República Dominicana

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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Existen dos iniciativas legislativas que pretenden introducir algunas cláusulas que limitarían el ejercicio del periodismo y regularían el uso de las redes sociales durante campañas electorales.

Un paquete de leyes está bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso sobre la definición de lo que son medios de comunicación, los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre, con penalidades que todavía se mantienen vigentes en el Código Penal.

Diferentes partidos políticos agrupados en el Foro Permanente de Partidos Políticos presentaron una solicitud ante la Junta Central Electoral para que regule el uso de cuentas falsas en las redes sociales para las elecciones generales de 2020. Piden que esta propuesta sea incluida en la nueva ley electoral y ley de partidos, actualmente bajo estudio.

La Sociedad Dominicana de Diarios designó una comisión de juristas para discutir el tema con la comisión bicameral del Congreso.

Respecto del ambiente en que desarrollan su oficio los reporteros, este sigue siendo afectado por los episodios de atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.

Unos 30 periodistas y camarógrafos fueron víctimas de agresiones.

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía acusó a la periodista Claudia Pérez Ramírez, del programa "Eficiencia social", canal 45 Teleradio América, de proferir expresiones vulgares y discriminatorias contra el presidente de la República y el Procurador General.

Al comentarista Álvaro Arvelo hijo, del programa "El gobierno de la Mañana" de la estación Z-101, se le prohibió hablar durante 20 días en la radio por expresiones injuriosas contra la figura de Juan Pablo Duarte, uno de los fundadores de la nación.

A ambos periodistas se les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas por usar un lenguaje vulgar y difamatorio. Por su parte, el Instituto Duartiano acusó al periodista Arvelo de violar el artículo 6 de la ley 127-01 y los reglamentos de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. En tanto la entidad emplazó a los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de los diferentes canales y programas televisivos para que regularicen la transmisión de contenidos.

La ong Participación Ciudadana denunció que se están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública, que lleva ya 13 años de vigencia. Expresó que ningún partido político cumple con el mandato de dicha ley, muchas instituciones no publican la nómina oficial en formato claro y actualizado, en tanto los presupuestos y su ejecución se publican en formatos cerrados. Agregó que las instituciones públicas limitan la información sobre los procesos de compras y contrataciones. Propuso la creación de un órgano autónomo, independiente y con facultades y competencias especiales para que ejerza la función de control, socialización y difusión del derecho de acceso a la información pública.

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