Brasil

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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En el año 2016 Brasil ocupó la séptima posición en el mundo en cuanto al número de periodistas asesinados. Durante 2016 fueron siete.

La buena noticia es que, hasta este momento, no ha habido ningún periodista asesinado durante 2017.

La disminución de los crímenes puede deberse a que este año no es electoral, principalmente las elecciones municipales cuando los ánimos se exaltan más. Pero también pudiera atribuirse al trabajo permanente de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), de la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y de Televisión, ( ABERT) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que han acompañado los casos, exigiendo el escrutinio y el juicio, para de esta forma eliminar la impunidad.

Aquí cabe hacer un registro histórico y un reconocimiento: la práctica de acompañamiento de los casos de asesinato de periodistas en Brasil se debe a un excelente trabajo de la SIP, iniciado incluso antes de la fundación de las asociaciones nacionales, y ha servido de ejemplo al que las entidades han venido haciendo de manera regular.

En el período, también disminuyeron los casos contra la libertad de prensa, debido a la reducción de las grandes manifestaciones populares que venían ocurriendo en el país en los últimos años, cuando se registraron innumerables episodios de agresión a periodistas, tanto por parte de los manifestantes como de los policías. No hubo asesinato de periodistas.

No obstante, la intolerancia y falta de comprensión respecto del papel de la prensa en la sociedad democrática dieron lugar en los últimos meses a episodios de agresiones físicas y verbales, amenazas y detenciones injustificadas.

La Asociación Nacional de Diarios (ANJ) y la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) registraron desde principios de año 9 casos de agresión, 4 de amenazas, 5 de detenciones injustificadas y 2 de intimidación.

En este punto, cabe destacar de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por sus siglas en portugués) que acaba de presentar el "Proyecto Tim Lopes" para investigar el asesinato de periodistas , con el título "Quién mató, quién mandó a matar".

Las amenazas, agresiones o intimidaciones a periodistas en el ejercicio de su actividad profesional parten casi siempre de militantes políticos inconformes con el libre ejercicio del periodismo. Un caso emblemático ocurrió el 3 de junio con la periodista Míriam Leitão, columnista de O Globo, TV Globo, Globonews y Rádio CBN. Míriam fue insultada durante una hora y cuarenta minutos, tiempo que tomó el vuelo entre Brasilia y Río de Janeiro, por militantes de un partido político que habían asistido a un congreso de su partido en la capital. Míriam fue obligada a escuchar ofensas y amenazas motivadas por su actividad profesional.

Por otro lado, la policía brasileña prosigue con su truculencia y falta de preparación en su relación con los periodistas. Las cinco detenciones de periodistas registradas en 2017 por la ANJ, hasta ahora, no tuvieron justificación y no resultaron en ningún tipo de investigación o proceso. Se trató de casos de reporteros, fotógrafos o camarógrafos que trabajaban en el recuento de hechos periodísticos y fueron detenidos por policías inconformes con la perspectiva de que divulgaran su acción violenta o irrespetuosa con los ciudadanos. Las fiscalías —de la Unión y de los Estados— mostraron gran preocupación por la incapacidad de las autoridades policiales para tratar con los periodistas. Se realizaron seminarios y audiencias para debatir el tema y apuntar soluciones, como cursos para los policías y el establecimiento de reglas claras para la actuación policial durante manifestaciones públicas.

Resulta prometedor señalar que disminuyeron sensiblemente los casos de censura judicial. En el primer semestre de 2017 sólo hubo un caso de este tipo. En los últimos años, estos casos habían sido rutina en el país, aunque la constitución brasileña determina de forma muy clara la prohibición de cualquier tipo de censura antes de la divulgación de informaciones, opiniones o contenidos. Es importante apuntar que la censura judicial en Brasil ocurre casi siempre por decisiones de la primera instancia del Poder Judicial, luego revocadas por las instancias superiores. Pero lo esencial es que se trata de una inconstitucionalidad, atentatoria del derecho de informar y de ser informado, aunque en vigor durante un corto período.

La vigilancia de las entidades que representan a las empresas periodísticas y de comunicación, así como las de periodistas, ha sido esencial para evitar que prosperen iniciativas contrarias al principio mayor de la libertad de prensa. El ejemplo fue el episodio ocurrido a principios de octubre de este año, cuando el Congreso de Brasil aprobó legislación electoral que permitiría a los candidatos a cargos electivos en 2018 impedir la transmisión en internet de informaciones y opiniones, con independencia de la decisión del Poder Judicial. El clamor público, liderado por asociaciones como ANJ, ABERT y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER), llevó al Presidente de la República a vetar el instrumento que permitía la censura.

Otros casos registrados durante el semestre:

En mayo, al menos siete periodistas fueron agredidos durante una manifestación "Ocupa Brasilia", que pedía la salida del presidente Michel Temer.

El 29 de agosto la Policía Civil de Paraíba arrestó a cinco personas sospechosas de participar en el asesinato del periodista radial Ivanildo Viana, ocurrido el 27 de febrero de 2015, en Santa Rita, región metropolitana de João Pessoa (Paraíba), entre ellos hay tres expolicías. Aún no se ha identificado la motivación del crimen, ni su autor intelectual.

El 4 de septiembre la reportera Thais Nunes, de televisisión SBT, fue detenida por la Policía Militar por negarse a entregar su teléfono tras grabar una acción policial violenta en una plaza de São Paulo.

El 7 de septiembre Roseli Ferreira Pimentel, alcaldesa de la ciudad de Santa Luzia, en Belo Horizonte, fue detenida y acusada de implicación en el asesinato del periodista Mauricio Campos Rosa, del diario O Grito, ocurrido el 17 de agosto de 2016. El Superior Tribunal de Justicia (STF) ordenó el 5 de octubre arresto domiciliario con brazalete electrónico. La policía no descartó la hipótesis de que el reportero haya tratado de chantajear a la alcaldesa con la amenaza de divulgar críticas a su gestión durante la campaña electoral.

El 12 de septiembre policías militares agredieron a los periodistas Douglas Freitas e Isadora Neumann, cuando estos cubrían la protesta por el cierre de la exposición Queermuseu, en Santander Cultural, en Porto Alegre (RS); Freitas, de la organización Amigos da Terra, fue arrestado y liberado el mismo día; Isadora, del diario Zero Hora, fue atacada con gas pimienta.

El 29 de septiembre Fernando Oliveira, presentador del programa "Mujeres", de la red de televisión Gazeta, y "Estación Plural", de TV Brasil, denunció haber recibido amenazas de muerte y ser víctima de homofobia a través de las redes sociales.

El 28 de septiembre las organizaciones no gubernamentales Artículo 19, Transparencia Brasil, Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) y Programa de Transparencia Pública, de la Fundación Getulio Vargas, publicaron una Carta Abierta en la que destacan los avances en la Ley de Acceso a la Información durante los cinco años de su vigencia y demandan mejoras, como la estandarización de la aplicación de la ley. La carta también sugiere la creación de un órgano independiente para evaluar la transparencia pública en todo el país y la protección de la identidad de quien hace las solicitudes de datos.

En septiembre el Núcleo de Combate a Crímenes Cibernéticos del Ministerio Público (MP) del Estado de São Paulo anunció que trabajará para identificar y castigar a los agresores que amenazan por Internet a profesionales de comunicación. La decisión fue tomada a partir de una denuncia hecha al MP sobre amenazas y agresiones sufridas por el periodista deportivo Mauro Cezar Pereira, de ESPN.

El 5 de octubre el Congreso de Brasil aprobó una enmienda a la ley electoral que establece la suspensión de aquellos materiales en la internet que hubieran sido denunciados como "discurso de odio, informaciones falsas u ofensas en contra de partido o candidato". Esta enmienda no significa que un caso se abriría dentro del sistema judicial o ante la Fiscalía, sino sólo una denuncia a plataformas como Facebook, lo cual puede representar un intento de censura.

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