Cuba: Detenciones y amenazas a la orden del día

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347 personas fueron detenidas en febrero según un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos.
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1 de marzo de 2018

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) informó el 1 de marzo que 347 personas fueron detenidas en febrero, una cifra superior a las registradas en los dos meses anteriores.

En febrero la CCDHRN verificó por lo menos 347 detenciones arbitrarias contra disidentes, "casi todas de corta duración".

El organismo documentó también al menos 20 casos "de hostigamientos y ultrajes y seis agresiones físicas", ejecutadas o instigadas por la policía política o sus agentes. Destacó el caso de la activista y opositora Dulce Amanda Durán Dalmau, quien fue citada dos veces en febrero bajo la amenaza de que sería encarcelada si no renunciaba a su trabajo en la CCDHRN. La movilización de ong's internacionales de derechos humanos logró que Durán Dalmau regresara a su hogar.

La revista en línea El Estornudo afirmó que el gobierno cubano ha bloqueado el acceso al sitio en la isla. En el editorial "Nota al censor: ¿Por qué no puede leerse El Estornudo en Cuba?", publicado el 26 de febrero relató que "el gobierno cubano ha decidido bloquear el acceso directo a la revista desde el territorio nacional".

Carla Gloria Colomé, editora y reportera del sitio dijo al Centro Knight que "varios contactos que tenemos en Cuba y demás nos han dicho que sí, que efectivamente está bloqueado el acceso a la revista", creada en marzo de 2016.

De acuerdo a Colomé esta es la primera vez en los dos años de vida de El Estornudo que el acceso al sitio ha sido bloqueado en la isla. "Pueden perseguirte en Cuba, no dejarte hacer tu trabajo periodístico, pero la única censura posible cuando tu medio está en el internet, es bloquear el sitio desde Cuba", dijo.

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) denunció que cuatro integrantes de la organización fueron impedidos de salir del país. Se trata de Julio César Álvarez, Amarilis Cortina, José Antonio Fornaris y Miriam Herrera, miembros de su directiva a quienes se les prohibió viajar a Trinidad Tobago el 24 de febrero.

Mientras se encontraban en el aeropuerto, un mayor del Ministerio del Interior que se presentó como funcionario de Inmigración y Extranjería, acompañado de una empleada de Aduana y otra persona, les manifestó que tenían restricción de salida del país, pero alegó desconocer los motivos de la disposición.

La APLP también denunció que varios integrantes de la organización fueron citados por la Policía Política a "entrevistas", donde fueron amenazados.

El 7 de febrero Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP) denunció el aumento de la represión contra directivos del organismo. Martha Liset Sánchez Solís, directora de Cocodrilo Callejero, medio comunitario de comunicación, fue citada a la unidad de la Policía Política en Colón, Matanzas, donde tres oficiales la amenazaron con encarcelarla por el supuesto delito de distribución de propaganda subversiva.

La periodista contó que "de forma arrogante me amenazaron con llevarme presa, bajo el supuesto delito de distribución de propaganda subversiva si continúo distribuyendo el periódico Cocodrilo Callejero". Sánchez Solís identificó a su interrogador como el Capitán Orlando Figueroa de la Policía Política.

Relató que durante los 40 minutos del interrogatorio también le preguntaron sobre las actividades de su esposo, Alberto Corzo Corzo, periodista y director administrativo y de monitoreo del ICLEP.

"Me preguntaron sobre las relaciones que estableció mi esposo mientras participó en el Primer Fórum de Periodismo Ciudadano que celebró el ICLEP en octubre pasado en Miami. Me dijeron que no hablarán más con él, que su tiempo se terminó que era un mercenario connotado. Me aseguraron que pondrán a mi esposo en la cárcel", comentó.

Cuando Sánchez Solís salía de la unidad de la Policía Política vio que apresaban a su esposo y al preguntarle al Capitán Figueroa la razón de la detención este respondió que lo llevaban a la unidad provincial de la Seguridad del Estado para investigarlo. El oficial también expresó que el ICLEP "crea estado de confusión en la población al publicar noticias falsas" y que "es un proyecto desestabilizador, financiado por la National Endowment for Democracy (NED) y es uno de los proyectos que más atenta contra la revolución cubana".

Normando Hernández, director general del ICLEP dijo por su parte que "la represión que sufren los directivos y periodistas del ICLEP está motivada por el alto impacto social que tiene nuestro proyecto 'Luz Cubana' en las comunidades donde trabajamos. Damos voz a quienes el régimen se la quita y obligamos desde nuestras páginas a los representantes del régimen cubano a dar solución a muchos de los problemas que sufre la población en la isla y que no se resuelven por desidia gubernamental".

Agregó que "los únicos que crean estado de confusión en la población es la junta militar que manda en Cuba, apoyada por su tenebrosa Policía Política y el monopolio estatal de los medios de comunicación de masas que con su maquinaria propagandística constantemente tergiversan la realidad cubana".

Asegura que los seis medios de comunicación comunitarios con los que cuenta el ICLEP en Cuba, solo publican noticias basadas en hechos y en los casi siete años de trabajo nunca se ha podido demostrar la publicación de una noticia falsa.

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