Panamá

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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El Tribunal Electoral se encuentra en proceso de elaboración de la reglamentación de las últimas reformas a la Ley Electoral, que regirá las elecciones generales de 2019. Se han detectado varias disposiciones que podrían comprometer la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo, entre prohibiciones a los medios de comunicación de emitir noticias, entrevistas, reportajes e investigaciones en las cuales puedan ser mencionados o intervenir candidatos y partidos políticos.

Algunas de las reglamentaciones de la publicidad política también podrían limitar la libertad de expresión.

El Tribunal Electoral ha mostrado abierto al diálogo con los medios y gremios periodísticos.

El Tribunal Electoral ha propuesto la firma de un Pacto Ético Electoral con los medios de comunicación, tema que se encuentra pendiente.

El 6 de julio, el fotógrafo Alexander Arosemena, de La Prensa, fue detenido, esposado y conducido por las autoridades mientras tomaba fotografías de la sede diplomática del Vaticano. La Prensa señaló que ni el fotógrafo ni su dron entraron en el perímetro de la sede diplomática. Arosemena fue liberado horas después.

El Ministerio Público presentó a inicios de octubre un proyecto de ley que intentó modificar y adicionar artículos al Código Penal, relacionados con el cibercrimen. Se logró detectar que varias de las normas propuestas afectarían al ejercicio del periodismo. Luego, el Ministerio Público los retiró del proyecto y abrió un espacio de conversaciones que se darán en los próximos meses.

En este semestre, el Grupo Editorial GESE (El Siglo y La Estrella de Panamá) continuó asediado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que incluyó en la denominada Lista Clinton al principal accionista de los periódicos. Esto a pesar de que en reiteradas ocasiones las autoridades estadounidenses señalaron que los periódicos no eran objeto de investigación. Luego de una misión de la SIP para abordar el tema, el 23 de octubre se anunció que el propietario transfirió por medio de una donación a título gratuito el 51% de las acciones de las empresas propietarias de los diarios a la Fundación Publicando Historia, cuyo propósito será mantener la operación de los periódicos y de la cual todos los beneficios revierten a los periódicos. Hecho este anuncio, la Ofac desbloqueó a los diarios de las sanciones impuestas, luego de 17 meses.

Sigue pendiente de respuesta la nota que la SIP envió hace cerca de un año al director general del Servicio Nacional de Migración para solicitar explicación sobre la detención de la que fue objeto el periodista Santiago Fascetto, del diario Panamá-América, en el aeropuerto Tocumen.

El 7 de febrero de 2017 el diputado Arrocha dijo en la Asamblea Nacional: "No importa cuantas cosas saque el Panamá América, o la Crítica en contra de Jorge Iván Arrocha todos los días voy a dar un nombre diferente y si es mentira salgan a desmentirlo".

La Editora Panamá-América (EPASA), en reiteradas ocasiones ha denunciado una campaña de intimidación por parte del Gobierno. La Procuradora General de la Nación, el 26 de junio pasado, confirmó en conferencia de prensa que realiza una investigación a la que denominó "New Business", basada en una denuncia del Diputado de gobierno Jorge Iván Arrocha hecha pública el 6 de febrero de 2017 ante la Asamblea Nacional en la cual solicitó que se "investigue" al "licenciado Ricardo Chanis que en la actualidad es Presidente del Grupo Epasa", quien no ha regresado a Panamá desde la pasada Asamblea de la SIP de México del año pasado, por acciones que considera violatorias a sus derechos. EPASA considera que estas investigaciones buscan intimidar a los diarios Panamá-América y Crítica, debido a las informaciones relacionadas con casos de corrupción que han publicado. Esta situación hizo que se cumpliera con el mandato de la SIP de realizar una misión a Panamá, la cual externó su preocupación ante la posibilidad de cierre de los medios que edita EPASA. Actualmente, la investigación está pendiente de decisión del Órgano Judicial si otorga mayor tiempo al Ministerio Público para las pesquisas. Los gremios periodísticos de Panamá han urgido reiteradamente al Ministerio Público a que de estas investigaciones sea informada en detalle la ciudadanía y que las mismas tengan una finalización rápida, para no afectar el funcionamiento de los diarios.

Siguen sin resolverse los alcances fiscales contra EPASA, iniciados en enero de 2015, por un monto de 1.7 millones de dólares que podría ascender hasta 10 veces más.

Recientemente resurgió la preocupación sobre el contenido del artículo 195 del Código Penal panameño, que tipifica la injuria y la calumnia cuando estas se cometen a través de medios de comunicación, aunque fue despenalizada cuando se trata de que la "supuesta víctima" es un funcionario con mando y jurisdicción nacional. Y se han dado casos recientes en que exfuncionarios utilizaron esa norma contra periodistas y directivos de medios. "Aumenta la preocupación por casos de demandas civiles (injuria y calumnia) que al no tener limitación en la cuantía pueden terminar convirtiéndose en una herramienta para el cierre de medios de comunicación"

En el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, está pendiente de trámite el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces que busca dictar una ley marco de comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación". También busca establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear, advertir y promover" sobre los contenidos de los medios.

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