La SIP solicita a Jamaica salvaguardar a los medios en proyecto legal sobre datos personales

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Iniciativa sobre datos personales obligaría a los periodistas a revelar sus fuentes de información. La SIP propone reglamentar la confidencialidad de las fuentes.
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Propone, en cambio, enfocarse en reglamentar la confidencialidad de las fuentes

Miami (16 de marzo de 2018).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó preocupación por un proyecto de ley para la protección de datos personales en Jamaica que obligaría a los periodistas a revelar sus fuentes de información ante un nuevo organismo estatal bajo amenaza de encarcelamiento, lo que atenta contra garantías básicas del Periodismo para ejercer de contrapoder en una democracia.

"En lugar de eso -dijo el presidente de la SIP Gustavo Mohme- nos gustaría redoblar la apuesta y proponer a los congresistas jamaiquinos que legislen sobre la necesaria confidencialidad de las fuentes periodísticas." La SIP se sumó a la Asociación de Medios de Jamaica (Media Association Jamaica Limited, MAJ) y de otras organizaciones para pedir que se excluya a los medios de las obligaciones de revelar datos personales almacenados.

El proyecto de Ley de Protección de Datos que impulsa el Parlamento obliga a las personas y organizaciones, incluyendo a los medios de comunicación, considerados como "controladores de datos" - a someter ante una nueva oficina Comisionado de Información, una descripción de los datos personales en su posesión que haya recibido, almacenado o procesado sobre cualquier ciudadano.

Según la iniciativa, el Comisionado de Información tendría amplios poderes sobre las personas, organizaciones y medios para obtener información, pedir la identificación de las fuentes y exigir rectificaciones. Las sanciones por incumplimiento de la Ley propuesta son variadas e incluyen el encarcelamiento. Esto ha generado polémica y debate público en el país caribeño sobre la libertad de expresión y las garantías legales en apoyo a la libertad de prensa.

Mohme, director del diario La República de Perú, dijo que "en una democracia es vital cuando la libertad de prensa y los periodistas tienen las herramientas necesarias para ejercer su función, siendo el secreto de las fuentes no un privilegio sino una necesidad indispensable para proteger el interés social, algo que contempla la Constitución de Jamaica, pero que no ha sido reglamentado por ley alguna".

Agregó que "en momentos de auge del periodismo de investigación y tras la tendencia de creación de leyes anticorrupción que animan a personas a delatar irregularidades desde el interior de las entidades privadas y públicas, se hace necesaria que estas denuncias y sus fuentes estén protegidas por la confidencialidad del periodista".

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que "la confidencialidad de las fuentes es parte de la ética periodística y lamentablemente en muchos países, incluso en Jamaica, los gobiernos evaden legislar sobre el tema".

Rock, director del portal de noticias La Silla Rota de México, agregó que, en general, "toda entidad pública o privada debe estar obligada a preservar los datos personales de los ciudadanos que capten por cualquier circunstancia, además de que deben ser transparentes e informar públicamente sobre la política que adopten en esa materia". Sin embargo, consideró que "por esta razón, de ninguna manera, se debe revelar información considerada confidencial".

Asimismo, recordó que "la SIP tiene un largo historial en defender a los periodistas presos en Estados Unidos quienes han preferido desacatar a un juez e ir a la cárcel antes que a revelar sus fuentes de información".

Mohme y Rock agregaron que la confidencialidad permite la creación de un vínculo de confianza entre el periodista y su fuente y que en un contexto político-social donde se suele ocultar información, las fuentes anónimas son el último recurso para obtener información.

Pidieron a los legisladores considerar lo establecido en la Declaración de Chapultepec y en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a que los periodistas tienen el derecho y deber profesional de mantener confidenciales sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, y que no puede obligárseles a revelarlas.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH también añadió que "la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al Periodismo por la sociedad para informar sobre asuntos de interés público".

La SIP se mostró además sorprendida por el súper poder que acumularía la oficina del Comisionado de Información haciendo una analogía con la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) de Ecuador que, de ser el organismo oficial encargado de administrar la Ley de Comunicación, terminó siendo la herramienta gubernamental de censura.

El 27 de febrero la MAJ se presentó ante el Congreso y solicitó que la labor periodística esté exenta de las disposiciones de la ley y destacó las áreas del proyecto de ley que afectarían el trabajo de la prensa.

Entre otros puntos, el MAJ cuestionó la practicidad del requisito de que los medios registren los datos personales recopilados durante el trabajo periodístico antes de su publicación, y advirtió que el acceso público a información periodística confidencial, en casos de investigaciones delicadas sobre corrupción y otros delitos, pondría en riesgo a las fuentes, periodistas y medios de comunicación. El proyecto de ley podría ser discutido por la cámara baja del Parlamento en unos pocos meses.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

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