Guatemala

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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El país se encuentra en una acentuada crisis institucional causada por la polarización de los diferentes actores políticos. Las informaciones, opiniones y críticas sobre el gobierno nacional y los regionales suelen ser respondidas con violencia en contra de los periodistas.

A pesar de que en julio de 2016 el presidente Jimmy Morales se comprometió a dar seguimiento al Programa de Protección de Periodistas, ninguna acción efectiva se ha visto en este sentido. El mandatario ordenó a sus funcionarios trabajar en el tema y también se comprometió en la reunión de la SIP en Antigua.

Las agresiones a periodistas continúan, en especial en el interior. Varios alcaldes, el crimen organizado y el narcotráfico han implantado un alto nivel de censura y autocensura debido al hostigamiento y todo tipo de violencia.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó acusaciones por corrupción en contra del Presidente, su hijo y su hermano. También recientemente lo hizo en contra del alcalde de la ciudad de Guatemala, Alvaro Arzú. Lo acusó de utilizar fondos municipales para pagar propaganda política en las elecciones generales del país, así como en la contratación de personas allegadas a reos famosos que permanecían en prisión como consecuencia de su participación en el asesinato de monseñor Juan Gerardi en 1998 (año en que el señor Arzú era presidente del país y los acusados eran sus guardias personales). El alcalde aceptó que contrató a esas personas y expresó que lo volvería a hacer.

El 27 de agosto, el presidente Morales declaró persona non grata al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y ordenó su salida inmediata del país por sus denuncias sobre financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad ordenó al Presidente cesar sus acciones en contra de Velásquez.

El Congreso nacional realizó cambios al Código Penal en donde se permitía otorgar medidas a favor de todos aquellos que hubiesen sido condenados a cárcel por períodos menores a 10 años. Esta acción la realizaron como una abierta medida de protección hacia ellos mismos y al presidente Morales y su familia. Si esta modificación hubiese entrado en vigencia, se habría podido dar libertad a todos los convictos por violaciones, acoso sexual, robo, robo agravado y una infinidad de delitos con condenas de cárcel menor a 10 años.

En reacción, miles de personas se congregaron en la Plaza de la Constitución para solicitar la renuncia del Presidente. Estos eventos han polarizado a la sociedad.

A principios de octubre se realizó una manifestación en contra de Velásquez, en la que varios reporteros fueron intimidados y acosados por un bloguero y tuitero de nombre Rodrigo Polo quien les exigía identificación y que dijeran que la cobertura que harían sería equilibrada y objetiva. Los periodistas acosados fueron Edwin Bercián, de Publinews; Esbín García, de Prensa Libre, Félix Acajabón, de elPeriódico, y Michelle Mendoza, corresponsal de CNN, quien presentó una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los ataques desde net centers y cuentas anónimas de redes sociales en contra de periodistas y los ataques cibernéticos a sitios web de medios de comunicación se incrementaron en este semestre. Objeto de ataques han sido algunos periodistas que reportan desde las fuentes de la Presidencia y del Congreso, sobre todo los que tienen espacios de opinión y/o entrevistas en los medios de comunicación independientes. Los ataques son producidos cuando se critica al partido de gobierno (Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación).

Dentro de la campaña de desprestigio, se realizaron feroces ofensivas en contra de Guatevisión y Prensa Libre, medios a los que se les ha acusado de ser "comunistas" o "de izquierda"; similares acusaciones se han difundido en contra de directivos de Soy502, Nómada (ambos sitios web) y el programa radial de opinión "Con Criterio".

Además de esta campaña de desprestigio, el canal Guatevisión ha sido objeto de bloqueo de su señal, particularmente en las empresas cableras del interior del país, cuando se transmite información relacionada con la corrupción. Precisamente son diputados, alcaldes o personajes "oscuros" los propietarios de muchas de estas empresas de cable.

La agenda de trabajo del presidente no es compartida a los medios independientes. Solamente a los medios que son considerados como "aliados" del gobierno. El bloqueo de información hacia los medios, es política de la Secretaría de Comunicación Social

Entre los avances en relación a las investigaciones de periodistas asesinados, en mayo se dictaron dos sentencias condenatorias en contra de los responsables de asesinar a dos periodistas en los departamentos de Jutiapa y Chiquimula. Lamentablemente no se logró procesar y sentenciar a los responsables intelectuales de los hechos. Asimismo, la segunda semana de octubre fueron condenados a 30 años de prisión los autores materiales del asesinato de Danilo López y Francisco Salazar, asesinados en marzo de 2015; lamentablemente, el acusado de la autoría intelectual, diputado al Congreso de la República, sigue en proceso de antejuicio que lleva un año en trámite y está paralizado.

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