaron índices internacionales.

Los medios digitales El Faro y Revista Factum recibieron amenazas luego de publicar investigaciones que revelarían la participación de policías en ejecuciones extrajudiciales.

Una de las amenazas, proveniente de un supuesto grupo de la Policía, difundida en la cuenta "Defensores Azules" en Twitter muestra una imagen con la leyenda "Los tengo que ver como Christian Poveda @RevistaFactum @_ElFARO_ muertos en mano de sus protegidos...".

Poveda, un cineasta franco español, fue asesinado el 2 de septiembre de 2009 por miembros de una pandilla, tras la filmación de un inédito documental sobre vida y muerte en una pandilla.

El 22 de agosto, Revista Factum publicó la investigación periodística "En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía". Durante tres meses monitorearon a dos grupos de chat en Whatsapp integrados por más de 40 policías que revelaron comunicaciones internas y crímenes de un grupo de exterminio en la policía.

El director de Comunicaciones de la Fiscalía, Salvador Martínez, confirmó que se abrió un expediente de investigación tras las amenazas a periodistas de la Revista Factum, aunque no se recibió denuncia formal.

El portal El Faro ha publicado investigaciones realizadas en julio de 2015, febrero de 2016 y marzo de 2017 sobre cómo agentes de la Policía habrían matado 14 personas en tres operativos distintos, en presuntos "enfrentamientos" con pandilleros.

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se limitó a decir que "hay que tocar madera para que no le pase algo a algún periodista". En contraste el Fiscal General, Douglas Meléndez, advirtió a los policías no lanzar amenazas contra periodistas.

El periodista Héctor Silva Ávalos, director de Factum, ha seguido siendo blanco de nuevas presiones judiciales. Un tribunal superior anuló la exoneración de cargos en su favor ordenada por un Tribunal de Sentencia.

Silva Ávalos ha sido acusado de calumnia y difamación por el empresario Enrique Rais, quien es buscado por la justicia salvadoreña. Abogados de Rais presentaron una nueva demanda contra el periodista por los delitos de violación de comunicaciones privadas y captación de comunicaciones por publicar informes que consideran difamatorios.

Silva es procesado por publicar una nota en la que se consignaba que tres aeronaves de propiedad de Rais era investigadas por autoridades de Florida, Estados Unidos, por presunto narcotráfico.

Rais, propietario de la empresa que recolecta y dispone los desechos sólidos del Gran San Salvador, está prófugo por presunto cohecho, falsedad ideológica y fraude procesal.

Otra de las amenazas que ha enfrentado la prensa es el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia (SINAPREV), que se presta para controlar a los medios independientes.

El artículo 30 establece: "Los medios de comunicación deberán contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz en la población, procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos para no afectar la salud mental de la población, sin perjuicio del respeto a la libertad de expresión, de prensa y de información".

Por ley se obliga a los medios a "contribuir" a promover la cultura de paz y "procurar la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos", algo que se presta para un peligroso manejo subjetivo y arbitrario de la norma. Grupos que dicen representar a la "sociedad civil" y que son afectos al oficialismo concurrieron a la Asamblea Legislativa a presionar por su aprobación de la normativa, comprobándose el interés del gobierno por ejercer control sobre los medios.

Ha sido evidente la intención de la defensa de dilatar la celebración del juicio contra cinco acusados de perpetrar ataques cibernéticos contra los sitios web de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, perpetrados en 2015.

Mediante diferentes maniobras, el juicio ha sido aplazado en dos ocasiones por gestiones de la defensa de los imputados, contra quienes se presentaron pruebas contundentes tales como un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que establece cómo se procedió para clonar las páginas web y colocar informaciones falsas.

Los procesados son la jefa de comunicaciones de la alcaldía de San Salvador y otras cuatro personas que trabajaban con la empresa contratada por la comuna para proyectos de comunicación digital. En el proceso aparece mencionado el alcalde Nayib Bukele, aunque aún no se presentaron cargos contra él.

Bukele ha promovido dos demandas contra La Prensa Gráfica por seis millones de dólares, alegando que se le ha dañado al vincularlo al caso de los ataques cibernéticos. Un tribunal superior, sin embargo, rechazó las demandas considerando que el funcionario no agotó previamente los medios legales para aclarar los hechos.

Anteriormente, el funcionario presentó una demanda contra La Prensa Gráfica por cuestionar un contrato de la comuna para la compra de cámara de videovigilancia. El tribunal determinó que fue el alcalde quien no se pronunció pese a que el periódico le pidió su posición y que las informaciones estaban debidamente sustentadas y documentadas.

El 22 de agosto, el periodista Jorge Beltrán, colaborador de El Diario de Hoy, sufrió un ataque con ácido contra su vehículo.

El atentado fue perpetrado un día después que El Diario de Hoy publicara un reportaje sobre la desaparición de un exguerrillero que es buscado por la justicia por la muerte de dos militares estadounidenses luego del derribo de un helicóptero en Lolotique, San Miguel, en 1990. La publicación daba cuenta de que hay orden de captura contra otros dos exguerrilleros por el mismo hecho. Sobre el auto fue dejada una nota con insultos.

Beltrán se ha dedicado a trabajar temas de pandillas, narcotráfico, violencia y especiales para el equipo de investigación Focus de El Diario de Hoy.

El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López, fue blanco de críticas tras responder con una insinuación a una periodista que le preguntaba sobre el asesinato de policías.

"Mi vida linda, te invito a un café mejor un día y ahí te doy la conferencia", contestó el funcionario a la profesional de El Noticiero de Canal 6 de Televisión.

Tras la tormenta de críticas que desató de inmediato en las redes sociales, el funcionario pidió disculpas públicas hacia la periodista, el gremio y las mujeres salvadoreñas en general.

La Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), un organismo privado para la consolidación del Estado de Derecho, está promoviendo una legislación específica para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Este anteproyecto se está discutiendo con periodistas y otros miembros del gremio antes de que se redacte una versión final que sería presentada ante la Asamblea Legislativa.

Entre algunos elementos para el futuro anteproyecto de ley que se están proponiendo en foros, figura la creación de un fiscal especial que vele por la protección de periodistas, la implementación de medidas cautelares en casos donde hay amenazas físicas y digitales y dar más fuerza legal para apoyar el trabajo de los comunicadores.

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