Costa Rica

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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El Poder Ejecutivo envió al Congreso en agosto dos proyectos de ley con disposiciones inquietantes en materia de libertad de prensa y expresión.

El proyecto de ley de acceso a la información pública proclama buenas intenciones, pero establece excepciones al derecho de acceso a la información en casos no contemplados en la actualidad, como las políticas monetarias y fiscales "en etapa previa a su ejecución". También hay derecho a sustraer del conocimiento público una materia "por disposición contenida en ley especial".

Esos procedimientos podrían resultar más engorrosos que los actuales. El país ha logrado, mediante el recurso de amparo, un régimen muy abierto de acceso a la información pública, si bien la celeridad de resolución no es la ideal. El cambio propuesto no garantiza la misma amplitud del derecho y podría resultar en procedimientos mucho más prolongados, en vía contencioso administrativa.

El proyecto de ley de libertad de expresión y prensa contiene importantes errores técnico jurídicos, como la contradictoria eliminación de la prueba de la verdad, sin eliminara la verdad como requisito para eximir al informador de pena. La redacción misma del artículo citado invita a la confusión, porque se titula "exclusión de delito" pero describe conductas que "no son punibles", es decir, confunde causas de justificación (eliminan totalmente lo antijurídico de la conducta) y causas de exculpación (el hecho antijurídico no hace surgir una responsabilidad penal, como en el caso de quien actúe bajo coacción invencible).

El planteamiento aleja al marco jurídico costarricense de la doctrina Sullivan o del desarrollo de la veracidad ex ante en la jurisprudencia española, con el efecto desafortunado de poner en duda avances jurisprudenciales logrados a lo largo de los años.

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